martes, 10 de junio de 2008
Felipe Morandé, decano Facultad de Economía U. de Chile
Preocupa ver cómo el Ejecutivo cede a presiones de grupos organizados. Muchos grupos organizados se creen con derecho a ser beneficiarios de la bonanza fiscal y presionan más allá del marco legal e institucional. Parece ser una fórmula que funciona.
En los últimos tiempos, tal vez dos años, se ha ido instalando en el país una sensación de desborde institucional, de desorden generalizado. Los estudiantes salen en esta época a la calle a protestar por razones diversas, aunque principalmente por la calidad de la educación subvencionada (una buena causa, sin duda). Hay tomas, reyertas con carabineros, destrozos, violencia. Y consiguen algo. Los llamados "pingüinos" lograron en 2006 sacar a un ministro de educación y que se formaran varias comisiones a nivel gubernamental que finalmente derivaron en el proyecto de Ley General de Educación que, ¡oh, paradoja!, hoy es el motivo de nuevas movilizaciones estudiantiles. Luego, los trabajadores subcontratados de Codelco, quema de buses mediante, consiguieron primero que la empresa cuprera del Estado negociara con ellos -traspasando la legalidad- y accediera a otorgar compensaciones económicas (2007), y este año obtuvieron que fuera el Gobierno el que se sentara a negociar y otorgara nuevas compensaciones económicas. La más reciente manifestación de fuerza fue la de los camioneros, la semana pasada. Dicho gremio, esta vez con menos violencia directa pero violentando el bienestar de la población que vio cómo se desabastecían supermercados y estaciones de servicio, logró del Gobierno US$ 52 millones sólo este año, en la forma de una reducción del impuesto específico al diésel usado en la actividad de transporte. Los conductores del Transantiago ya anunciaron un paro para un par de semanas más, sobre la base del "éxito" de los camioneros. Todas estas revueltas tienen como común denominador exigencias para el Estado, y ocurren cuando el fisco está rebosante de recursos gracias al alto precio del cobre. Muchos grupos organizados se creen con derecho a ser beneficiarios de la bonanza fiscal y presionan más allá del marco legal e institucional. Parece ser una fórmula que funciona.
Lo que no funciona, en cambio, son varias instituciones relevantes. Y así lo percibe la gente. Encuestas y barómetros de opinión pública revelan el deterioro de la política, el Congreso y los partidos. El Poder Judicial, los municipios y los ministros de Estado tampoco son bien evaluados; algunos se salvan: los carabineros y las fuerzas armadas aparecen hoy como instituciones confiables. Curiosamente, la policía uniformada es el cuerpo encargado de controlar las manifestaciones y reprimirlas cuando se desbordan, en tanto las fuerzas armadas son, en el subconsciente colectivo, la representación misma del orden. La mayoría de los chilenos se manifiesta en las encuestas como contraria al uso de la violencia como forma de presionar al Estado y al mismo tiempo detesta el desorden y el caos. La misma gente suele solidarizar con varias de las causas que persiguen los manifestantes, lo que no es contradictorio con la mala evaluación de las instituciones: éstas no se ven como vehículos eficaces para resolver los problemas de la gente.
En síntesis, un Ejecutivo débil, sentado en un pozo de plata, que va cediendo de a poco a las presiones de grupos organizados. Éstos se movilizan muchas veces transgrediendo el orden público y sobrepasando las instituciones, la mayoría de las cuales están bastante desacreditadas. No parece haber soluciones fáciles a esta compleja situación. Pedir un poco más de firmeza al Gobierno para contener el desborde institucional puede caer en terreno vacío, pero el Ejecutivo podría al menos tratar de que la violencia sea reprimida y los violentos asuman su responsabilidad y respondan por ella, según lo establece la ley. Que no quede esa sensación de impunidad que prevalece cuando la autoridad hace vista gorda para evitarse nuevos conflictos. Los políticos en general podrían hacer su aporte evitando la solidaridad fácil y populista con causas de dudoso interés público, o no avalando las transgresiones a la ley, por pequeñas que sean. También ayudaría que el Gobierno diese señales más claras respecto de qué es lo que piensa hacer en definitiva con los fondos ahorrados. La Ley de Responsabilidad Fiscal apunta a los flujos de excedentes presupuestarios, pero no a lo ahorrado hasta ahora. En cambio, el anunciado fondo de US$ 6 mil millones en iniciativas para mejorar el capital humano va en la dirección correcta, aquella de amarrar los montos ahorrados a fines específicos y virtuosos. Esto podría lograr que se modere la sensación de que existe una inmensa cantidad de recursos en las arcas fiscales disponibles para quien presione más fuerte.
Para el largo plazo se necesita un reenfoque más profundo. Respetando los derechos individuales fundamentales, necesitamos un sistema político menos permisivo con las transgresiones a la ley, así como leyes más sensatas que contrapesen derechos y deberes. También se requiere la reformulación de varias instituciones buscando que los incentivos de quienes las componen se alineen con los de la gente, probablemente en el marco de una reforma al Estado ya tantas veces mencionada como indispensable. Y, sobre todo, se debiera reforzar la entrega de valores en el sistema educativo, tanto o más que la enseñanza de matemáticas o lenguaje. El respeto a los demás, el amor a la paz, el trabajo bien hecho, la solidaridad, la amistad cívica, la responsabilidad son valores incuestionables que, mejor acendrados en jóvenes y niños, constituyen la base para instituciones que sí funcionen.
