Entidades públicas y privadas apoyan creación de registro para transparentar dueños finales de firmas
martes, 17 de julio de 2018
Matías Berríos
Economía y Negocios
El Mercurio
ONG trabajan en un estudio sobre la competitividad del mercado público que tiene como objetivo ser un aporte para mejorar la transparencia en licitaciones.
Con el objetivo de crear un registro de dueños finales de empresas, enfocado en entidades que participen en compras públicas o que reciban subsidios estatales, Chile Transparente, Espacio Público y el Observatorio del Gasto Fiscal llevan algunos meses reuniéndose con distintos actores, tanto públicos como privados y de la sociedad civil, para debatir acerca de los alcances de la iniciativa. "La meta inicial se mueve dentro del marco del Plan de Gobierno Abierto que se debatirá en las próximas semanas. En este contexto, las tres organizaciones están pidiendo que el Gobierno de Chile se comprometa a estudiar durante dos años la forma de cómo crear el registro, cuál servicio público lo mantendría y cuáles serían las personas que tendrían los tipos y niveles de acceso", dice la directora ejecutiva del Observatorio del Gasto Fiscal, Jeannette von Wolfersdorff. Alberto Precht, de Chile Trasparente, agrega que "el establecimiento de registros públicos de dueños finales de empresas es una herramienta fundamental en la lucha contra el fenómeno de la corrupción, que no respeta fronteras y que se encuentra en el secreto". Para avanzar en la iniciativa y lograr los consensos necesarios para que se transforme en política pública, la red "Transparency Internacional" está apoyando encuentros, los que Chile Transparente y el Observatorio del Gasto Fiscal están ejecutando. La idea, dice Von Wolfersdorff, es escuchar la mayor cantidad de stakeholders posibles y recopilar opiniones. La primera cita estuvo integrada por servicios públicos como Hacienda, la Unidad de Análisis Financiero, Chile Compra, además de organizaciones focalizadas en la protección de datos y ONG como Espacio Público y Ciudadano Inteligente. Entre los acuerdos consensuados en esta instancia, según reza la minuta del encuentro, se definió un plan de trabajo con líneas de acciones concretas para avanzar en el tema; la incorporación de una contraparte técnica del gobierno, que tenga protagonismo en el tema y que acompañe incluso en las convocatorias y jornadas impulsadas desde la sociedad civil (ONG que organizan), y el establecimiento de un mapeo de actores críticos, dueños de datos claves relacionados con esta iniciativa, para su integración al proyecto. "Chile tiene que avanzar en tener un registro de beneficiarios finales público como se está haciendo en varios países europeos y de acuerdo a los estándares de la Unión Europea y la OCDE como un instrumento para luchar contra la corrupción", dice María Jaraquemada, de Espacio Público. Un segundo encuentro se produjo a fines de junio. Esta vez entraron al debate gremios de empresas que participan activamente como proveedores del Estado, como FEDIT, ASECH y ACTI. "Han mostrado su apoyo decidido a la creación de un registro transparente de dueños de empresas para el mercado público, en línea con la posición de los gremios que son miembros del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de Chile Compra", dice la directora ejecutiva del Observatorio Fiscal. Un trabajo que está próximo a ver la luz, preparado por Chile Transparente y el Observatorio, y apoyado por el Open Contracting Partnership, es un estudio sobre la competitividad del mercado público que tiene como objetivo ser un aporte concreto para mejorar con más urgencia la transparencia acerca de las empresas que participan en licitaciones. "La meta inicial se mueve dentro del marco del Plan de Gobierno Abierto que se debatirá en las próximas semanas".
JEANNETTE VON WOLFERSDORFF
Directora ejecutiva del Observatorio del Gasto Fiscal
