El legado del ex ministro Campos a Hernán Larraín
domingo, 15 de julio de 2018
María Octavia Rivas
Reportajes
El Mercurio
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, debe decidir si valida el polémico decreto firmado por Jaime Campos que Contraloría rechazó, y sigue adelante con la creación de un centenar de notarías, conservadores y archiveros judiciales en todo el país. Un decreto que Chile Vamos cuestionó y por el que, incluso, creó una comisión investigadora.
De: Corte de Apelaciones de Rancagua. A: Ministro de Justicia Jaime Campos. 27 de marzo de 2017: "No se estima necesario crear nuevas plazas". "El análisis precedente permite desvirtuar el planteamiento que el Colegio de Abogados de O'Higgins expone en su informe de diecisiete de marzo pasado, no estimándose necesario la creación de nuevos oficios de Notarios y Conservadores de Bienes Raíces, ni la separación de ambas funciones en aquellas localidades donde una sola persona subsume los dos cargos". De: Corte de Apelaciones de Rancagua. A: Ministro de Justicia, Jaime Campos. 11 de mayo de 2017. "Sin perjuicio de lo resuelto el 27 de marzo de los corrientes, resulta factible que se instauren nuevos desempeños notariales en la región, con el objeto de que la población acceda a ellos de manera más rápida y próxima". "Se acuerda: proponer al Ministerio de Justicia la creación de los siguientes oficios: un nuevo conservador de Bienes Raíces para Rancagua, una nueva notaría para Rancagua, una nueva notaría para Rengo, una nueva notaría para San Vicente de Tagua Tagua y un conservador de Bienes Raíces para Santa Cruz". Los dos textos fueron suscritos por el pleno de la Corte de Apelaciones de Rancagua y dan cuenta de una historia que tiene muchas versiones, sobre la real necesidad de crear 101 cargos de notarios, conservadores y archiveros en todo el país. Se trata de los oficios intercambiados entre el entonces ministro de Justicia, Jaime Campos, y los plenos de diversas cortes que muestran varios cambios de opinión y criterio al respecto. Sesiones donde los ministros, con días de diferencia, pasaban de requerir una o ninguna notaría, a necesitar cinco, seis o más de 10 nuevos cupos. A través de la Ley de Transparencia, "El Mercurio" constató que hubo más de 70 oficios entre la cartera de Justicia y las cortes del país. Además, tuvo acceso a los oficios entre el ex ministro y los plenos de San Miguel, Temuco, Talca, Valparaíso, Concepción, Rancagua y Puerto Montt, antecedentes que vuelven a estar sobre el tapete a días de que el Gobierno anuncie un nuevo proyecto para reformar el sistema registral en Chile. Un anuncio que, según fuentes de la cartera que hoy dirige Hernán Larraín, debe estar acompañado de la definición pendiente en un tema calificado como "altamente sensible" en los pasillos del ministerio. "¿Qué hacer con el decreto 1515 que dejó firmado el entonces ministro?", es la pregunta que se hacen expertos. El mismo que fue rechazado dos veces por Contraloría. "¿Se debe insistir y validar los nuevos cargos?", acotan otros. En su momento, hubo fuerte críticas de parlamentarios de RN y la UDI, que calificaron el decreto de "sospechoso" e "ilegal", y que aprobaron una comisión investigadora para indagar su origen en 6 de septiembre de 2017. "Resulta al menos sospechoso que a pocos meses de terminar el Gobierno se hayan creado más de 100 nuevas notarías", dijo el diputado Juan Antonio Coloma (UDI). Pero el 5 de junio, la sala de la Cámara de Diputados zanjó el tema y aprobó por 140 votos a favor, 2 abstenciones y 0 voto en contra, el informe final de esta instancia que concluyó que no es posible imputarle al ministro falta de fundamentación para crear el decreto 1515. Así, el Congreso, donde según el propio Campos residen las "fuerzas del mal" que han impedido cualquier reforma al sistema, lo exculpó por unanimidad y, de paso, despejó el camino para Larraín. "Desde el principio nos vimos preocupados por el intercambio de oficios entre el entonces ministro y las cortes de apelaciones, donde el primero insistió en reiteradas ocasiones en crear nuevos cargos, cambiando luego, incluso, las respuestas por parte de algunas de las cortes". Las palabras son de Sergio Gahona, diputado UDI que el año pasado pidió a Contraloría no tomar razón del decreto, y fue uno de los principales impulsores de la comisión investigadora. "Esos oficios dan cuenta de intentos de presiones indebidas del ministro hacia las cortes", señala Gahona, a la vez que admite que la comisión determinó que el ministro actuó en uso de sus facultades. Consultado por la opción de que el Gobierno reactive el decreto, explica: "Yo quería que quedara nulo... me costó convencerme, conversé mucho con el ministro, me explicaron que iban a perder un año y que más allá de lo irregular del oficio, se necesitan más notarías. Pero tengo confianza en que este ministro nombrará a los mejores candidatos". El no de Rancagua Volviendo al caso de Rancagua, después de que el pleno accediera a crear nuevos cargos, el ex ministro volvió a oficiar a esa corte el 2 de junio, solicitando que "nos informe favorablemente" la creación de un cargo de notario en Doñihue. Seis días después, el pleno accedió. Pero no fue todo. El 25 de julio, después de recibir un tercer oficio desde Justicia, acordó que "una mejor revisión de los antecedentes aconsejan una nueva propuesta al respecto" y la creación, además, de un conservador en Graneros. La resolución contó con dos prevenciones y un voto de minoría que apuntaron a solicitar al Ministerio informes que "justifiquen" la división del territorio jurisdiccional del conservador de Rancagua en tres plazas. Confusión en Concepción Fueron oficios fechados el 12 de enero de 2017 los que el ministro Campos remitió a los tribunales de alzada de todo el país preguntando por las "necesidades de creación" de nuevos oficios de notarios y conservadores. La razón esgrimida fueron "las diversas solicitudes remitidas por parlamentarios, alcaldes, concejales, asociaciones gremiales y particulares, para la creación de nuevos oficios de notarios, conservadores y archiveros y separación de oficios mixtos". Para esto se sugirió un parámetro a los magistrados, como considerar el número de habitantes de las jurisdicciones y su proyección, como también los datos relativos a trámites que esa población requiera. En el caso de la corte de Concepción, la primera respuesta llegó el 17 de marzo de ese año, cuando el pleno señaló que se necesitaban 13 cargos de notarios, 1 mixto de notario y conservador, 4 archiveros judiciales, 2 mixtos de conservador y archivero, y un conservador de bienes raíces. Todo esto en las jurisdicciones de Concepción, Talcahuano, Hualpén, Tomé, San Pedro de la Paz, Penco y Lota, entre otras. Tras recibir esta primera respuesta favorable, el de 2 de junio Campos envió un segundo oficio a la corte penquista indicando que "nos informe favorablemente" en relación a separar los cargos de notario y conservador de Penco, Lota y Cañete, generando nuevos cargos para cada comuna. Sin embargo, antes de responder por segunda vez, los magistrados solicitaron a la asociación de notarios y al Colegio de Abogados local estudios sobre la necesidad de nuevos cargos. El gremio citó estadísticas de trámites y proyección de población para informar negativamente, calificando incluso como "desastre" su implementación. Un mes después, el 27 de julio del 2017, radio Bío-Bío informó del decreto que preparaba Justicia. Según conocedores del caso, el tema sorprendió a los ministros de Concepción que reaccionaron rápido. En la sesión de pleno del 31 de julio, se recibió al capítulo penquista de la Asociación de Notarios de Chile, tras lo cual los magistrados tomaron una drástica decisión: dejar sin efecto el acuerdo en que aprobaba la creación de más de 20 cargos realizado en marzo. "Los representantes de ambas entidades gremiales (notarios y abogados) manifestaron su opinión contraria a la creación de cargos y separación de oficios propuesta en el mencionado oficio (de Justicia), por estimar que carece de los requisitos de transparencia, racionalidad, eficiencia y objetividad en la evaluación (...) requiriéndose estudios técnicos que aborden múltiples factores que deben considerarse para adoptar tales medidas", indica la resolución. El pleno acordó que era únicamente necesaria la creación de dos cargos de notarios en Concepción, un conservador en Hualpén y cuatro archiveros judiciales para Santa Juana, Mulchén, Santa Bárbara y Yumbel. Además de la separación de dos cargos mixtos en Cabrero y Nacimiento. Nada más. "Se estima, conforme a los antecedentes que obran actualmente en poder de esta Corte de Apelaciones, que no existen razones de buen servicio que justifiquen la creación o separación de cargos distintos a los indicados (en esta resolución)". Solo se agrega una línea: "Se deja sin efecto" el acuerdo consignado en el acta del 17 de marzo. Pero la corte llegó tarde. Ese mismo día, el ministro Campos firmaba el decreto 1515 que incluía la veintena de cargos aprobados en marzo para la región. El acuerdo de la corte se oficializaría al día siguiente, el 1 de agosto, con el decreto ya firmado. Para Larraín, el caso de Concepción es uno de los temas más complejos. ¿Qué opinión de la corte vale? ¿La de marzo o la de julio? Puede mantener el 1515 en contra de la opinión expresa de todo el pleno. El presidente de ese tribunal, el juez César Panés, dice que Larraín está buscando una salida. "Nos indicaron que están buscando la solución, de alguna forma, por vía administrativa, por la vía legislativa, pero de alguna manera buscar cómo salir de este entrabamiento. Hay varios que están paralizados". Visita a Puerto Montt Lo ocurrido en Valparaíso y Puerto Montt son otros casos que llaman la atención. En el primero se pasa de pedir un solo cargo a solicitar 10 y en el segundo, de dos a ocho. De acuerdo al pleno del 17 de enero de 2017, la corte de Puerto Montt informó favorablemente la opción de separar la notaría del conservador de Ancud y crear una nueva notaría en Puerto Varas; sin embargo, el 20 de junio aprobó ocho cargos. La explicación podría estar en el acuerdo de ese día: "De acuerdo a lo señalado en la reunión sostenida el día jueves 15 de junio del año en curso con us. y el pleno de esta corte en lo relativo a la creación de nuevos cargos de notarios y conservadores, se le comunica los siguientes requerimientos". Esta línea, que evidencia el viaje de Campos a esa corte, es mirada con recelo en el ambiente judicial. El asunto tampoco es ajeno a la Suprema, que el año pasado reclamó no haber sido consultada. Un miembro de ese tribunal asegura que las gestiones de Campos son miradas con recelo. Desde el entorno de Campos se informa que el decreto estaba plenamente justificado y que ante las dudas sobre los informes de las cortes, son ellas las que deben responder. Hoy el asunto depende de La Moneda, pues la única manera de validar el decreto es con la firma del Presidente.
