domingo, 08 de junio de 2008
Bernardita Aguirre Pascal
Economía y Negocios, El Mercurio
En el centro, con avisos en los diarios e internet, se promocionan personas que adulteran liquidaciones de sueldo, cotizaciones de AFP y cartas del empleador para optar a préstamos. Hay varios casos que ya están en la justicia.
María, que trabaja en una empresa de la locomoción colectiva en Santiago, se acercó a una inmobiliaria para que le gestionaran un préstamo de vivienda.
Los ejecutivos fueron a su trabajo, le pidieron fotocopia del carné, las liquidaciones de sueldo, una carta del empleador y 12 cotizaciones de la AFP. Eso fue lo que entregó, y hasta ahí todo bien. Pero un mes después supo que en el banco descubrieron que sus papeles eran falsos.
Ella asegura que recién en ese momento se enteró de que la inmobiliaria le había arreglado sus documentos. Aunque reconoce que pagó $600 mil para que le hicieran las gestiones, porque ella no podía hacer el trámite por sus horarios de trabajo.
La presentación de documentos falsos y la adulteración del estado de situación que se presentan para optar a créditos están lejos de ser una anécdota.
Paseándose por sindicatos, por distintos locales del centro de Santiago e incluso con ofertas en diarios e internet, “El Mercurio” detectó a gente que ofrece gestionar créditos de consumo, y si hay problemas con los papeles o Dicom, los arreglan.
Los valores cobrados por estos “trámites” van desde los $500 mil hasta $1 millón. Otros lo hacen por un porcentaje del crédito que va entre el 10 y el 20%.
Para consumo y casa
En 2006, los préstamos con papeles arreglados eran “grito y plata” en un café del centro de Santiago, donde el mismo dueño del local llevó a una persona para que los ofreciera.
"Él tenía un contacto en el banco y te arreglaban los papeles. Si tenías Dicom, te lo borraban, las liquidaciones de sueldo estaban todas arregladas, ganábamos el mínimo y aparecíamos con $1 millón con las gratificaciones y otros beneficios y también te prestaban padrones de autos que nunca tuviste", cuenta Patricia, quien no pidió el crédito porque le molestó que le cobraran el 10%.
Pero a sus amigas sí les prestaron, entre $3 millones, para pagar una operación, hasta $20 millones para una casa.
A los pocos meses de implementado el sistema, el ejecutivo del banco que hacía las gestiones fue descubierto por su jefe y el sistema terminó.
Casos de estafas
Pedro hace lo mismo, y no lo han pillado. En el centro de Santiago busca personas para "asesorar" en créditos. Cobra el 20% del préstamo a quienes no tienen liquidaciones suficientes, y por borrar las deudas de Dicom, pide la mitad del monto adeudado. Según él, lo hace para siempre.
Una empresa de gestión inmobiliaria —que se dedica a contactar créditos para vivienda— fue víctima del engaño.
Dos ejecutivos le entregaron una decena de documentos fraudulentos de personas que no tenían ingresos suficientes.
Incluso, les hicieron contratos en una cadena de supermercados y una constructora dando teléfonos falsos. Si llamabas al número de la carta, confirmaban los datos, pero al llamar al número real de la compañía, éstos no figuraban en la nómina de empleados.
Bancos que fueron nombrados por quienes presentaron documentos fraudulentos no quisieron referirse al tema, pero otros actores del mercado dijeron conocer el sistema.
"En algunos casos hemos detectado que nos han adulterado la información del servicio de impuestos internos", explica Ramón Castillo, gerente general de Credicoop, cooperativa orientada a microempresarios.
Agrega que "estas redes, que nosotros sabemos que existen y se dedican a tramitar créditos de consumo, han tratado de ingresar a este segmento. Pero no les ha funcionado muy bien, porque a los microempresarios se les visita hasta el domicilio", dice Castillo.
En los bancos ya conocen el perfil de los infractores.
Algunos son particulares que adulteran sus papeles para que parezca que tienen más recursos; en otros casos, son los mismos ejecutivos bancarios o fuerzas de venta externas que adulteran los documentos para alcanzar sus metas o recibir comisiones, y los últimos son profesionales que tras ofertas de borrar Dicom y consolidar deudas, montan verdaderas empresas que se dedican a "arreglar papeles".
Las declaraciones falsas son penadas por la ley con cárcel, pero es difícil comprobar que hubo perjuicio
El gerente general de la Asociación de Bancos, Alejandro Alarcón, explica que la ley de bancos es muy precisa en esto y quienes presentan papeles adulterados o falsificados están violando la ley.
"Al pedir un crédito haces una declaración jurada y las declaraciones juradas falsas son contrarias a la ley y pueden haber demandas civiles e incluso penales", asegura Alarcón.
Agrega que los bancos son muy cuidadosos en el seguimiento de los clientes, pero al no tener acceso a las deudas de casas comerciales operan sin toda la información necesaria y, si a esto se agrega la falsificación de documentos, la situación es peor.
"El riesgo de los bancos es mayor, pero las personas también están corriendo el riesgo de que las metan presas", advirte el mismo Alarcón.
El abogado experto en el tema Jorge Gálvez explica que la ley de bancos sanciona con la pena de presidio menor en su grado medio máximo, es decir, entre 540 días y cinco años, a quienes adulteran documentos para optar a créditos causando perjuicio a la institución bancaria.
Pocos llegan a cumplir esta pena porque “hay una deficiencia en la ley. Ésta exige perjuicio para la institución bancaria, lo que es muy difícil de demostrar. Existen casos en que se detecta la adulteración, pero como están vigentes los plazos para que las personas paguen los créditos, no se puede establecer el perjuicio”, dice Gálvez.
