Comunas del sector oriente de la Región Metropolitana registran la mayor cantidad de delitos informáticos en el país
martes, 17 de julio de 2018
Nelson Espinoza Madrid
Nacional
El Mercurio
La clonación de tarjetas, el sabotaje y espionaje informático, entre otros, superan los 29 mil en la jurisdicción.
US$ 10 millones fueron robados al Banco de Chile en el ataque informático que lo afectó el 24 de mayo pasado. La propia entidad confirmó lo ocurrido y las alertas se encendieron en la opinión pública, pero también en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras se monitorea lo sucedido. Solo los delitos asociados al uso fraudulento de tarjetas de crédito, sabotaje y espionaje informático, en los últimos dos años y medio, alcanzaron los 131.958 en el país, según estadísticas entregadas por la Fiscalía Nacional. Prácticamente, el 60% de ellos se concentra en la Región Metropolitana (75.380), y las comunas del sector oriente de la capital son las que registran el mayor número de delitos de este tipo, empinándose por sobre los 29.600 entre 2016 y los primeros cinco meses de este año. Chile cuenta con una Ley de Delitos Informáticos, de 1993, cuando en el país aún no se masificaba el internet y, aunque se han presentado proyectos para su modernización, no han avanzado en el Congreso. Desde la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI afirman que "la legislación de nuestro país no incorpora ni sanciona ninguna de aquellas conductas que son generalmente conocidas como hackeo, web defacing , ransomware , ataque DOS o DDoS, por nombrar algunos ciberdelitos". La PDI advierte que ello responde a que no se encuentran sancionados de forma expresa, en la legislación o en alguna ley especial, lo que provoca que estos ilícitos deban ser encasillados en "sabotaje o espionaje informático". El senador Felipe Harboe, integrante de la comisión de Seguridad, plantea que "las estadísticas del World Economic Forum indican que el 25% del comercio ha sido víctima de algún tipo de ciberataque" y su percepción, dice, es que resulta, primero, "necesaria una cooperación público-privada para fijar normas actualizadas respecto de la prevención y la persecución de ataques a través de redes". Y, agrega, en segundo lugar, "mejorar los estándares en materia de protección de datos personales". Estos problemas de la actual legislación -cree el congresista- apuntan a que, en general, los gobiernos no les han dado la urgencia necesaria (a las modificaciones), porque no comprenden la necesidad de establecer mecanismos de mayor seguridad ante el cambio de escenario criminal, que es, finalmente, hacia las nuevas tecnologías. Por su parte, el diputado Álvaro Carter, de la comisión de Defensa Nacional de la Cámara, comenta que "los criminales han sabido encontrar la forma de poder irrumpir en las cuentas personales a través de e-mails , de hackear por medio de IP", mientras que "nosotros no hemos sabido hacer evolucionar la legislación junto con la evolución del delito, y en eso hay que poner el ojo ahora". "Muchos de los gobernantes no comprenden la necesidad de establecer mecanismos de mayor seguridad ante el cambio de escenario criminal".
FELIPE HARBOE
Senador PPD
