domingo, 15 de junio de 2008
Alejandro Sáez Rojas
Economía y Negocios Domingo
En el caso del AUGE, los casos fiscalizados son 573 por cada millón de beneficiarios en las isapres, contra 254 en Fonasa, a pesar de que en el sector público es donde más se incumplen las garantías de atención oportuna a los pacientes.
La fiscalización de la salud de los chilenos adolece de una enfermedad. Según un estudio de Libertad y Desarrollo, la Superintendencia de Salud supervisa con mayor intensidad a los seguros privados, las isapres, que a Fonasa.
El fenómeno se produce en todas las áreas bajo la tutela de la Superintendencia, pero es especialmente sensible en el caso del Auge, donde el sector público muestra un mayor nivel de incumplimientos que los privados.
Del total de fiscalizaciones (que pueden involucrar a más de una persona o caso individual), el año pasado se realizaron 36 por cada millón de beneficiarios en Fonasa, mientras que en las isapres las fiscalizaciones alcanzaron 214 por cada millón de beneficiarios. En porcentajes -también ponderados por el número de beneficiarios- significa que en el sistema privado se realizaron el 85,5% de las fiscalizaciones contra el 14,5% en Fonasa.
La fuerza fiscalizadora debería ser mayor, ya que es en el sector público donde más se incumple las garantías que le otorgan a los pacientes el AUGE, se desprende del informe elaborado por el director del Programa Social de Libertad y Desarrollo (LyD), Rodrigo Castro.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, cita el estudio de LyD, entre marzo y diciembre de 2007 el número de pacientes esperando por una intervención se habría duplicado y el número de pacientes esperando por una consulta de especialidad habría aumentado en 45%. Esto ha ocurrido pese a que el AUGE establece garantías de atención oportuna.
Para el caso del AUGE, Castro calcula que la tasa de fiscalización se mantiene en un rango similar en 2007 a las totales del sistema: 14,48% en el seguro público y 85,5% en el caso de los particulares.
Los descargos de la Super
Pero la autoridad regulatoria se defiende. El Superintendente de Salud, Manuel Inostroza, muestra una gráfica en que revela el número total de casos individuales AUGE que han sido fiscalizados en isapres y Fonasa. Para las primeras, la cantidad asciende a 1.538, mientras que para Fonasa el número se eleva a 2.915. Explica, además, que según las cifras del Ministerio de Salud para 2007 el nivel de incumplimiento del sistema público en el caso del AUGE alcanza al 7,4% para el total de casos.
Los antecedentes del regulador son números absolutos y la distancia se mantiene si se corrige por el número de beneficiarios de cada sistema.
Si se ponderan por el número de usuarios, las cifras validan la tesis de que la intensidad de fiscalización, por lo menos hasta 2007, es más fuerte para las isapres que para Fonasa incluso en el AUGE. En el caso de los seguros privados, las fiscalizaciones relacionadas con la garantía de salud -en número de personas- alcanzan a a las 573 por cada millón de beneficiarios. Más del doble que en Fonasa, donde llegan a 254 por cada millón de beneficiarios.
Para el caso del AUGE, el Superintendente de Salud dice que existen las mismas facultades de fiscalización entre Isapre y Fonasa, con el objetivo de garantizar los derechos que derivaron de esta reforma. ¿Por qué entonces no se intensifica la fiscalización en Fonasa? Inostroza comenta que hay una curva de aprendizaje, tanto de la autoridad fiscalizadora como del Fonasa. Por eso es que año tras año se ha incrementado el porcentaje de fiscalización de Fonasa versus las isapres y eso es lo que esperan que continúe en 2008.
Para esa fecha, de acuerdo con datos de la Superintendencia, el 51,6% de las fiscalizaciones -ponderado por beneficiarios totales de los sistemas- se realizarían en el sistema público y el 48,4% en Fonasa. "Pero esa es una proyección y hasta el momento el estado de las artes es que la Superintendencia de Salud está más inclinada a Fonasa", dice Castro.
Aunque otros expertos también creen que con el tiempo se balanceará la torta entre privados y Fonasa. El director de Políticas Públicas del Instituto Salud y Futuro, de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez - quien fue superintendente de isapres a comienzos de los 90- recuerda que en su momento también hubo un proceso importante de aprendizaje tanto de los fiscalizadores como de las instituciones fiscalizadas. "En una desaparecida isapre había que enviar al fiscal porque no dejaban entrar a los fiscalizadores", recuerda. Por eso cree que es una cuestión de tiempo que la Superintendencia de Salud se ponga al día con la fiscalización de Fonasa.
