ONU acusa a fuerzas de seguridad de Venezuela de detenciones arbitrarias y abusos a los DD.HH.
sábado, 23 de junio de 2018
Nicolás García de Val
Internacional
El Mercurio
El documento habla de unas 500 muertes en las que han estado involucradas. El informe será enviado a la Corte Penal Internacional.
Naciones Unidas acusó ayer al gobierno de Venezuela de cometer "reiteradas" violaciones a los derechos humanos y pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que se involucre debido a la "impunidad generalizada" y la inacción de las autoridades. El último informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad al Hussein, da cuenta de que las fuerzas de seguridad venezolanas matan gente sin justificación y aparentemente sin sufrir ningún tipo de consecuencia, lo que pone en evidencia una degradación del Estado de Derecho en el país, consignó The Associated Press. "Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la CPI", afirmó el funcionario de origen jordano, en un comunicado al presentar un detallado informe de su oficina, que fue rechazado por Caracas. El documento habla de 505 "muertes cuestionables" en las que han estado involucradas las fuerzas de seguridad venezolanas entre 2015 y 2017. Todas siguen el mismo patrón: incursiones en los barrios pobres con el fin de detener a los presuntos criminales sin orden judicial y manipulación del lugar de los hechos para simular enfrentamientos y poder afirmar que las muertes se produjeron en intercambios de disparos. Además, denuncia cientos de ejecuciones sumarias, uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes y opositores políticos, torturas y detenciones arbitrarias. Este es el segundo informe de esta oficina sobre la situación en Venezuela. El primero fue presentado el año pasado y criticaba la violencia con que se reprimió las protestas contra Maduro que dejaron unos 125 muertos en 2017. Ambos se basan en decenas de entrevistas y datos recolectados a distancia, pues las autoridades venezolanas le niegan al organismo el acceso al país. El documento presentado ayer se centra en las presuntas ejecuciones sumarias perpetradas en el curso de operaciones de lucha contra el crimen organizado denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) entre 2015 y 2017, y Operaciones Humanitarias de Liberación del Pueblo a partir de 2017. La Fiscalía de Venezuela inició 373 investigaciones contra agentes del Estado por estos casos, pero hoy no hay información sobre ellas. "Desde hace años se vienen menoscabando los equilibrios institucionales, así como el espacio democrático en Venezuela, lo que deja un escaso margen para hacer rendir cuentas al Estado", dijo el Alto Comisionado al destacar el caso del agente de policía rebelde Óscar Pérez y seis miembros de su grupo que fueron baleados cuando intentaban rendirse en enero. El secretario general de la ONU, António Guterres, respaldó el documento y manifestó que considera "impactante" el número de abusos documentados en Venezuela, según su portavoz Farhan Haq. Rechazo del chavismo El documento enfureció al gobierno de Maduro, que suele desestimar cualquier investigación internacional sobre lo que ocurre en el país, y calificó el informe como una "grotesca farsa mediática". "Venezuela rechaza categóricamente el informe (...) resultado de una metodología altamente cuestionable que sepulta la credibilidad y el rigor técnico exigido a una oficina de esa naturaleza", dijo el canciller Jorge Arreaza en un comunicado. El jefe de la diplomacia venezolana fue un paso más allá y acusó al funcionario internacional de ser un "cómplice" de las "agresiones de Estados Unidos", en referencia a las sanciones impuestas por Washington contra su país y que han acelerado el colapso económico de Venezuela, que enfrenta una escasez crónica de alimentos y medicinas, y una inflación desbordada que superaría el 13.800% este año, según el FMI. Maduro ha intentado calmar la tensión social provocada, al liberar a decenas de miembros de la oposición. No obstante, el gobierno niega que los detenidos sean presos políticos. Investigación en la CPI La oficina de derechos humanos de la ONU dijo que enviaría su informe a la CPI, cuya fiscal abrió en febrero una investigación por "presuntos crímenes" en el país sudamericano durante las protestas contra Maduro. Naciones Unidas sigue así los pasos de la Organización de Estados Americanos (OEA), que a principios de mes entregó su propio informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela a la corte, con la esperanza de que la indagatoria avance. "Este nuevo informe de la ONU continúa evidenciando la grave situación de derechos humanos en Venezuela, que ya acusaron la OEA y numerosas ONG internacionales. Ignorar y defender las políticas de Maduro es, sencillamente, estar de acuerdo con las violaciones a los derechos humanos de miles de personas", dijo a "El Mercurio" el argentino Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y uno de los tres expertos independientes que realizaron el informe de la OEA. Por el momento, la investigación de la CPI está en fase preliminar y se basa en datos que le han sido proporcionados por organizaciones internacionales, además de senadores de Colombia, Chile, Perú y Argentina, así como de la ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz. Una denuncia formal de parte de alguno de los países que han ratificado el tratado fundacional de la corte, entre ellos Chile, podría acelerar el proceso, pero nunca en los 15 años que lleva funcionando la corte un Estado ha denunciado a otro. "Esperemos que la Fiscalía de la CPI comience a actuar", manifestó Cantón. El problema es que los procesos de la corte suelen tomar años y que todavía se debe analizar si las evidencias son suficientes y, sobre todo, determinar que la Justicia venezolana no esté haciendo esfuerzos por investigar estos casos. La CPI es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad; es decir, no podría investigar el caso si la Justicia venezolana llevara a cabo genuinas indagaciones. El Alto Comisionado dejó clara la posición de su oficina sobre ese punto: "El Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela. La impunidad debe terminar". "La impunidad debe terminar (en Venezuela)".
Zeid Ra'ad al Hussein
ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE LA ONU.
