Una política fiscal realista y responsable

sábado, 09 de junio de 2018
Felipe Larraín B. Ministro de Hacienda
Opinión
El Mercurio

"...el ritmo de convergencia que hemos definido nos permite garantizar a la ciudadanía que no vamos a afectar las prestaciones sociales ni los compromisos asumidos en nuestro programa de gobierno...".

Esta semana han ocurrido cosas muy importantes en materia de institucionalidad y responsabilidad fiscal. El lunes enviamos al Congreso el proyecto de ley que le da autonomía política y operacional al Consejo Fiscal Asesor. Ese día también fueron nombrados los nuevos integrantes del actual Consejo, dado que el 31 de mayo se cumplió el período de los miembros anteriores.

El actual Consejo Fiscal Asesor fue creado por decreto el año 2013, durante la primera administración del Presidente Piñera, y desde entonces ha desempeñado un rol fundamental aportando mayor transparencia al cálculo del balance estructural, asesorando al Ministerio de Hacienda y contribuyendo al debate público sobre política fiscal.

Fue este Consejo el que detectó un error de cálculo en las cifras del año 2017, lo que significó que el déficit fiscal estructural, sobre el cual se guía nuestra política fiscal desde el año 2001, fue mayor al inicialmente informado en más de US$ 1.100 millones. Esta noticia, que se conoció solo a pocas horas del cambio de mando, significó que el punto de partida de nuestra situación fiscal era peor del que habíamos considerado como base al momento de elaborar el programa de gobierno. Fue este mismo Consejo el que evitó un cambio metodológico a la regla fiscal, por considerar que no estaba debidamente fundamentado.

El proyecto de ley que crea el Consejo Fiscal Autónomo es la principal innovación en institucionalidad fiscal en más de una década, desde que en 2006 se aprobara la Ley de Responsabilidad Fiscal. Organismos internacionales como la OCDE y el FMI recomendaron en los últimos años dar más autonomía a esta institución y aumentar sus atribuciones y responsabilidades. Con el envío de este proyecto de ley, demostramos nuestro compromiso con fortalecer la institucionalidad y la responsabilidad fiscal y, de paso, ponemos nuevamente a Chile en la frontera internacional de las mejores prácticas en esta materia.

Este proyecto de ley concita un apoyo bastante amplio. En la primera sesión de la mesa del acuerdo de Desarrollo Integral a la que convocó el Presidente Piñera, el respaldo a esta iniciativa fue unánime, lo que incluye a tres ex ministros de Hacienda de la Concertación y dos ex presidentes del Banco Central.

Por otra parte, el miércoles, cumpliendo con los plazos establecidos en la ley, dimos a conocer el decreto que guiará nuestra política fiscal en los próximos cuatro años. Es así como nos comprometimos a reducir anualmente el déficit fiscal estructural en 0,2% del PIB, llegando a 1% el año 2022. La estrategia fiscal anunciada se enmarca en el compromiso de avanzar gradualmente en reducir el déficit estructural que heredamos, equivalente a 2% del PIB, y es coherente con el objetivo de que la política fiscal contribuya al crecimiento económico, la creación de empleos de calidad, la estabilidad macroeconómica y el desarrollo general del país.

Nos hubiese gustado avanzar más rápido, pero la situación fiscal es más delicada de lo que pensábamos, tanto porque el punto de partida del déficit estructural es peor como por la existencia de presiones de gasto sin financiamiento que constituyen gastos comprometidos, las que identificamos tras una revisión exhaustiva de las cifras fiscales. Por su parte, el ritmo de convergencia que hemos definido nos permite garantizar a la ciudadanía que no vamos a afectar las prestaciones sociales ni los compromisos asumidos en nuestro programa de gobierno.

Algunos consideran insuficiente nuestro compromiso, pero esta es la trayectoria a la que responsablemente nos podemos comprometer con el país. Así avanzaremos en el logro de otros objetivos que nos hemos trazado, como son estabilizar la razón de deuda pública a PIB y recuperar nuestra clasificación de riesgo soberano. En definitiva, las buenas instituciones fiscales y la responsabilidad fiscal mejoran el bienestar de los chilenos.