Fondos Mutuos
Es el comentario de la calle, en los medios y de los expertos. La que termina ha sido la campaña electoral más violenta de la historia contemporánea de México (van al menos 136 políticos, según un reciente informe independiente). Es un reflejo exacerbado de lo que pasa todos los días en el país, donde la situación de seguridad ha empeorado de la mano del crecimiento del narcotráfico, de la corrupción y de políticas fallidas, que tienen hastiados al electorado. Una mirada a la televisión basta para impresionar. Un programa de noticias en la noche daba a conocer los casos de un abuelo asesinado junto a su nieta de dos años en un asalto; de la muerte por disparos de un operador político, y de otros dos funcionarios de campaña que fueron también víctimas de la violencia. Eso, en un solo día. No es únicamente la campaña. "La sensación es que la violencia está peor en todos lados, antes eran solo en algunas delegaciones (comunas) específicas", dice Adela Galindo, recepcionista de una farmacia y clínica de homeopatía detrás de la Catedral, donde hay un policía en la entrada. México tiene niveles de víctimas propios de países con conflictos bélicos internos y lleva dos años rompiendo el récord en el número de homicidios (25.339 en 2017), con un impacto económico a nivel nacional equivalente al 21 % de su PIB, unos 249.900 millones de dólares de acuerdo con el Índice de Paz 2018. En los últimos 12 años se han registrado más de 200 mil asesinatos y hay 35 mil personas desaparecidas, incluyendo los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso de 2014 que aún no se resuelve y que persigue al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto hasta en las calles de Ciudad de México, con alusiones a los jóvenes que desaparecieron en el municipio de Iguala, Guerrero, cuando al parecer policías locales los entregaron a una banda criminal local. Detrás del aumento de la violencia están el narcotráfico y el crimen organizado, así como un aumento de la delincuencia común. Rubén Salazar, director de la consultora Ekellekt, que lleva el conteo de las muertes políticas, dice que eso no lo explica todo. El experto en seguridad plantea que las muertes políticas se deben en parte al tamaño de la elección, por una reforma que hizo coincidir las presidenciales con comicios para los tres niveles del gobierno e incluso con votaciones de sindicatos. La conflictividad social y las tensiones incrementan el problema, plantea, y "rebasan completamente" la capacidad de reacción de los cuerpos policiales. Otro aspecto, más complejo, es un efecto del cambio político. El proceso de alternancia que permitió la transición democrática, con el tiempo produjo un quiebre en el control vertical, que frenaba la violencia, y muchas autoridades locales, explica Salazar, se convirtieron en una suerte de señores feudales que replicaron el modelo a escala menor y aplicaron la violencia para mantenerse en el poder. "Nuestra alternancia política en los tres niveles del gobierno avanzó más rápido que la transformación de una nueva cultura política y democrática a nivel de borrar esas prácticas", comenta a "El Mercurio". Falta de estrategia El factor que engloba la difícil situación de seguridad es una estrategia mal implementada por parte de los últimos gobiernos. El Presidente Felipe Calderón (2006-2012) decidió emplear a las Fuerzas Armadas para combatir a los carteles de la droga y en tareas de seguridad más cotidianas, aunque las tasas de homicidios no habían activado todas las alarmas. Y si bien Peña Nieto trató de alejarse de ese plan, en realidad nunca retiró a los militares de las calles y terminó por repetir el esquema de Calderón. Vistas las cifras, la estrategia no está funcionando, entre otras cosas por la falta de un comando común que centralice las acciones de las Fuerzas Armadas. A un estado envían al Ejército, al otro a la Marina, comenta Salazar, y no hay unidad en los operativos, lo que termina beneficiando al crimen organizado, que ha diversificado sus intereses. Adicionalmente, los que no fueron cayendo, mudaron sus intereses a nuevos negocios fraudulentos que incluyen el robo y la extorsión de negocios en industrias desde la agrícola hasta la minera y petrolera. A principios del año, Reuters informó que el robo de combustible está golpeando severamente a las refinerías de México. El favorito de las encuestas, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, ha ensayado una respuesta que apunta a unificar a los cuerpos bajo una suerte de Guardia Nacional, pero no ha entregado detalles de cómo funcionaría o quién estaría a cargo. Y aunque en un momento planteó la idea de una amnistía para algunos crímenes, luego se retractó. Pese a todo, en la campaña ninguno de los candidatos ha presentado una estrategia sólida para enfrentar el problema (ver recuadro). Estado de Derecho La culpa es compartida por un sistema político que no ha sido capaz de dejar de lado métodos corruptos -incluyendo el financiamiento de las campañas con dineros del narcotráfico- que han terminado frenando el potencial de desarrollo del país. Uno de los problemas más graves de México, coinciden los expertos, es la debilidad del Estado de Derecho. Y no es solo un problema de Justicia, sino que uno que está afectando la competitividad del país, comenta a "El Mercurio" el consultor Luis de la Calle, quien agrega que eso también podría ayudar a cerrar la brecha de la desigualdad. Sumados los escándalos del último sexenio, se demostró que el PRI retomó las peores prácticas de sus 70 años en el poder, el sistema simplemente dejó de ser tolerable para los mexicanos que ahora apuestan por un candidato que promete la ruptura. "La policía a veces no cuenta, porque a lo mejor hasta se ven amenazados por la mafia y los rateros y hacen vista gorda", dice José Félix Chaparro, un albañil que ofrece sus servicios cerca del Zócalo y que asegura que ni siquiera denunció el robo del que fue víctima hace un tiempo.