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Cuando se dio a conocer que el enviado del Papa Francisco, el arzobispo de Malta Charles Scicluna, estaba siendo interrogado como testigo en el marco de la investigación por el caso Maristas, hubo preocupación dentro de la Fiscalía Nacional. La razón: la forma en que se llevó adelante la diligencia, que se realizó en la sala de protocolo del aeropuerto Arturo Merino Benítez por parte de efectivos de la PDI y el fiscal Guillermo Adasme, a pocos minutos de que su avión despegara. La decisión fue interpretada por algunos directivos del Ministerio Público como un hecho que podría generar molestia en la Iglesia y poner en riesgo el acuerdo de coordinación y cooperación que la semana pasada había entablado el fiscal nacional, Jorge Abbott, y Scicluna. En esa conversación se decidió que todos los antecedentes debían ser canalizados a través de la Unidad de DD.HH. de la Fiscalía Nacional, la que se contactaría directamente con la Nunciatura Apostólica y el Vaticano para solicitar información sobre investigaciones contra sacerdotes. Una alta fuente del Ministerio Público señaló que, tras el interrogatorio a Scicluna, desde la Nunciatura Apostólica los contactaron y se habría expresado inquietud por la forma en que se llevó a cabo la diligencia. Correo electrónico Personeros de la Nunciatura Apostólica indicaron que el día que Jordi Bertomeu y Scicluna llegaron a Chile, el pasado 12 de junio, recibieron vía correo electrónico una citación desde la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI invitándolos a una reunión para obtener antecedentes sobre el caso Maristas. El correo llegó cerca de las 11 de la mañana de la misma jornada en que ambos sacerdotes llegaron desde Roma, tras lo cual se fijó la reunión con la Fiscalía Nacional. Sin embargo, agregan otras fuentes de la Iglesia, los días pasaron y el encuentro no se agendó. Los sacerdotes viajaron a Osorno y volvieron a Santiago. Tenían reuniones cada 20 minutos y, por ello, su tiempo fue muy escaso. De esta manera, la cita en el aeropuerto se habría ejecutado a primera hora del mismo martes 19 de junio, cuando, momentos antes de dejar el país, Scicluna y Bertomeu fueron conducidos a la sala de Protocolo. Ahí se reunieron con Adasme, dos detectives mujeres y una cuarta persona que era la que escribía en el computador registrando su testimonio. La reunión duró cerca de 30 minutos y cuando esta terminaba, llegó un policía de inmigración a decir que el avión estaba pronto a despegar. Scicluna firmó la declaración y se fue. El interrogatorio habría tratado sobre la forma en que el Vaticano se relaciona con las congregaciones, su vínculo de dependencia y cómo funciona su estructura organizacional. Toda la diligencia se realizó en un ambiente cordial. Sin embargo, por la tarde, cuando se comenzó a difundir que se había entregado información de los casos, en el Arzobispado de Santiago se preocuparon, dado que para ellos es muy importante la confidencialidad con las víctimas. Posteriormente, según fuentes del Ministerio Público, desde el arzobispado se contactó a la Fiscalía Nacional para plantearle la inquietud por la situación. Se indicó, sin embargo, que no se trataba de un reclamo, sino que de una preocupación y que debía haber precisión por parte del Ministerio Público. Posteriormente hubo otro llamado, esta vez a un asesor de la Fiscalía Sur, donde se zanjó el tema, dado que en las declaraciones del fiscal regional Raúl Guzmán no se indicaba que la Iglesia había entregado antecedentes sobre las víctimas.