La teoría del encubrimiento, en la mira de la fiscalía
domingo, 17 de junio de 2018
María Octavia Rivas y Andrés López
Reportajes
El Mercurio
Las diligencias llevadas a cabo en Rancagua y en Santiago el miércoles apuntan directamente a la forma en que la Iglesia ha manejado los abusos sexuales en contra de menores y a develar por qué las condenas canónicas no eran puestas en conocimiento del Ministerio Público. En esta línea, acceder al informe Scicluna será clave.
El martes 12, a las 10 de la mañana, el fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, llegó hasta las dependencias del Ministerio Público en calle Catedral. Lo esperaban los abogados Luis Torres, jefe de la unidad de DD.HH., y Antonio Segovia, a cargo de la unidad de cooperación internacional. El tema de la conversación era cómo elaborar un exhorto dirigido al Vaticano para pedir información sobre todos los casos de abusos a menores que haya conocido la diócesis de Rancagua, desde el 2007 en adelante. La historia había comenzado dos semanas antes, el 28 de mayo, cuando el fiscal Arias pidió al obispo de esa ciudad, Alejandro Goic, dos cosas: copia de tres expedientes canónicos específicos (dos cerrados y uno en proceso), además de todos los antecedentes que tuviera de procesos por abusos sexuales a menores. La respuesta había llegado el 5 de junio desde el Vaticano, específicamente desde la Congregación para la Doctrina de la Fe. Esta señalaba que la información que requería el fiscal era secreto pontificio y que cualquier trámite debía hacerse vía exhorto. La fiscalía y el juzgado de garantía rancagüino interpretaron esa respuesta como un no, razón por la cual se solicitó y aprobó una orden de entrada y registro en tres lugares: el obispado de Rancagua, el de Santiago y el Tribunal Eclesiástico. Con el allanamiento aprobado, Arias llegó a la reunión del martes. A la cita se sumó el fiscal nacional, Jorge Abbott, con quien analizaron la incautación que se haría al día siguiente. Quienes conocen detalles del encuentro aseguran que a poco andar surgió la idea de preguntar en todas las fiscalías regionales del país por las causas contra sacerdotes y de concentrar todo en un gran exhorto al Vaticano. Asimismo, se estimó que ante la presencia en Chile de los enviados papales, Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, lo mejor sería pedirles una cita para analizar la manera de proceder. La reunión se agendó directamente por un contacto por celular con Bertomeu para las 4 de la tarde del día siguiente, razón por la cual el encuentro tomó por sorpresa a la Conferencia Episcopal chilena. Se convocó, además de Abbott y Arias, a los fiscales del Maule, Marcelo Richards, y de la Metropolitana Sur, Raúl Guzmán. Los tres con causas "activas" contra sacerdotes. Si la reunión ya era sorprendente, lo que pasó al otro día fue un duro golpe a la Iglesia chilena. Por primera vez en democracia, la justicia allanaba dependencias eclesiásticas y se llevaba expedientes secretos bajo el derecho canónico. Horas más tarde, Scicluna y Bertomeu recibían al jefe del Ministerio Público y anunciaban una cooperación mutua y la entrega de información. Un dato fue especialmente comentado entre diversas fuentes ligadas al caso: la ausencia del nuncio apostólico, Ivo Scapolo, en la cita. Una señal que da cuenta de la distancia que Scicluna y Bertomeu han tomado de la curia chilena. El caso Manríquez "El objetivo de estas diligencias es pesquisar delitos contra menores de edad que aún no estén prescritos" fue la explicación del fiscal Arias a la salida del arzobispado. Sus palabras apuntaban a un dato específico: su foco se centra en las causas recientes que puedan ser perseguibles por la justicia y que, a su vez, grafiquen cómo la Iglesia se ha manejado frente al tema. Entre las sanciones canónicas que ha aplicado Goic en Rancagua existe un caso que diversas fuentes señalan como clave: se trata del sacerdote Carlos Mánríquez Rebolledo, ex párroco de Nuestra Señora de La Merced en la localidad de Zúñiga, San Vicente de Tagua Tagua, quien en 2016 fue expulsado del sacerdocio por abuso sexual en contra de un menor de edad, hecho ocurrido en julio de 2013, en el encuentro del Papa Francisco con jóvenes en Río de Janeiro. El comunicado de Goic que informó la sanción señaló: "En su momento, la Iglesia invitó al denunciante y a su familia a ejercer su derecho de acudir a las instancias judiciales del Estado para hacer presente este delito". No se dijo si la Iglesia denunció los hechos al Ministerio Público, pese a haber adquirido la convicción de que un menor fue abusado. Desde la fiscalía de Rancagua señalan que despejar ese actuar de las autoridades eclesiásticas es tan importante como castigar los delitos, pues una de las figuras penales a indagar es el encubrimiento. "No solo (investigaremos) a autores, sino que a cómplices y a encubridores, que posibilitaron la comisión al interior de esta organización", dijo Arias al final de las diligencias. "Ellos ven una situación bastante anormal en nuestro país, respecto de la cantidad de hechos que se están denunciando de esta naturaleza en relación a otros lugares del mundo. Lo que la Iglesia pretende es romper con lo que ellos denominaron esta psicología de élite, donde ciertos grupos ocultan estos hechos, obstaculizan las denuncias, las investigaciones y favorecen el abuso. (...) Eso es lo que la Iglesia quiere romper y por ello están acá Scicluna y Bertomeu", explicó luego del encuentro el fiscal Guzmán, graficando algo que llamó la atención de los fiscales. Es la sorpresa que manifestaban los enviados del Vaticano ante el caso chileno, quienes además decían representar el sentir del Papa en este punto. "(Decían que) cuantitativamente estos hechos son mayores que lo ocurrido en otras latitudes. Han manifestado la firme voluntad de romper con esta cultura del encubrimiento", acotó Guzmán. Un dato relevante para esclarecer los hechos relacionados con el encubrimiento es el informe elaborado por Scicluna en febrero. "Si queremos aclarar el encubrimiento naturalmente que ese informe nos interesa. Ahí está la destrucción de antecedentes, los abusos de conciencia, todo lo que conmovió y convenció al Papa", comenta uno de los fiscales que estuvieron con el obispo de Malta. Guzmán, quien lleva el caso Maristas en su fiscalía y cuyas víctimas declararon en ese informe, asegura que en la reunión Scicluna fue claro en pedir que se usen los conductos oficiales y en señalar que las puertas de la Iglesia quedaron abiertas: "Eso quedó expresamente de manifiesto". Mañana se realizará el segundo encuentro general de fiscales regionales en Santiago. El tema de la Iglesia será cuestión segura, ad portas de terminar el catastro de causas y preparar el exhorto al Vaticano. "Si queremos aclarar el encubrimiento, naturalmente que ese informe nos interesa", señala uno de los fiscales que estuvieron en la cita con Scicluna.
