"Esperaba que la Cancillería chilena me acompañara en instancias internacionales, pero no lo hizo"
domingo, 15 de julio de 2018
Reportajes
El Mercurio
El 24 de mayo del año pasado, el gobierno venezolano permutaba la pena de cárcel para el abogado y periodista chileno-venezolano Braulio Jatar por arresto domiciliario. Era, según consideraban la familia, amigos y cercanos del afectado, un paso concreto hacia su liberación definitiva. Una medida que, reconocen, tuvo mucho que ver con la presión del gobierno de Michelle Bachelet y el ex canciller Heraldo Muñoz. Sin embargo, más de un año después, la situación de Jatar es la misma, pues continúa en arresto domiciliario en su casa en Isla Margarita, a la espera de que se declare su inocencia. Y hay quienes, en Chile y Venezuela, creen que su proceso está paralizado, en Caracas y La Moneda. Es por eso que en la última semana su familia ha vuelto a elevar la voz, a través de redes sociales y contactos políticos, con el objetivo de lograr la ayuda del gobierno de Sebastián Piñera. Tanto es así, que el propio Braulio Jatar, quien al contrario de otros "presos políticos" había optado por no referirse personalmente a su caso, esta vez lo hace por primera vez, a través de un cuestionario que le respondió a "El Mercurio". "Si bien no conozco de ninguna diligencia que esté haciendo el gobierno del Presidente Piñera, espero que la estén considerando, pues la injusticia de mi caso tiene el respaldo de todas las instituciones internacionales defensoras de los Derechos Humanos. La pasada administración nos defendió políticamente en Venezuela, pero no nos acompañó en las instancias internacionales", cuenta. Ese último punto es el que él y su familia piden hoy al gobierno chileno: más presencia en los foros internacionales. "Yo soy chileno, preso político reconocido a nivel mundial. La ONU en junio del 2017 ordenó mi libertad plena y el pago de indemnización por mi detención arbitraria. Iguales pronunciamientos han hecho la OEA, la CIDH y algunas ONG como HRW Foro Penal, Espacio Público, Instituto de Sociedad y Prensa (IPSYS), el Sindicato de la Prensa en Venezuela y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Yo esperaba que la Cancillería chilena me acompañara en estas instancias internacionales, pero no lo hizo, solo mi familia estuvo presente. Yo no soy un militante de partido político, solo tengo a mi familia y a Chile, como defensores ante esta injusticia. Por eso espero que ahora el nuevo gobierno del Presidente Piñera lo haga, estamos confiados en que así será. Es un acto de justicia". Él agrega que cree que "la Presidenta Bachelet le daba las instrucciones a su canciller para que asumiera la defensa que hizo de mi caso. A ambos les estoy agradecido". A la hora de buscar responsabilidades del escaso avance, Jatar apunta al ex embajador de Chile en Venezuela, Pedro Felipe Ramírez, a quien califica de "doble agente". "Lo vi unas cinco veces en año y medio privado de libertad. Nunca me mereció confianza, nunca sentí que estaba para ayudarme en mi cautiverio, sino para enviar un reporte (a quien fuese) de que no me estaba muriendo todavía", explica. Él relata que la primera vez que vio al embajador, el 28 de diciembre de 2016, fue en el centro de detención donde estaba recluido. Recuerda que esa vez le llamó la atención el regalo que le llevaba el ex ministro de Salvador Allende: un libro, editado por el Ministerio de Cultura de Venezuela, sobre escritores de la izquierda latinoamericana. "¿Usted va a tomar responsabilidad de lo que ha hecho?", dice el escritor que le preguntó Ramírez. "¿Qué fue lo que hice, decir la verdad?", respondió Jatar. Ante esto, Ramírez se levantó y se fue. Integrantes del equipo de defensa de Jatar relatan a "El Mercurio" que, tras la acusación del gobierno bolivariano -de legitimación de capitales luego de que supuestamente se encontrara una gran cantidad de dinero en su automóvil -, se contrató a un investigador privado que constató en video que los testigos de la policía habrían sido falsos. Este dato se le entregó a la, en ese entonces, fiscal del caso, Luisa Ortega -hoy autoexiliada y opositora a Maduro- quien, acusan, no lo habría agregado al expediente. Sobre ella, que visitó Chile en enero y se reunió con Sebastián Piñera, la defensa expresa que "Chile tiene que confrontarla con el hecho de que permitió un delito dentro del proceso en contra de nuestro defendido. Ella es cómplice o encubridora del crimen". Jatar cuenta también que su hija, Claudia Cristina, está hace diez meses viviendo en Chile. "Nadie del gobierno chileno la ayudó. En cambio, los magistrados venezolanos recibieron ayudas varias. Me alegro por ellos. Pero mi hija no tuvo la misma suerte. Espero que se produzca un cambio. Mi familia tiene derecho a ser atendida. Nosotros somos perseguidos chilenos". De todas formas cuenta que mantiene la "esperanza" de que La Moneda tenga éxito en sus gestiones para cumplir su sueño, que es "dedicarme a la escritura en Chile, el país que me vio nacer". Desde cancillería explican que "Chile ha hecho todos los esfuerzos necesarios en torno a su situación. Ha estado siempre atento y en permanente seguimiento al caso. Hoy, el ministerio sigue insistiendo para que se le levanten los cargos":
