miércoles, 21 de mayo de 2008
LINA CASTAÑEDA
Economía y Negocios Online, El Mercurio
Las diversas iniciativas que plantearon los centros de estudio al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma.
Libertad y Desarrollo, Instituto Libertad y Fundación Jaime Guzmán. El informe de estas tres instituciones señala áreas de trabajo en las que se puede avanzar sólo con voluntad de la autoridad, como es perfeccionar la Alta Dirección Pública.
Hay proyectos de ley en el Congreso a los que se les podría dar urgencia, como el de gobiernos corporativos de Codelco. En transparencia se puede avanzar, por ejemplo, el informe financiero que acompaña a los proyectos de ley, como la reforma previsional, donde nadie puede replicar los cálculos con la información entregada y en que no hay análisis de cuán variables son las cifras si cambia el crecimiento de la economía o las tasas de interés.
Se propone además estructurar las empresas públicas bajo un sistema de holding donde la responsabilidad radica en el directorio general, que puede ser el SEP, pero al que tienen que incorporarse todas las empresas.
Además, los expertos plantean avanzar en la venta de paquetes accionarios para tener directores independientes a fin de perfeccionar el control y conformación del directorio en sociedades anónimas que se administren como tales.
Expansiva. Entre sus orientaciones, plantea un Estado que sea visionario y prospectivo, en el sentido de ampliar su horizonte de trabajo, distinguiendo entre el período de un gobierno y el que requieren las políticas públicas (de una a dos décadas).
Propone además un Estado orientado a resultados, con evaluaciones hechas por un organismo independiente, transparente, participativo y descentralizado efectivamente, con gobiernos subnacionales que requieren recursos humanos debidamente seleccionados por la ADP y contrapesos que evalúen su gestión; integrador, flexible y en red, con temas nuevos que son transversales, como calidad de vida en las ciudades, protección social, planificación territorial y cuidado del medio ambiente.
Centro de Estudios Públicos. Entre las medidas de corto plazo para el Estado central, plantea que la Presidenta debiera comprometerse públicamente a cumplir un plazo máximo prefjiado para pronunciarse sobre las ternas y quinas que le proponga el Consejo de la Alta Dirección Pública (CADP).
En las reformas de discusión rápida propicia dar prioridad legislativa al proyecto que amplía la lista de servicios públicos sujetos a la ADP a varios de los 20 servicios que fueron excluidos en 2003, especialmente incluir a la Dirección del Trabajo, al SII, SVS, Servicio Nacional de Menores, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Comité de Inversiones Extranjeras, Fondo Nacional de Salud y, sobre todo, a la Dirección Nacional del Servicio Civil.
ProyectAmérica. Propicia revisar la Escala Única de Remuneraciones para igualarla en los servicios que cumplen las mismas funciones y dependen del Estado. Entregar mayor cuota de poder para la toma de decisiones a nivel local; estudiar un mejoramiento de los salarios de los altos directivos, junto a la creación de un Código de Ética para los funcionarios.
Propone fortalecer los espacios de interlocución entre el Estado y la sociedad civil a objeto de que la ciudadanía conozca y acceda a la oferta de servicios sociales estatales y que pueda evaluar las políticas públicas.
Fundación Chile 21. Plantea un Gran Acuerdo Nacional, para lo cual es necesario generar los mecanismos que permitan a todos los sectores aportar tanto al diagnóstico como en las medidas de solución. Para el corto plazo, propone un plan de retiro masivo para los empleados públicos, para una renovación en la dotación del servicio público; fortalecer la capacidad de gestión de las municipalidades, así como en los ministerios, especialmente en aquellos con altos niveles de gasto, como profesionales en salud, educación, vivienda y obras públicas.
Para el mediano plazo, propone crear el tercer pilar de la institucionalidad económica; el ministerio para el crecimiento económico, la innovación y la competitividad internacional; implementar un sistema que compare la eficiencia de financiar proyectos mediante el sistema de concesiones o con recursos públicos.
