Los miembros de "La Manada" dejan la cárcel y miles de personas protestan en España
sábado, 23 de junio de 2018
Amanda Marton Ramaciotti
Internacional
El Mercurio
El tribunal que condenó a cinco hombres por abuso grupal consideró que no hay riesgo de fuga ni de reiteración delictiva.
Bajo un fuerte repudio social que desencadenó multitudinarias protestas en 32 ciudades españolas, los cinco integrantes de "La Manada", condenados a nueve años de prisión por "un delito continuado de abuso sexual", quedaron ayer en libertad provisional tras pagar una fianza de 6.000 euros cada uno. Acusados de violación grupal contra una joven de 18 años durante la fiesta de San Fermín de 2016, ellos esperan que se revise su caso en apelación, después de que la fiscalía recurriera la decisión de primera instancia, por considerarla demasiado clemente. En su decisión, los jueces de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra (a cargo del caso) sostienen que el hecho de que los cinco sevillanos hayan perdido el anonimato hace "menos que impensable" el riesgo de que reincidan en su delito. Los hombres filmaron su agresión y alardearon de sus acciones en un grupo en WhatsApp llamado "La Manada". El video fue usado como prueba en contra del grupo y así se pudo dar a conocer las identidades de los agresores. Para los magistrados, esta situación, unida al "rechazo social" en su contra, permite presumir que los condenados se encontrarán con "extraordinarias dificultades" para desarrollar una vida social normal una vez que regresen a sus casas. Grupos feministas de Sevilla ya iniciaron a través de las redes sociales una campaña que pretende aislar a aquellos establecimientos que ofrezcan trabajo o permitan la entrada a los miembros de "La Manada". Varios locales tienen carteles que dicen "en este establecimiento no atendemos a violadores. Este es un espacio seguro para las mujeres", reportó la prensa local. El tribunal también consideró que el reconocimiento de los miembros de "La Manada" complica la posibilidad de que se fuguen, porque en el caso de que lo intentaran, sería "fácil" para las fuerzas se seguridad ubicarlos. Este riesgo es menor, según los jueces, si se considera que los condenados carecen "de medios económicos para procurarse una fuga eficaz". Los magistrados concluyeron que los agresores -tres de ellos pertenecientes a la Guardia Civil, la Policía Local y el Ejército- viven a más de 500 kilómetros de la víctima, que no tienen antecedentes por delitos sexuales y que la alarma social que ha generado el caso ya no es un criterio legal para justificar la prisión preventiva, que cumpliría dos años el próximo 7 de julio. El presidente del tribunal, José Francisco Cobo, discrepó de la decisión y abogó por prorrogar la prisión preventiva de ellos de forma incondicional. A partir de ahora, "La Manada" estará sometida a un estricto control: prohibición de salir de España sin permiso judicial, retirada del pasaporte, obligación de presentarse en el juzgado más próximo los lunes, miércoles y viernes, y prohibición de ir a Madrid, donde vive su víctima. La Fiscalía de Navarra anunció ayer que recurrirá la decisión de su puesta en libertad provisional. El recurso debe ser resuelto por el mismo tribunal, por lo que las posibilidades de éxito son remotas. Joseba Asiron, el alcalde de Pamplona, la ciudad donde se produjo el ataque, también dijo que apelará la decisión del tribunal. Igualmente, una petición lanzada en la página web change.org contra la liberación de los condenados había sumado al cierre de esta edición más de 700.000 firmas. En 32 ciudades, entre ellas Madrid, Valencia, Sevilla, Granada y Pamplona, miles de personas protestaron contra la decisión judicial. "Es una provocación que el auto se haya conocido a pocos días del arranque de una fiesta que en 2016 saltó a la crónica más negra con la violación de un grupo de sevillanos a una joven de 18 años que acudía por primera vez a San Fermín", subrayó el comunicado de la protesta de Pamplona. La tradicional celebración se inicia el viernes 6 de julio y termina una semana más tarde. En Madrid, miles de manifestantes se congregaron frente a la sede del Ministerio de Justicia con un lienzo con el mensaje "violar sale barato". La sentencia, asegura Cristina Sainz, socióloga de la Universidad Autónoma de Madrid, hace urgente que se otorgue "la dotación presupuestaria para que se aplique el acuerdo sobre violencia contra las mujeres". En 2017, el gobierno del entonces Presidente Mariano Rajoy, las regiones y los ayuntamientos aprobaron una veintena de medidas destinadas a afrontar y prevenir la violencia machista en todos los contextos. El proyecto, que contaría con unos 200 millones de euros de financiación este año, hasta ahora solo dispone de 80 millones de euros. Ayer, la portavoz del gobierno socialista de Pedro Sánchez, Isabel Celaá, anunció que el Ejecutivo va a estudiar reformar el Código Penal en los artículos referidos a "la violencia y a la indemnidad sexual" y va a proponer una ley orgánica para mejorar la formación de los jueces en materia de violencia de género. APELACIÓN
Tanto la fiscalía de Navarra como la alcaldía de Pamplona anunciaron que apelarán.
