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Las lluvias amainaron el riesgo de racionamiento eléctrico en el corto plazo, pero a la hora de analizar -más allá de las coyunturas de sequía y la falla de la central Nehuenco- por qué el sector eléctrico atraviesa hoy estos problemas no hay unanimidad entre los expertos.
Francisco Aguirre, socio de Electroconsultores, llama "huelga legal de las inversiones" al periodo entre 1999 y 2005 (desde la última crisis del sector hasta la promulgación de la Ley Corta II) en que las empresas casi no construyeron centrales. En su análisis, esto se produjo por el "99 bis", aprobado en 1999 (Óscar Landerretche era presidente de la Comisión Nacional de Energía, CNE).
Este cambio -que modificó las normas sobre compensaciones a todo evento y varió el funcionamiento del sistema de cálculo de las tarifas de distribución- lo que hizo fue dejar de calificar las sequías y las fallas en las centrales como casos de fuerza mayor, por lo que las generadoras debían compensar a los clientes regulados en caso de caer en cortes. Esto motivó que las eléctricas no renovaran sus contratos con las distribuidoras de energía, lo que a su vez hizo que las empresas no inviertan en nuevas centrales, ya que sin contratos de largo plazo no había incentivos para dichas obras, sobre todo en un Sistema Interconectado Central (SIC) donde a comienzos de la década dos tercios del consumo era regulado.
Sin embargo, esta situación es refutada por otros analistas. Para el investigador del CEP Alexander Galetovic, no es adjudicable el problema del sector al "99 bis", cambio legal al que consideró de razonable -"no se puede alegar que hay fuerza mayor por algo que es sustancial al negocio eléctrico"- y tampoco es posible hablar de un retraso general de inversiones.
Galetovic afirma que el cese en los envíos de gas desde Argentina llevó a que se promulgara la Ley Corta II (2005 con Jorge Rodríguez Grossi como ministro presidente de la CNE) para que se incentivaran las inversiones a través de la creación de licitaciones para contratos de suministro eléctrico entre generadoras y distribuidoras -lo que comenzará a operar desde 2010-, lo que suponía seguridad de precios de largo plazo para las generadoras promoviendo obras hidroeléctricas y carboneras, entre otras fuentes de generación. Pese a esto, los nuevos contratos de suministro sólo se empezaron a tramitar un año y medio después de la promulgación de la ley, lo que dejó un periodo de incertidumbre para las empresas que terminó por retrasar los proyectos. "Esta postergación la estamos viviendo hoy, ya que el atraso fue suplido con generación diésel, lo que ha traído problemas de costos para el sistema, pero no hay un problema de déficit", señaló.
Otra visión está dada por el ex jefe de regulación de la CNE y actual académico de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Fuentes, quien no cree que los atrasos en los contratos de suministros sean relevantes y considera que los problemas del sector están directamente ligados a la crisis del gas, situación que fue corregida por la Ley Corta II.
"El sector privado enfrentó un riesgo para las inversiones, que era político y que tiene que ver con estos cortes", afirma Fuentes, para quien antes de la Ley Corta II las empresas no sabían si habría o no gas, por lo que había incertidumbre sobre la viabilidad de los proyectos, ya que se podía terminar con unidades que no tendrían suministro (gas) o con plantas que por su tipo de generación (carbón, por ejemplo) no hubiesen sido rentables en caso de que Argentina hubiese retomado completamente los envíos.
Esta situación es compartida por el ex gerente general de Endesa Hiram Peña, quien también atribuye a la crisis del gas los problemas sectoriales.
Tal vez la única certeza es que a contar de 2009 ingresarán los proyectos clave que estabilizarán el sector.