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Marcelo Drago, presidente del organismo

Consejo para la Transparencia anticipa que personas tendrán control sobre datos personales: "El acoso telefónico debiera terminar"

domingo, 08 de julio de 2018

Ricardo Etchegaray
Nacional
El Mercurio

La iniciativa presentada considera además multas a grandes empresas que entreguen datos de personas sin su consentimiento con el 4% de su facturación anual.



Llamados ofreciendo créditos preaprobados, ofertas irresistible por planes de compañías telefónicas y voces que solicitan unos minutos para completar una encuesta se han transformado en hechos recurrentes para millones de chilenos. No importa la hora, tampoco si es fin de semana. La pregunta de muchos es cómo consiguen sus datos.

Una nueva indicación presentada el pasado martes por el Gobierno y que busca crear la Agencia de Protección de Datos Personales podría poner fin a esta práctica.

"Cada uno va a poder tener control de sus propios datos y el acoso telefónico debiera terminar. Yo debiera poder señalar que se cancelen esos datos que tiene esa empresa para llamarme y si no los hace, la autoridad de protección de datos, en este caso, el Consejo para la Transparencia (CPLT), va a tener la atribución para exigir que se cancelen los datos tal como lo está pidiendo el titular", señaló el presidente de dicho organismo, Marcelo Drago.

La normativa reformará al CPLT, que pasará a llamarse Consejo para la Transparencia y la Protección de Datos Personales.

"Las entidades que traten esos datos personales van a tener que hacerse responsables de ese tratamiento, tratarlos solo para los fines que se les autorice y cuyo consentimiento podrá revocarse", agregó Drago.

El pasado 15 de mayo, y luego de cuatro años de tramitación, el Congreso aprobó la reforma que consagró el derecho a la protección de datos a rango constitucional. A pesar de esto, no existía ninguna organización que de forma sencilla pudiera defender a quienes se ven vulnerados por el mal uso que empresas y servicios públicos pueden hacer de la información personal de los ciudadanos.

"La única alternativa que tenemos es recurrir ante los tribunales, cuestión que es muy difícil de hacer por cada uno de los chilenos. Una Agencia de Protección de Datos y el CPLT a cargo de esto van a tener los dientes y las herramientas para detener esa situación y para adecuar a Chile como corresponde en el uso de los datos respetando los derechos de las personas".

La idea del futuro Consejo para la Transparencia y la Protección de Datos Personales es que las personas puedan solicitar de forma fácil, principalmente de manera electrónica, el fin de la utilización de sus datos.

Sanciones en facturación

De acuerdo al presidente del CPLT, "la indicación presentada por el Ejecutivo considera multas a empresas que entreguen datos de personas sin su consentimiento que irían desde una amonestación hasta las 5 mil UTM", es decir, aproximadamente 233 millones de pesos. Adicionalmente, se estableció una sanción equivalente al 4% de su facturación anual.

En la actualidad se ha normalizado la entrega del RUT: se da en supermercados y farmacias para aplicar descuentos, para comprar a través de internet, pagar cuentas e incluso se digita cuando se saca número para ser atendidos.

Para Marcelo Drago, existe una "voracidad" para acumular datos, ante lo cual no existe pleno cuidado de parte de la ciudadanía. Por lo mismo, dentro de las primeras tareas que tendría el nuevo Consejo para la Transparencia y la Protección de Datos Personales está el lanzar una intensa campaña a nivel nacional llamando a la concientización por el tema.

"Somos capaces de cambiar nuestras costumbres cuando tenemos buenas razones y en ese sentido estoy seguro de que en tres o cuatro años podemos pasar de una cultura de la desprotección de los datos a una cultura de control de los datos personales, y esa va a ser la primera tarea", señaló el presidente del CPLT.

En opinión de Alejandro Barros, secretario ejecutivo de Data Catalyst, una ONG canadiense que en abril inició su operación en Chile, la cultura de protección de datos sensibles permite la construcción de una mejor sociedad, pero a su vez el trabajo con estos puede en definitiva terminar siendo beneficioso para las personas y empresas.

"Nuestros legisladores deben buscar un adecuado equilibrio entre proteger la información sensible de las personas y poder procesar con datos, que hoy por hoy son el denominado petróleo del siglo XXI y permiten generar valor público y privado", señaló Barros.

En opinión del presidente del organismo, hasta antes del envío de la norma que promueve el Gobierno, casos como el de la empresa Cambridge Analytica podrían haber terminado sin ninguna sanción en Chile. Hace algunos meses se conoció que la empresa inglesa, con datos supuestamente adquiridos de manera ilícita a través de Facebook, habría ayudado a candidatos en sus estrategias electorales en todo el mundo, incluyendo la campaña que terminó con Donald Trump como Presidente de Estados Unidos.

Consultado sobre si este tipo de situaciones en Chile ocurre, el presidente del CPLT señaló: "Puede pasar y puede estar pasando masivamente y podemos no solamente desconocer, sino que no podemos hacer nada al respecto. Hoy no hay multas en la ley, ni tampoco podríamos ir a buscar al Cambridge Analytica de Chile. No podríamos multarlo, no podríamos cancelar sus bases de datos, no podríamos ejercer prácticamente ninguna acción. Con esta indicación aprobada, eso podría cambiar completamente".

Inhabilidades del CPLT

Otro de los puntos abordados en la indicación enviada por el Ejecutivo se refiere al tránsito de los consejeros del CPLT al sector privado. Al respecto, la propuesta planta que "los ex miembros del Consejo Directivo no podrán, una vez cesado en el cargo y por el plazo de tres años, prestar ningún tipo de servicio, sea o no remunerado, ni participar en la propiedad, respecto de las entidades sujetas a fiscalización del consejo".

Estas inhabilidades son indispensables para mantener la independencia de las autoridades, porque la oferta laboral inmediata, la tentación de irse a trabajar al frente lo que hace es restar imparcialidad", señaló Drago.

15 de mayo
El Congreso elevó a rango constitucional el derecho a la protección de datos.

"Las entidades que traten esos datos personales van a tener que hacerse responsables de ese tratamiento, tratarlos solo para los fines que se les autorice".

"Estoy seguro de que en tres o cuatro años podemos pasar de una cultura de la desprotección de los datos a una cultura de control de los datos personales".

"El CPLT va a tener la atribución para exigir que se cancelen los datos tal como lo está pidiendo el titular".
MARCELO DRAGO
PRESIDENTE DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA

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