domingo, 01 de junio de 2008
Pablo Obregón Castro
Economía y Negocios Domingo
La Ley General del Trabajo que se discute en el Congreso amenaza con encarecer drásticamente el costo de la mano de obra, generar más informalidad y reavivar las viejas disputas entre los gremios empresariales y dos poderosas multisindicales.
Se cierne una amenaza sobre el renovado modelo de desarrollo peruano: la precaria situación laboral que se incuba por décadas y que hizo crisis durante la semana pasada.
Hace siete años, el gobierno del presidente Valentín Paniagua creó el Consejo Nacional del Trabajo -una comisión tripartita al estilo Meller- que no logró concitar acuerdos sobre los temas más espinudos del debate laboral, entre otros libertad sindical, negociación colectiva y costo del despido.
Durante la semana pasada, las relaciones entre los distintos actores se crisparon tanto como no ocurría desde 2003, cuando amplios sectores se levantaron contra las privatizaciones propiciadas por el ex Presidente Alejandro Toledo.
La discusión sobre la Ley General del Trabajo puso en pie de guerra a la empresarial Confiep, y a las multisindicales CGTP (liderada por la izquierda), y la CUT Perú, cercana al Partido Nacionalista del comandante Ollanta Humala.
Tanto, que a pesar de los intentos por bajar la tensión, las dos centrales rompieron la frágil tregua que mantenían con el gobernante Partido Apra de Alan García y convocaron a una movilización nacional para el 9 de julio, que amenaza con paralizar buena parte de Lima y extenderse a las zonas campesinas, afectadas por la iniciativa que promueve la explotación de la Amazonía.
Unos 50 mil trabajadores se encargarán de paralizar gran parte de la capital y quedará claro que la paz social no es un activo que el Perú pueda mostrar a los inversionistas, advirtieron los dirigentes de la CGTP, Luis Izarra, y de la CUT Perú, Jorge Reyes, en entrevistas concedidas a "El Mercurio".
Como contrapartida, la Confiep amenaza con judicializar el debate de la ya complicada agenda laboral del gobierno, lo que significaría reconocer el fracaso de las instancias de diálogo social que se construyeron tras la caída de Fujimori y -en opinión de las centrales- reinstalar el conflicto de clase como centro del debate político en Perú.
La amenaza laboral no pudo llegar en peor momento. El país exhibe el menor riesgo de su historia y le pisa los talones a Chile en el ranking de competitividad del IMD, en el que aparece por primera vez
Los temas álgidos
Los temas más arduos de la Ley General del Trabajo no son muy distintos a los que se discuten en Chile. Las multisindicales peruanas y la facción del Congreso están por reeditar la negociación por rama de actividad; eliminar las múltiples modalidades de contrato y duplicar el monto de indemnización, pasando de 12 a 24 sueldos.
La preocupación de los empresarios se hizo explícita el viernes a través de una dura proclama, en la que denunciaron el interés de algunos sectores del Estado de aprobar proyectos de ley "que nos restan competitividad y fomentan el aumento de la informalidad".
Su presidente, Jaime Cáceres, exhortó al Presidente García a vetar las modificaciones más conflictivas, bajo el supuesto de que afectarán el empleo en momentos en que el país recobra atractivo.
El director del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico de Lima, Eduardo Morón, señaló a "El Mercurio" que todas las propuestas que se vienen discutiendo en el Congreso apuntan a hacer más onerosa la creación de puestos formales de trabajo, lo que sienta un precedente peligroso para los inversionistas y para el incipiente proceso de modernización que vive Perú.
"Una economía con un gran sector de trabajadores con bajas capacitaciones más una legislación de rígidos controles genera un conjunto de empresas informales de baja productividad. El Perú como país puede seguir creciendo pero lo que observaremos será un cada vez mayor deterioro de la distribución del ingreso (...) Eso genera un ambiente poco propicio para un crecimiento sostenido", se lamenta Morón.
Reyes (de la CUT Perú), en tanto, reconoce que el desempeño económico del país ha impresionado a los inversionistas, pero también advierte sobre los riesgos de apostar por un país con profundas fracturas sociales.
"El 68% de los peruanos está en el sector informal y más del 54% vive con menos de US$ 2 diarios".
"Además, se ve en el exterior una imagen de paz social ficticia. Este año murieron cinco campesinos producto de la huelga del agro porque Alan García ha criminalizado la lucha social".
Se aprobó la ley de tercerizados, pero sindicatos siguen en pie de guerra
En paralelo, la semana pasada el Congreso aprobó una ley que regula la tercerización y que, entre otras cosas, obligará a las empresas a igualar las condiciones laborales de todos los trabajadores, incluidos los tercerizados. Esta nueva normativa también obligará a las firmas contratistas a tener múltiples clientes y sin vínculos de propiedad, para evitar el uso de empresas fantasmas. Pero para los trabajadores no fue suficiente y exigen, derechamente, abolir la figura de la subcontratación.
Mientras, la Confiep advirtió que si el Ejecutivo promulga la ley tal como está planteada acudirá al Tribunal Constitucional (TC) y lo mismo harían con el proyecto sobre el reparto de utilidades mineras, que está listo para ser debatido en el pleno del Congreso.
Para agregar más tensión, la justicia peruana ordenó a Telefónica Perú la reposición de los sindicalistas despedidos y abstenerse de continuar con el ejercicio de despidos , por ser incompatible con la Constitución Política.
Estas son las reformas que vienen
1 El Congreso aprobó duplicar la indemnización por despido injustificado, al aumentar el monto máximo de 12 a 24 sueldos. Para los gremios empresariales y el mundo académico, esta medida podría resultar contraproducente y terminar por aumentar la informalidad que prevalece en ese mercado. De hecho, con 62% de trabajadores informales, Perú tiene uno de los mercados laborales más precarios del mundo occidental.
2 Quedó pendiente el tema de la negociación colectiva. Los trabajadores y algunos congresistas exigen negociar por rama de actividad. Los empresarios quieren que la negociación sea a nivel de empresa y que se establezcan diferencias entre la pequeña, mediana y gran empresa.
3 Paralelamente, el Congreso aprobó la Ley de Tercerización, que crea un registro de empresas contratistas, las que deben tener más de un cliente y sin relación de propiedad. La idea es evitar el uso fraudulento de múltiples razones sociales.
4 También se discute en el Congreso la idea de extender el pago de utilidades a los trabajadores de cualquier tipo de modalidad de contratación. El viernes, esta iniciativa sufrió un revés, luego que el pleno del Congreso la devolvió a la Comisión de Economía. Sorpresivamente, los congresistas cercanos a Humala no apoyaron la iniciativa.
5 Se plantea la eliminación del tope de utilidades distribuidas, establecido en 18 sueldos. Esta propuesta es duramente criticada por los gremios asociados a la Confiep.
