lunes, 09 de junio de 2008
Francisca Urroz
Economía y Negocios, El Mercurio
Para los expertos esto afecta al Estado y a los contribuyentes y revela la necesidad de contar con tribunales en esta materia.
Si usted tenía un reclamo tributario y fue resuelto por un juez "delegado", el fallo podría ser anulado por la Corte Suprema y su caso partiría nuevamente de cero. Pero esta vez será el director regional de Servicio Impuestos (SII) quien juzgue.
Días atrás la Corte Suprema declaró la nulidad de un caso a raíz de que la sentencia había sido dictada por un juez tributario "delegado" de Rancagua, lo que para algunos abogados sentó un precedente sobre lo que pasará con los juicios que se han estado tramitando de la misma forma durante estos años.
El número de casos que podrían ser declarados nulos superan los mil e, incluso, para algunos abogados, podría llegar a 5 mil, lo que ha generado incertidumbre entre los contribuyentes, el gremio e incluso en el SII.
"Lo resuelto afecta al Estado y a los contribuyentes. Al primero, porque implica volver a revisar un juicio que ya se tramitó, mientras que a los contribuyentes les influye, porque significa tener que volver a rendir pruebas que ya rindió, muchas de ellas imposibles de reiterar, como por ejemplo, las declaraciones de testigos, que en algunos casos han fallecido o se encuentran en el extranjero", explica Christian Aste, socio de Mass.
Agrega que si el fallo final es negativo, el pago se hace con todos los recargos correspondientes, los que siguen corriendo. Estos últimos son de 1,5% mensual, es decir 18% anual.
El profesor de la Universidad Católica, Eduardo Lagos, coincide con este planteamiento, pero afirma que para el SII también es complicado no poder cobrar sus deudas, porque sus juicios son anulados.
Vaso medio lleno
Para Lagos, esto podría ayudar en el futuro si es que sirve para que se le dé más urgencia a la tramitación y aprobación de la Ley de Tribunales Tributarios -que hoy está siendo discutida en el Senado-, ya que "en estos momentos existe una tremenda inseguridad jurídica", dice.
Respecto de las causas que podrían ser reiniciadas, Lagos cree que la solución es difícil, pero plantea que lo mínimo sería condonar los intereses acumulados durante el procedimiento.
