"La decisión del CDE de instar por el cohecho me parece un acto de puro voluntarismo"
domingo, 08 de julio de 2018
Andrea Chaparro
Nacional
El Mercurio
El abogado Julián López también abordó el fallido acuerdo alcanzado con los anteriores investigadores del caso y afirmó que el ex jefe del Ministerio Público, Sabas Chahuán, aún debe una explicación sobre por qué bloqueó entonces la salida judicial.
La discusión en el 8° Juzgado de Garantía esta semana estuvo marcada por la eliminación del delito de soborno y la consecuente exclusión del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de la causa que dirige el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, por el financiamiento ilegal que realizó Penta a diversas campañas políticas. Sus dueños, Carlos Délano y Carlos Lavín, volvieron el martes y miércoles recién pasado al mismo tribunal donde fueron formalizados en marzo de 2015, y consiguieron una salida distinta al juicio oral. El fallido procedimiento abreviado, pactado hace poco más de tres años, ahora se concretaba. Para el abogado Julián López, quien representa a los empresarios, la razón de la demora fue "la inestabilidad que se produce al interior del Ministerio Público respecto de la conducción de la investigación, que finalmente llevó a que el acuerdo no se cumpliera". -¿En 2015 los dueños de Penta estaban disponibles para reconocer delitos tributarios relacionados con aportes irregulares a campañas? -A los imputados les compete reconocer hechos, y la disposición estuvo desde el primer día. La calificación acerca de si esos hechos son o no son delitos le corresponde al juez. "Las irregularidades tributarias fueron reconocidas en una conferencia de prensa, lo que no compartíamos entonces era que esas irregularidades fueran constitutivas de delito". -¿Ahora sí? -La historia hasta ese momento indicaba que ese tipo de irregularidades se sancionaba por la vía administrativa, y Penta se convirtió en un gran paréntesis, porque todas esas conductas hasta antes del caso Penta habían sido consideradas irregularidades administrativas y no penales, y lo cierto es que después del caso Penta se volvieron a convertir a ojos del Servicio de Impuestos Internos (SII) en irregularidades administrativas y no penales. Terminó dándose a empresas Penta un trato absolutamente desigual. -Parte de estas irregularidades tributarias tienen relación con la política, ¿cree que ese es un elemento que puso en una situación distinta a Penta? -Indudablemente este caso está marcado por las boletas que tienen relación con el financiamiento de campañas políticas, pero -como es de sobra conocido- empresas Penta no es ni con mucho la única empresa que tiene boletas vinculadas con el financiamiento de campañas. -Por ser la primera descubierta, ¿cree que se quiso ejemplificar con ella? -Yo no me atrevo a hacer una interpretación de cuáles son las razones para que esto ocurra, pero los hechos indican que no existe ningún otro holding donde a todas sus empresas -116 sociedades, en este caso- se les haya revisado la contabilidad completa de los últimos seis años. En los otros casos se revisaron operaciones específicas. "No hay ningún otro caso en que hayan sido imputados los controladores de la compañía, donde hayan sido sometidos a prisión preventiva, ni donde al grupo económico se le haya ocasionado perjuicios tan importantes, como perder la licencia de un banco, que estaba financieramente sano. "Hoy todos sabemos que el financiamiento irregular de las campañas políticas era un problema generalizado en Chile". La intervención de Sabas Chahuán -¿El acuerdo original se retomó debido al cambio de fiscales? -La inestabilidad en la conducción de la investigación ha sido un elemento determinante en la forma en que este caso fue llevado, pero ello no solo estuvo dado por el retiro de dos fiscales del Ministerio Público, sino por la intervención en las decisiones de persecución penal que tuvo, en los días previos a la formalización, la Fiscalía Regional (Metropolitana Oriente) y la Fiscalía Nacional. "Hay que recordar que aquí los fiscales (Carlos) Gajardo y (Pablo) Norambuena llegaron en un minuto a un acuerdo de procedimiento abreviado con esta defensa, donde se había pactado exactamente la misma pena (que ahora) y eran prácticamente los mismos hechos. Lo que ocurre en el tiempo intermedio parece ser un cambio que está más alentado por el ambiente que rodeó al caso que por los fundamentos y mérito del mismo, que no han variado demasiado desde el primer día". -El fiscal Gajardo dijo en su momento que este acuerdo se cayó porque sus clientes omitieron información. Nada ha cambiado y el fiscal Guerra les reconoce colaboración, ¿por qué? -El acuerdo al que llegamos en esa oportunidad no se cayó por esa razón. Se cayó porque a los fiscales Gajardo y Norambuena les dieron una orden, primero, desde la fiscalía regional y luego desde la Fiscalía Nacional, de que no se respetara el acuerdo al que se habían comprometido, y ellos no tuvieron la capacidad ni la fuerza de imponerse. "El argumento posterior, que eso se había debido a la no entrega de información relativa a los forwards , no es más que un pretexto de último minuto para justificar ese incumplimiento". -¿Por qué el ex fiscal nacional tomó la decisión de no respetar ese acuerdo? -Esa es una explicación que hasta el día de hoy Sabas Chahuán debe. -¿El impacto que generó en la opinión pública afectó el caso? -Sin duda fue un efecto distorsionador en la tramitación. Fue determinante para que se tomaran decisiones que, en casos normales con penas similares y por delitos similares, no habrían tenido lugar. -¿Como la prisión preventiva de sus representados? -Que haya habido prisión preventiva por delitos que no merecían una pena de crimen es reflejo de una distorsión del sistema. -El gran debate en la audiencia fue la eliminación del cohecho, ¿por qué no habría soborno en los pagos al ex subsecretario Pablo Wagner? -El cohecho consiste en sobornar a un funcionario público para conseguir favores a cambio. Pablo Wagner fue un ejecutivo de una de las compañías del holding Penta, de Isapre Banmédica, que trabajó durante 12 años en esa empresa y que cuando se retira de la compañía, lo hizo reclamando que se le debía el pago de un contrato que no había terminado de ejecutarse. Frente a esa pretensión de Wagner, se inició un proceso de negociación, en el que la empresa tiene la convicción de que no se le adeuda nada, al tiempo que Wagner reclamaba una indemnización por el fin del contrato. "Nunca ha estado controvertido que esos pagos se hicieron, pero la intención era apoyarlo económicamente, porque sus ingresos disminuirían al ingresar al sector público (ex subsecretario de Minería). "Es evidente que esos pagos nunca debieron hacerse, sin embargo lo que está en juego -desde el punto de vista penal- es si esos pagos pueden o no ser considerados como un delito, y en Chile esa conducta por sí sola no lo es, al punto que hay gente proponiendo que se cambie la ley para que lo sea". -El CDE insistió en mantener la calificación de estos hechos, ¿a qué lo atribuye? -No lo sé. El Consejo de Defensa del Estado ha actuado en este caso de una manera desprolija. "La imputación por cohecho es una imputación que ha sido sometida a control judicial, a lo menos en dos oportunidades. Durante la etapa de investigación fue cuestionada, a propósito de la revisión de medidas cautelares de Pablo Wagner, concluyéndose que esos antecedentes no permitían fundar seriamente una imputación por este delito. Y la segunda oportunidad acaba de ocurrir el viernes, en que el juez, conociendo de las acusaciones particulares presentadas por el CDE y los demás querellantes, acaba de absolver a Pablo Wagner por cohecho, porque los antecedentes analizados no permiten darlo por establecido. "El propio Ministerio Público tuvo que revisar esta imputación, al analizar las posibilidades de éxito bajo el estándar de convicción que exigiría un tribunal de juicio oral, y para la propia fiscalía no hay cohecho. En ese contexto, la decisión del CDE y de los querellantes, de instar por acusar particularmente por un delito de cohecho, que ya el Ministerio Público ha descartado, me parece un acto de puro voluntarismo". Salida para la empresa también está pactada -El CDE irá a la Corte... -La facultad de determinar si los hechos conocidos a través de una investigación penal son o no constitutivos de un delito y formar una imputación constituye una facultad discrecional del Ministerio Público, que se expresa a través de la formalización y de la acusación. Suponer que los jueces podrían intervenir cuestionando las posibilidades del Ministerio Público de reformular las imputaciones que han realizado previamente sería tanto como asignarles a los jueces una función que no les corresponde, con afectación evidente de los derechos del imputado, a quien le corresponde defenderse de las imputaciones que la fiscalía le formula y no de las que les gustarían más a los querellantes o al juez que conoce de ellas. -¿Estas primeras resoluciones pueden tener impacto en casos similares, como SQM? -Me parece que las causas son todas distintas. Sacar conclusiones válidas para otras causas a partir del caso Penta es muy difícil. -En el último tiempo se ha debatido sobre elevar las penas a los delitos de corrupción, ¿cuál es su opinión? -Creo que no me corresponde, en este momento, emitir una opinión sobre ese tema. -¿Qué pasa con empresas Penta y la imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas? -El acuerdo al que hemos llegado con el Ministerio Público es un acuerdo que resuelve todos los aspectos vinculados con el caso Penta; sin embargo, es una posición que vamos a informar a los tribunales cuando corresponda. APORTES A CAMPAÑAS
"Indudablemente, este caso está marcado por las boletas que tienen relación con el financiamiento de campañas políticas, pero empresas Penta no es ni con mucho la única empresa que tiene boletas vinculadas a campañas".
PRISIÓN PREVENTIVA
"Que haya habido prisión preventiva por delitos que no merecían una pena de crimen es reflejo de una distorsión del sistema".
CAÍDA DEL ACUERDO
"El acuerdo se cayó porque a los fiscales Gajardo y Norambuena les dieron una orden, primero desde la fiscalía regional y luego desde la Fiscalía Nacional, de que no se respetara el acuerdo".
PAGOS A WAGNER
"Esos pagos nunca debieron hacerse, sin embargo lo que está en juego -desde el punto de vista penal- es si esos pagos pueden o no ser considerados como un delito, y en Chile esa conducta por sí sola no lo es".
CRITERIO DESIGUAL
"Todas esas conductas, hasta antes del caso Penta, habían sido consideradas irregularidades administrativas y no penales, y lo cierto es que después del caso Penta se volvieron a convertir en eso".
