domingo, 10 de junio de 2018
Matías Bakit R.
El_Mercurio
Tras el aumento de vigilancia en la frontera terrestre, y más aún con la exigencia de visas de turista a ciudadanos haitianos, se ha incrementado la llegada de ilegales en precarias embarcaciones. Este fenómeno, de alcances desconocidos, será analizado en el nuevo plan de fronteras, cuyos primeros pasos adelanta "El Mercurio".
El martes, en La Moneda, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, recibió a distintas autoridades de Carabineros, la Policía de Investigaciones, Ministerio Público, la Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) y la Dirección General de Aeronáutica Civil, entre otros. Pese a la variedad de invitados, el foco era muy específico: el norte del país. La autoridad ya había tenido encuentros con representantes de estas entidades durante su visita, en la segunda semana de mayo, a las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Ahí pidió evaluaciones preliminares de los distintos fenómenos delictivos que se enfrentan en la zona fronteriza. Esta vez, en Santiago, el encuentro fue más definitorio. Se debe hacer un levantamiento de la información y de los fenómenos que conforman el crimen organizado hoy en esa área. En este sentido hay un punto que preocupa especialmente a La Moneda y que se espera poder clarificar en el levantamiento de información ordenado. Según informes que han recibido en Palacio, en conjunto con la solicitud de visas a los ciudadanos haitianos que ingresan como turistas al país -que según el Gobierno prácticamente hizo desaparecer los ingresos ilegales por vía aérea-, tomó relevancia un fenómeno nuevo, desconocido hasta ahora en Chile, y que obligará redoblar esfuerzos, por ejemplo, a la Armada: el ingreso ilegal, o tráfico de personas, de extranjeros por vía marítima en pequeños puertos o caletas del norte, en condiciones muy precarias. De hecho, en la Armada reconocen el fenómeno como un problema real, con posibilidades de ir en aumento. "La entrada en vigencia de la reforma migratoria que restringe el acceso de extranjeros a nuestro país puede generar un aumento de ingresos ilegales por pasos fronterizos no habilitados, no descartándose la utilización de la vía marítima para tales efectos", expresa el jefe del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Directemar, capitán de corbeta litoral Daniel Hausdorf. Él agrega que el problema ya existe desde hace años y desliza una crítica. "La implementación de las medidas adoptadas en el marco del Plan Frontera Norte, que contempló el aumento de control solamente en las áreas terrestres, originó que se mutara la forma de ingreso de ilegales hacia la vía marítima y borde costero". Explica, además, que en la Armada detectaron dos modalidades de riesgo para tráfico de personas por vía marítima. Uno es por medio de pequeñas embarcaciones que zarpan desde países limítrofes -Perú en concreto- con destino a puertos de la zona macronorte del país. El otro es por medio de polizones a bordo de naves más grandes, de diferentes partes del mundo. Según cuentan fuentes que piden reserva, esta preocupación ha sido expresada incluso por las más altas autoridades del país. Por esto, se está esperando la llegada de toda la información de diversas fuentes, para analizar las cifras que se encontrarán. Consultado por "El Mercurio" sobre esto, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, explica que los antecedentes existentes "no son significativos". Sin embargo, él mismo reconoce "que esto no quiere decir que el fenómeno no exista. Hay riesgo de que esto, que sucede en varias partes del mundo, ocurra también en Chile. No podemos excluir nada". De hecho, en el levantamiento que se encargó el martes está incluida una estrecha petición de vigilancia a los pequeños puertos y caletas de las regiones de Arica a la de Coquimbo, precisamente para detectar tráfico de personas y de drogas por vía marítima. Todo esto, como parte del nuevo Plan de Frontera Segura, que empezó a tomar forma esta semana. 30 días de trabajo en terreno La continuación del Plan Frontera Norte lanzado en 2011 por la primera admistración del Presidente Sebastián Piñera, y que ahora se retomará con más presupuesto, intervención de más organismos, tendrá el foco en las "mafias" que operan ahí: de trata de personas, tráfico de armas y narcotráfico. Es, según cuenta el subsecretario, "la clave" para disminuir la delincuencia y la inmigración ilegal a Chile y "ordenar la casa". Explica Ubilla que en la reunión del martes se definió que todos los estamentos involucrados en la vigilancia, más la cooperación de los órganos de Inteligencia y las Fuerzas Armadas, se abocarán a 30 días de trabajo en terreno, donde inspeccionarán toda la costa desde Arica hasta Coquimbo, la Ruta 5 Norte en su totalidad y toda la frontera terrestre y los límites con Perú, Bolivia y Argentina. "Ese diagnóstico, que va a determinar las vulnerabilidades de la zona limítrofe marítima y terrestre, va a permitir elaborar un plan estratégico 2018-2022, que esperamos, en 90 días, presentárselo al Presidente Piñera para que lo apruebe y dé a conocer los detalles a la opinión pública", dice el subsecretario. "Quiero saber cuántas pistas ilegales aéreas existen. En Argentina, la droga bajaba por avión. ¿Acá tenemos de eso? Hay que ver. ¿Cuáles son las caletas de pescadores que facilitan el tráfico de drogas, armas y personas? Sabemos que los contenedores que vienen de Bolivia, algunos de ellos, cuando salen a Europa, vienen con droga. Ahora hay que preguntarse, cuando vienen de Europa, hacia Bolivia, ¿viene contrabando? Hay que averiguar cuáles son los fenómenos y vulnerabilidades", agrega. La autoridad explica que antes, en el Plan Frontera Norte, el énfasis era la transferencia de recursos, sobre todo a Carabineros e Investigaciones. Hoy, pese a que de todas formas habrá un traspaso importante, el nuevo foco es que la "estrategia se centre en la coordinación de todas las unidades que combaten el crimen organizado en una fuerza conjunta nacional". El modelo que la subsecretaría propondrá incluye la participación de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), la PDI y Carabineros, como entes dependientes del Ministerio de Interior. Este se coordinará, a su vez, con el Ministerio de Defensa, que entregará la información que recopilen el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. "La Directemar debe mantener el control de las actividades que se realizan al interior de los espacios marítimos chilenos (3 millones 681 mil 989 kilómetros cuadrados), tales como actividades comerciales y seguridad de la navegación. Esta tarea es de vital importancia, ya que la Zona Económica Exclusiva es transitada permanentemente por naves de pesca extranjeras que en ocasiones desarrollan pesca furtiva, y en otros casos también es empleada para el ingreso de drogas por estos espacios marítimos, lo que obliga a mantener una presencia sobre estas áreas", explica Hausdorf sobre el rol de la Armada. Otro ministerio involucrado será Hacienda, a través de la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos. Además, como servicios de apoyo, se pedirá el concurso del Instituto de Salud Pública, el Servicio Agrícola Ganadero y la Subsecretaría de Pesca. El último ente participante debiera ser el Ministerio Público, a través de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado. Para Ubilla, la importancia de este plan es que "se vuelve a poner el foco en la frontera. El concepto central es el combate al crimen organizado, tratando de detenerlo en los puntos de ingreso". Él explica que durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet "cambia el foco del Plan Frontera Segura y lo lleva al combate al narcotráfico. Deja de ser un plan centrado en la protección de los límites. Y ya no es solo la droga el problema. También lo son la trata de personas, el contrabando, la internación de armas". Cuatro etapas La primera etapa del Plan Frontera Segura es el diagnóstico ya mencionado, que evaluará la caracterización de la frontera, los problemas identificados para el control, la tecnología disponible y las estrategias utilizadas. Luego se realizará un levantamiento de las capacidades institucionales que buscará identificar las posibilidades legales y operativas de los órganos involucrados. La tercera etapa consistirá en un análisis de la experiencia y evidencia internacional disponible. Finalmente, sobre la base de este diagnóstico, se elaborará la estrategia definitiva del Plan Frontera Segura (2018-2022). Según información proporcionada por la Subsecretaría del Interior, el Plan Frontera Norte (2011-2014) tuvo una asignación de recursos de más de nueve mil millones de pesos. Esa cantidad fue aumentada luego por la estrategia que lo reemplazaría en el gobierno de la Nueva Mayoría, el Plan Nacional contra el Narcotráfico (2014-2022), que contó con casi 12 mil millones de pesos. Esta vez también aumentará el presupuesto, aunque se espera el resultado de los 30 días de trabajo en terreno para saber cuánto. Según Ubilla, habrá también un gasto en drones de vigilancia. "Hace cinco años, las tecnologías disponibles para operar a 4 mil metros de altura eran muy distintas a las de ahora. Hoy son más baratas y tienen mejor calidad. Eso tenemos que utilizar. Debemos tener más observación", explica.
