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Diligencias comenzaron al menos desde el 14 de junio, luego de instrucción de la Fiscalía:

PDI concurre a centros de estudios y consultores para pedir informes por asesorías a parlamentarios

domingo, 15 de julio de 2018

Andrés López
Reportajes
El Mercurio

El Ministerio Público también ha solicitado antecedentes contables que justifiquen el pago de los trabajos realizados por personas naturales y busca determinar si ha existido triangulación de fondos a partidos o parlamentarios. A los centros de estudios se les ha requerido información del período 2011-2017; mientras, el Senado acordó que hará públicos los trabajos a partir de este año.



A fines de junio, por instrucciones del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI llegaron hasta las oficinas del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), vinculado a la DC. En la diligencia solicitaron copias de los informes que realizaron para parlamentarios entre 2011 y 2017 y se retiraron. Por esos mismos días, efectivos de la misma unidad se trasladaron hasta la sede del Centro Democracia y Comunidad (CDC), también con nexos con ese partido, donde solicitaron los documentos contables referentes a los pagos que les realizaron a asesores en la Cámara de Diputados en los últimos años.

"Accedimos inmediatamente a dicha solicitud y hemos recopilado la información pertinente, la que será entregada en los próximos días. Junto a lo anterior expresamos nuestra disposición para continuar colaborando si así se nos requiriese en el marco de nuestras competencias. Es necesario destacar que esta solicitud responde a asesorías realizadas en materias en las que nuestro centro ha sido requerido, dados sus años de trayectoria y su posicionamiento como una institución destacada en la producción de material para el análisis y elaboración de políticas públicas", informó el CED a "El Mercurio".

Las diligencias que lleva adelante la Bridef se han ampliado en las últimas dos semanas a otros centros de estudios -del oficialismo y la oposición- y apuntan a develar el contenido y los pagos que se efectuaron por las asesorías que prestaron a partir de 2011 al Senado y la Cámara de Diputados. La misma solicitud se realizó a los más de 100 asesores externos -compuestos por sociedades y personas naturales- que han realizado trabajos en estos años para ambas corporaciones.

Se trata de la piedra angular que cimentará el futuro de la indagatoria llevada adelante por la Fiscalía Oriente. El caso, que está a cargo del fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda, comenzó en septiembre de 2017, cuando se revelaron asesorías realizadas por Omar Beltrán al senador Alejandro Guillier -entonces candidato presidencial-, que incluían informes con párrafos similares a los que se encuentran en la página web del Congreso.

Otras diligencias

En octubre del año pasado, tras recibir un oficio del Ministerio Público en que solicitaba informes, contratos y reportes que respaldaran las asesorías de todos los legisladores, la Cámara Alta hizo llegar una respuesta a la Fiscalía: señalaron que la petición era desproporcionada, excedía las facultades de quien ejerce la persecución penal, abría sospechas sobre su trabajo y perjudicaba su imagen pública, por lo que, indicaron, estarían disponibles para que se accediera a la información pública en la forma prescrita en la Constitución.

El Ministerio Público, entonces, decidió realizar el camino inverso, que se ha concretado en los últimos 30 días: pedirles a los asesores, sociedades y centros de estudios la entrega de los documentos.

En el caso de la Cámara Baja, que remitió los informes cuando se los solicitaron, se ha centrado en pedir a los centros de estudios antecedentes contables sobre los pagos. Esta corporación hizo llegar el año pasado la información a la Fiscalía Oriente, decisión que se tomó tras pedir un informe en derecho y el emplazamiento que el entonces presidente de la Cámara, Fidel Espinoza (PS), hizo en septiembre de 2017 a Andrés Zaldívar, para que entregara las asesorías al Ministerio Público. "Cuando se trata de informes que tienen carácter público, tenemos la obligatoriedad de hacer entrega, en este caso al Ministerio Público, de acuerdo a la propia ley que se construyó en la Cámara de Diputados y en el Senado", afirmó Espinoza entonces.

La misma diligencia para solicitar información se hizo en la Fundación Jaime Guzmán hace algunos días.

"Un comisario de la PDI llegó hasta la oficina y nos solicitó en calidad de testigos que colaboráramos con esta investigación, y nos solicitaron que pudiéramos aportar informes que, en su labor de asesor legislativo, la fundación ha realizado para la bancada de la UDI, tanto en el Senado como para la Cámara. Así como los comprobantes de los pagos que se cursaron desde ambas cámaras hacia la fundación", señala su presidente, Jorge Jaraquemada.

Otro de los centros a los que se solicitó información fue el Instituto Igualdad, que asesora a parlamentarios de RN: la PDI pidió datos contables y los informes en formato digital desde el año 2011, lo que está siendo recopilado por esta entidad.

"Fue una diligencia breve, informativa, se nos solicitó información. Todos los antecedentes que ellos requieran están disponibles, porque es pública. Incluso, la mayoría de ellos ya están en la página del Congreso", asegura el director ejecutivo del Instituto Libertad, Aldo Cassinelli.

Estrategia

Luego de la respuesta del Senado de 2017, el Ministerio Público evaluó dos caminos: recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago, basado en el artículo 19 del Código Procesal Penal para ordenar la entrega de los antecedentes o tomar un camino que es considerado más largo, como es el que están realizando.

La primera vía, afirman fuentes judiciales, era de alto riesgo. De acuerdo a esa norma del cuerpo legal, "todas las autoridades y órganos del Estado deberán realizar las diligencias y proporcionar, sin demora, la información que les requirieren el Ministerio Público y los tribunales con competencia penal". Así, el fiscal podía pedir que los magistrados resolvieran la controversia en caso de que se negara la entrega de los antecedentes. Fuentes del Ministerio Público indicaron que la posibilidad de perder en esta instancia pondría en peligro todo el caso y podría generar un precedente para otros procesos.

Entre los organismos que entregarán ahora de manera voluntaria los contratos, información contable y las asesorías a la policía están el CED, el CDC, el Instituto Libertad, la Fundación Jaime Guzmán, el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschultz (cercano al PC) y el Centro de Estudios Legislativos Administrativos, Políticos y Económicos (Celap), que ha asesorado a parlamentarios PPD y socialistas. Otra de las entidades que aparecen realizando trabajos a senadores es el Centro de Estudios y Gestión Ambiental para el Desarrollo (Cegades) y la Corporación de Estudios para Latinoamérica (Cieplan). Este último centro de estudios indicó a través de un comunicado que "en el marco de la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público, el 14 de junio se solicitaron los informes sobre asesorías legislativas. La recopilación de dichos antecedentes se está llevando a cabo y una vez finalizada se entregará toda la información requerida. Estos informes consisten en los trabajos de asesorías legislativas que Cieplan llevó a cabo entre los años 2011 y 2014. Desde esa fecha hasta hoy, la Corporación no ha realizado nuevamente asesorías de esta naturaleza".

Otro de los asesores que está en el listado que envió la Cámara Alta a la Fiscalía es el actual subsecretario de Minería, Pablo Terrazas Lagos, quien recibió pagos por asesorar al senador UDI Iván Moreira. La PDI podría interrogarlo en calidad de testigo y pedirle el respaldo de las asesorías realizadas, señalan conocedores del caso.

Triangulación, secreto bancario y partidos políticos

Altas fuentes del Ministerio Público señalaron a "El Mercurio" que las diligencias de la PDI se transformarán en un peritaje que determinará la existencia o no de los informes. Aquello es necesario para configurar un posible delito de fraude al fisco.

El foco de la Fiscalía no está centrado en si la asesoría vale lo pagado o si fue compuesta por partes copiadas de otros documentos. Esto se debe a que existen fallos, como ocurrió en 2008 con la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), en que los acusados fueron absueltos, porque los informes se elaboraron y los jueces estimaron que no correspondía hacer una valoración del contenido de estos.

Esta vez, la indagación pondrá el énfasis en la existencia del documento por el que se pagó, lo que complicaría eventuales asesorías verbales.

En el momento en que llegue el análisis de la Bridef de la PDI, dicen en la Fiscalía, comenzará una segunda etapa: determinar los casos en que no se encuentren evidencias de los trabajos realizados y si los fondos con que fueron pagados podrían relacionarse con triangulaciones de dinero a parlamentarios o partidos políticos.

En esos casos se solicitará levantar el secreto bancario de los centros de estudios y personas naturales, con el objetivo de determinar el flujo de los montos entregados.

Tampoco se descarta que en caso de que se detecten irregularidades se pida el acceso a las cuentas de los partidos políticos.

El recién asumido presidente de la Cámara Alta, Carlos Montes (PS), se mostró a favor de hacer públicos los informes a partir de 2015. La Corporación, finalmente, decidió que esos documentos con las asesorías externas se harían públicos a partir de este año.

Hasta ahora ha trascendido que desde 2012 hasta 2017 el Senado pagó más de $ 6.000 millones en asesorías.

Centros de estudios marcan posición

En el Ministerio Público se han puesto en la hipótesis de que no se les entreguen todos los antecedentes requeridos, ante lo cual -se explica- pedirán una autorización al tribunal para allanar las instituciones. Hasta ahora, la PDI no ha puesto plazos, dejando en manos de los centros de estudios la distribución de los tiempos, pero se espera contar con todos los antecedentes ya periciados por las policías durante el último trimestre de este año.

Desde los centros de estudios contactados, sin embargo, señalaron que no tienen problemas en entregar toda la información.

"Por lo general, todos los casos que han salido resultaron ser de instituciones o de personas que son distintas a la gran mayoría de los centros de estudios, en términos de contenidos, calidad y utilidad de los informes para quien están destinados. Para nosotros no es un problema, al contrario, es algo que nos favorece, porque va despejando las dudas que se han creado en el ambiente respecto de la labor de las asesorías legislativas", expresa Cassinelli, del Instituto Libertad.

En esa misma línea, el director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán asegura que es necesario que se indague el tema de las asesorías, dado que quedará en evidencia quienes realizan un trabajo serio y quienes no. "Yo me alegro de que nos hayan solicitado la entrega de estos antecedentes, porque creo que es una buena forma de distinguir a las personas que hacen un asesoramiento riguroso y sistemático en la Cámara y en el Senado, de aquellos que a lo mejor han dado lugar a este tipo de investigaciones, a propósito de haberse detectado irregularidades. Hoy nosotros tenemos un equipo de 10 investigadores -algunos abogados y cientistas políticos- que están permanentemente de martes a jueves en Valparaíso, que ingresan a las comisiones legislativas acompañando tanto a los diputados como a los senadores de la UDI", afirma.

Y continúa: "Estamos en pleno proceso de recopilación de la información que nos solicitaron, en calidad de testigo. Esto fue una colaboración y no un apercibimiento. Nos preguntaron cuándo estaríamos en condiciones de entregar los antecedentes, y nosotros les pedimos un par de semanas, porque eran muchos. Una vez recopilados nos dimos cuenta de que eran muchos más de lo que habíamos pensado, y para el acertado entendimiento quisimos sistematizarla".

Finalmente, comenta que "somos asesores de la Cámara y el Senado desde hace aproximadamente dos décadas, y en estos cuatro años que nos pidieron (2012-2016) hay una enorme cantidad de informes que se han evacuado, a propósito de dar cumplimiento riguroso a los contratos que hemos tenido con estas dos corporaciones. Así que la idea es entregarles la información lo antes posible y que sea de manera ordenada para que la PDI pueda hacer los análisis pertinentes".

En tanto, el CED sostuvo que es una institución que "durante casi 40 años de vida ha colaborado en la creación de espacios de encuentro entre distintos actores de la sociedad y generado información con el propósito de impulsar un proceso de desarrollo sustentable. En ese marco, el CED asesora a gestores de políticas públicas, incluyendo el nivel legislativo y ejecutivo, para aportar en sus decisiones sobre aquellos temas de relevancia para la sociedad".

"Me alegro de que nos hayan solicitado la entrega de estos antecedentes, porque es una buena forma de distinguir a las personas que hacen un asesoramiento riguroso y sistemático en la Cámara y en el Senado". JORGE JARAQUEMADA Director Fundación Jaime Guzmán

"Accedimos inmediatamente a la solicitud, y hemos recopilado la información pertinente, la que será entregada en los próximos días. Junto a lo anterior, expresamos nuestra disposición para continuar colaborando si así se nos requiriese". COMUNICADO DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO.

"Todos los casos que han salido resultaron ser de instituciones o de personas que son distintas a la gran mayoría de los centros de estudios, en términos de contenido y calidad y utilidad de los informes para quien están destinados". ALDO CASSINELLI Director Instituto Libertad.

"En el marco de la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público, el 14 de junio se solicitaron los informes sobre asesorías legislativas. La recopilación de dichos antecedentes se está llevando a cabo". COMUNICADO CIEPLAN

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