Acuerdo incluye al Estado, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil:

Inédito pacto público-privado busca reinsertar a la mitad de la población penal chilena

domingo, 01 de julio de 2018
IVÁN MARTINIC
Nacional
El Mercurio

El objetivo de "Chile 1x1" es que una compañía acoja y acompañe a un interno que cumple condena o egresa de un penal.

Sin haber cometido delito alguno, más de 20 mil personas pasaron por la cárcel en los últimos tres meses.

No fue en la temida ex Penitenciaría de Santiago ni en alguno de los ocho penales concesionados del país. Ocurrió en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de la Quinta Normal, donde el artista alemán Louis von Adelsheim y la poetisa chilena Andrea Brandes presentaron la muestra "Los muros de Chile".

Con ayuda de 85 proyectores, exhibieron videos y entrevistas grabadas, además de elementos propios de algunos de los 96 recintos penales del país. Así recrearon el ambiente en que viven las 40.630 personas privadas de libertad en Chile, condenadas por haber cometido un delito (64,2%) o imputadas mientras se les investiga (35,7%).

En paralelo, el Ministerio de Justicia había convocado a las carteras de Desarrollo Social y del Trabajo, a la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), a la Sofofa y al Sename, entre otras instituciones, para buscar fórmulas que permitieran potenciar la reinserción social de los internos y de quienes ya cumplieron sus condenas, algo que un puñado de fundaciones hace hoy de manera casi heroica.

El puente entre ambas iniciativas fue el programa "3xi" (Inspiramos, Incluimos, Innovamos), impulsado por la CPC, la Asociación de Emprendedores de Chile, Empresas B, la Comunidad de Organizaciones Solidarias y el Centro de Innovación de la U. Católica.

Reunidos el 21 de junio en el mismo MAC de la Quinta Normal, para el epílogo de "Los muros de Chile", todos pactaron una inédita alianza público-privada para potenciar la rehabilitación y la reinserción de los reos. "Sería un éxito rotundo si amplificando nuestras capacidades y nuestras experiencias pudiéramos llegar a intervenir casi la mitad de la población penal", plantea Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción y representante de la CPC en la instancia.

Hasta cinco años para "limpiar" antecedentes

Los participantes coinciden: hay que transformar las cárceles de escuelas del delito -el 50% de quienes salen de ellas reincide en el primer año, y el 70% al cabo de tres años- en centros de rehabilitación, lo que requiere esfuerzos de todo tipo, desde legales hasta de mentalidad. Y en que hay que comenzar con los más jóvenes: cerca del 40% de los reos pasó antes por el Sename.

Se trata no solo de los 40.630 privados de libertad. También, de las 61.093 personas que cumplen medidas alternativas o penas sustitutivas en libertad. Y del menos conocido número de quienes ya cumplieron condena: 28.528. El 95% de estos últimos está en proceso de limpiar sus antecedentes, algo que demora dos años para los primerizos y cinco para los reincidentes.

Con tal certificado "manchado", obtener empleo es casi imposible. En el sector público está prohibido por ley, y en el privado -salvo excepciones- opera como una barrera de hecho.

"Es la tragedia que enfrentamos. Si no rompemos este círculo vicioso desde la raíz, el Sename, en los propios recintos penitenciarios y en los mecanismos alternativos de cumplimiento de penas, estamos condenando a quienes cumplen sus penas a no tener otro camino que volver a delinquir", reconoce el ministro de Justicia, Hernán Larraín.

"No tienen otra salida", coincide Alejandra Pizarro, directora ejecutiva de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. "Ellos salen de la cárcel y van a situación de calle. ¿Qué opción les queda? Volver a delinquir. ¡Si tienen que comer!", agrega.

Con tres pilares (Estado, sector privado y organizaciones civiles), el acuerdo público-privado tomó cuerpo en "Chile 1x1", un programa que compromete a una empresa o a un grupo de ellas a acoger a una persona que haya estado privada de libertad o a un recinto penitenciario en particular.

No se trata solo de dar empleo, coinciden todos, sino también de acompañar al interno o a quienes ya cumplieron sus condenas para que se reinserten personal, familiar, social y laboralmente. "La cárcel deshumaniza, hace a las personas discapacitadas de por vida (...). Han sido vulneradas en sus derechos, maltratadas y muchas veces torturadas", advierte el padre Nicolás Vial, presidente y fundador de la Fundación Paternitas, que trabaja en rehabilitación carcelaria hace casi tres décadas.

"La meta final es darle a toda persona que está presa el derecho a rehabilitarse y a reinsertarse. Esto es fundamental para quien ingresa a la cárcel, para cumplir su condena como corresponde, pero también para la sociedad, para romper el círculo vicioso de la reincidencia", afirma el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.

¿Otra cuota de inclusión?

Desde el punto de vista legal, el titular de Justicia se muestra abierto a todo tipo de cambios: adaptar los contratos de trabajo a la realidad carcelaria, crear incentivos tributarios para las empresas que se instalen en las cárceles, modificar el Estatuto Administrativo que impide contratar a condenados en el sector público, establecer beneficios intrapenitenciarios para los reos que se capaciten e incluso fijar cuotas que obliguen a las compañías a tener un porcentaje de ex reclusos en su personal, tal como la Ley de Inclusión lo acaba de hacer fijando un 1% de cupos para personas con capacidades diferentes.

También hay amplio acuerdo en la necesidad de transformar a Gendarmería, históricamente enfocada en custodiar a los internos en lugar de ser el primer agente de reinserción.

Torretti destaca su buena disposición: "Si Gendarmería no nos abre los candados, no tenemos nada que hacer". Añade que la nueva directora, Claudia Bendeck, "nos está abriendo los candados", y que ya han identificado 25 recintos donde físicamente es posible instalar algún tipo de actividad económica.

Larraín adelanta que el próximo año comienzan a regir cambios curriculares en la Escuela de Gendarmería que reforzarán el trabajo de rehabilitación: para ser suboficial habrá que estudiar dos años en vez de uno, y para ser oficial, cuatro en lugar de dos.

Torretti y Larraín coinciden: la meta estará cumplida si en los próximos años se abre un debate sobre cómo cerrar cárceles o cómo convertirlas en centros culturales o lugares de encuentro.

EXPERIENCIA
Proyectos como Cimientos, de la Cámara Chilena de la Construcción, han permitido reinsertar a más de 3.600 personas en tres años.

40.630
personas estaban privadas de libertad al 31 de mayo, según datos de Gendarmería.

4.835
cumplían medidas alternativas, como remisión condicional, libertad vigilada o reclusión nocturna.

56.258
estaban afectas a penas sustitutivas. Entre ellas, reclusión parcial.

26.991
personas están en etapa de borrar sus antecedentes.

"Aquí hay héroes que han logrado instalar experiencias muy exitosas, pero a una escala muy pequeña".
HERNÁN LARRAÍN
MINISTRO DE JUSTICIA

"El objetivo es que toda persona que esté dispuesta a rehabilitarse a través del trabajo y la capacitación pueda hacerlo".
ALFREDO MORENO
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

"Nuestro sueño es que en nuestro país llegue el día, ojalá lo más pronto posible, en que empecemos a cerrar cárceles".
SERGIO TORRETTI
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN

"El objetivo inicial era poner el tema en la agenda (...) Ahora viene la fase de implementación".
SERGIO CARDONE
FUNDADOR DE 3XI Y DIRECTOR DE EMPRESAS

"O nosotros, los privilegiados, estamos dispuestos a renunciar a parte de nuestros privilegios, o no vamos a salir adelante".
ALEJANDRA PIZARRO
COMUNIDAD ORGANIZACIONES SOLIDARIAS