Invertir en primera infancia

jueves, 24 de mayo de 2018

Editorial
El Mercurio

Son claros los beneficios que tiene la educación inicial para forjar una sociedad más equitativa, pero las propuestas para ello se deben evaluar con rigor, ya que existen muchos casos de experiencias fallidas por errores de diseño en las medidas impulsadas.

Existe creciente conciencia de que para alcanzar una sociedad más equitativa y próspera es fundamental invertir en primera infancia. Ese esfuerzo puede contemplar distintas formas, pero un foco central debe estar en educación. Todos los años se apunta con escándalo a las enormes brechas que se producen en las pruebas de admisión a las universidades por origen socioeconómico de los postulantes, pero pocos advierten que esa diferencia quedó fijada en gran parte antes de que esos alumnos entraran a primero básico.

De ahí que un grupo de 16 organizaciones de la sociedad civil se han unido para crear el Plan Inicial, un conjunto de propuestas que busca asegurar una educación inicial de primer nivel. Esta semana han comenzado una campaña de recolección de firmas en apoyo de la propuesta para sensibilizar a los líderes de opinión.

Las autoridades políticas se ven enfrentadas a muchas demandas ciudadanas y la visibilidad que logra cada una de ellas no corresponde necesariamente a la prioridad que debiera tener en función de su aporte a la sociedad. El objetivo de la recolección de firmas de las organizaciones civiles tras el Plan Inicial es precisamente equilibrar las presiones de grupos de interés más movilizados y activos, subrayando la necesidad de avanzar hacia un país más meritocrático.

Se trata sin duda de un esfuerzo valioso y que apunta en la dirección correcta, pero las propuestas propiamente tales que contiene el Plan Inicial deben trabajarse de un modo más preciso para producir un verdadero impacto. La evidencia es clara en documentar el gran potencial que tiene la educación inicial para reducir brechas en habilidades cognitivas y socioemocionales que luego redundan en grandes beneficios sociales y en equidad. Pero igualmente es rica en informar de experiencias fallidas por un diseño insuficiente y mala implementación de las iniciativas en este campo. En ese sentido, las propuestas no parecen suficientemente trabajadas como para impedir este último riesgo.

Al plantear un importante incremento -de intensidades distintas, dependiendo del nivel de que se trate- en el número de educadoras de párvulos y técnicos de educación parvularia, se incurre en un elevado gasto de carácter definitivo y resultados inciertos. Si bien hay propuestas complementarias que podrían ayudar a asegurar la calidad, como el fortalecimiento de la formación de educadoras, ellas están débilmente esbozadas y tampoco promueven instrumentos específicos que garanticen la satisfacción de este objetivo. También la cobertura universal en este nivel, otra de las propuestas, parece innecesaria y cara. Diversos estudios sugieren que los efectos de la educación inicial se diluyen a medida que avanza el nivel socioeconómico de los hogares. Es bueno, entonces, concentrar los recursos ahí donde más se necesitan.

En rigor, la principal tarea de las organizaciones civiles no es definir con precisión las instituciones y políticas públicas que aseguren una educación inicial de calidad. Mucho más importante es su aporte a fortalecer la visibilidad y el sentido de urgencia de abordar esta tarea. En este caso eso parece plenamente logrado y solo cabe tener presentes las complejidades involucradas en el logro de una educación inicial de calidad para no crear falsas expectativas.