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Escándalo de la Utem reveló riesgo de externalizar carreras

domingo, 18 de mayo de 2008

Bernardita Aguirre Pascal
Economía y Negocios Online, Enfoques

Planteles arman sociedades o se unen a empresas para impartir carreras. El caos de la U. Tecnológica Metropolitana, que entregó la carrera de criminalística a la empresa Celta, y la U. de Valparaíso, que se asoció con privados para dictar postítulos, develan un sistema que es legal, pero podría generar un "mercado de diplomas".



El jueves en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) renunció su casi por diez años rector, Miguel Avendaño, quien dejará esa casa de estudios cuestionado por la entrega de carreras universitarias a por lo menos tres sociedades.

Para algunos, una fórmula ideada por el rector para "ganar dinero vendiendo diplomas" y, para otros, una de las salidas que tienen las universidades estatales para ser competitivas en un mercado donde luchan con las universidades privadas. Pero que Avendaño llevó al extremo.

En 2004 la UTEM partió con Edutem S.A., sociedad que se formó para administrar todas las carreras de ingreso especial y las que no estaban dentro de la oferta regular del plantel. El mecanismo fue declarado improcedente por la Contraloría General de la República, que fue tajante: "Mencionada sociedad no puede impartir carreras ni tener injerencia en las funciones académicas que son propias de la universidad".

La UTEM continuó con el sistema, haciendo oídos sordos a la Contraloría y fue más allá cuando en 2005 estableció un convenio con la empresa Celta para impartir la carrera de criminalística.

En Celta la UTEM no tiene participación, pero la empresa usa su nombre para dictar la carrera. Celta se quedaba con el 70% de los pagos de los alumnos y la UTEM, con el 30% restante y se limitaba a entregar los diplomas, ya que los profesores eran externos y ni siquiera usaban las instalaciones de la universidad.

Así también trabajó con la sociedad Aula Limitada, que dictó la carrera de pedagogía básica y postítulos en regiones. Sin tener facultad ni escuela de educación la universidad habría entregado 2.500 diplomas a profesores repartidos de norte a sur del país.

Finalmente los que sufren las consecuencias son los alumnos que confían en que están en una universidad, pero no son parte de ella. "Entré sabiendo que esta era una carrera profesional de la UTEM, pero en segundo año supe que en realidad estudiábamos en Celta. No me importó, los profesores eran ex carabineros y de Investigaciones y el título igual lo daba la universidad. Lo que me importa es qué hizo la universidad con el 30% que se quedaban. Ellos nunca invirtieron nada en nosotros", alega Jimena Quezada, alumna de criminalística.

¿Engañados por el socio?

Con el fin de expandirse a Santiago, la Universidad de Valparaíso (UV) también se vio tentada con el sistema de sociedades. En 2004 formó la Sociedad Administradora de Gestión Universitaria, en la que la universidad es dueña del 50% y dos socios tienen el resto.

La rectora interina de la UV, Patricia Acuña, dijo que están en negociaciones para retirarse de esta sociedad y que no trabajan con ellos desde el año pasado: "Dictábamos con ellos sólo postítulos", dice, y agrega que el problema es que la sociedad siguió ofreciendo en internet los cursos usando el nombre de la universidad pero sin su patrocinio, aprobación, ni reconocimiento y con profesores que no son del plantel.

"Pusimos una inserción en el diario para que no se tomara nuestro nombre", explica Acuña. Pero la oferta a nombre de la UV continúa en internet.

Mineduc y rectores entran al debate

En el Ministerio de Educación explicaron que las universidades están facultadas para crear asociaciones. "Pero en ningún caso éstas pueden importar la transferencia o privatización de funciones o tareas propias de la Universidad. No es admisible que el servicio educacional sea prestado por un tercero y no por la universidad", dijo la jefa de educación superior del Mineduc, Sally Bendersky.

El problema es qué es el "servicio educacional", porque mientras algunos consideran que si la docencia queda en manos de profesores del plantel la administración puede estar en manos de terceros, otros consideran que la función de administrar docentes es parte de la tarea universitaria.

El rector de la U. Diego Portales, Carlos Peña, es estricto: "La administración docente, que es el plan de estudio, la malla curricular y la calidad de las clases, no debiera externalizarse".

Recuerda que las universidades son entidades sin fines de lucro. "Cuando ellas organizan sociedades comerciales para prestar servicios educacionales están cumpliendo la letra de la ley pero están traicionando el espíritu".

Juan Zolezzi:

"La docencia, la investigación y la extensión no se tercerizan porque son la esencia de la universidad"

Carlos Peña:

"Las universidades no tienen fin de lucro y tienen impedido subcontratar a un tercero la actividad educativa".

Sergio Bravo:

"Las sociedades comerciales no dan problemas mientras funcionan. El problema es cuando el negocio falla".

Falta de financiamiento y control estatal les impide competir

"Como no ha habido una política clara respecto a la educación superior y su financiamiento, a veces es cosa de sobrevivencia. Yo no justifico lo que se hizo en la UTEM, pero hay que mirar un poco el porqué la institución ha tenido que recurrir a ese esquema, sin perjuicio que en él se haya cometido irregularidades que tienen que ser investigadas", dice el rector de la U. de Santiago y presidente del Consorcio de Universidades Estatales, Juan Zolezzi.

El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, agrega que la externalización de administración y servicios se usa para evitar las trabas burocráticas que supone el control estatal. "Tampoco es bueno cerrar los ojos, las universidades estatales tienen gigantescos costos de administración por la cantidad de controles a los que están sometidas y lo hacen para poder competir en igualdad de condiciones con el resto. Esa es la explicación, pero eso no quiere decir que sea bueno", dice Peña.

Coincide el rector de la Universidad de La Frontera y presidente de la Agrupación de Universidades Regionales, Sergio Bravo, quien cree que la solución a este problema podría ir por liberar a las universidades de algunas de estas trabas.

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