"Estimamos disminuir al menos en seis meses la tramitación de los proyectos sin reducir ningún estándar"

domingo, 20 de mayo de 2018
Carlos Agurto López
El_Mercurio

José Ramón Valente, ministro de Economía, revela que al primer trimestre la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó los US$ 6.875 millones, "la segunda cifra más alta para este periodo en quince años", dice.

Dice que las cifras conocidas en las últimas horas respaldan el trabajo que están realizando. Esta semana se conoció el informe de Cuentas Nacionales del Banco Central que ratifican una recuperación de la inversión en los primeros tres meses del año: un alza de 3,6%, la mejor cifra desde el tercer trimestre de 2015, que se suma al 2,7% registrado en el último trimestre del año pasado.

En paralelo, el ministro de Economía, José Ramón Valente, nos da a conocer los datos de Inversión Extranjera Directa (IED), que alcanzaron los US$ 6.875 millones en los primeros tres meses del año. "La segunda cifra más alta para este periodo en quince años", destaca.

"Una golondrina no hace verano. Ojalá lo podamos mantener, pero esto nos muestra que hay un nuevo aire desde el punto de vista de la confianza de los inversionistas locales desde las elecciones del Presidente Piñera hacia adelante", celebra la autoridad.

En medio de la vorágine que implicó esta semana la firma del decreto en la que se creó la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) y el envío del proyecto de ley "Proinversión I", la presentación del proyecto de ley para el Pago Oportuno de Facturas a las Pymes y la conformación de la mesa transversal para un Acuerdo Nacional de Desarrollo Integral, convocada por el Presidente Piñera, Valente se refiere en esta entrevista a estos y otros temas que copan la agenda de su sector (ver recuadro).

-Respecto a la creación de la oficina GPS, ¿cómo se va a garantizar que esta instancia no será un fast track para la aprobación de proyectos pasando por sobre las normativas chilenas?

"Esta es una oficina de gestión de proyectos sustentables. (...) Hemos hecho un catastro de 203 proyectos, por US$ 65 mil millones. Es un catastro, y no significa que nosotros estemos haciendo gestión activa de cada uno de esos proyectos. Nosotros queríamos tener una dimensión de cuál era el tamaño de la oportunidad que tiene Chile. Pero, ciertamente, los s proyectos que van a ver la luz son aquellos que cumplan con la normativa chilena, que cumplan con los estándares medioambientales, que hayan hecho bien su trabajo con las comunidades y que cumplan con todo el resto de la regulación".".

-En el listado de proyectos que presentaron hay varios que dependen de la aprobación del mismo gobierno. Dominga tiene que pasar de nuevo por la comisión de evaluación ambiental y otros por el comité de ministros, como el Peñón de Walmart, o la línea Cardones-Polpaico. ¿Qué cronograma tienen para "empezar por casa" a destrabar estos proyectos?

"Para no llevar a la gente a confusión. Una cosa es que uno haga un catastro para ver la información que tiene, otra cosa muy distinta es que uno haga gestión de algunos proyectos en particular. El rol principal de esta oficina es de coordinación. Los proyectos que menciona están en el catastro, pero están en una instancia en la cual no hay un rol para la oficina en esos proyectos".

-¿No es que la oficina vaya a acelerar la aprobación de estos proyectos?

"No, porque no está en el rol de la oficina si es que estos proyectos van a ser vistos por un comité de ministros. O si estos proyectos están en una instancia judicial, eventualmente".

-¿Lo mismo para los que están en construcción, como Alto Maipo o la ampliación de Parque Arauco?

"Depende. Aquí se trata de alinear a las instituciones del Estado. Si un proyecto tiene un permiso que desde hace mucho tiempo la Dirección de Aguas no ha emitido, uno puede ir y preguntar a la Dirección de Aguas por qué no se ha emitido ese permiso, y puede decir "mire, se nos olvidó, tiene este problema". Queremos tener claridad en qué parte están los proyectos y si hay algún proyecto que esté arbitrariamente detenido o un permiso que eventualmente no haya salido y debiera salir. Tiene mucho que ver con alinear a las instituciones".

-El objetivo final es que estos proyectos se concreten. ¿Hay una meta de cumplimiento de proyectos o de montos de inversión?

"Nuestras metas son muy claras: queremos que la inversión vuelva a crecer a ritmos de 6 y 7%. Entre la oficina y el proyecto de ley que enviamos "Pro-Inversión I", estimamos que vamos a ser capaces de disminuir al menos en seis meses la tramitación de los proyectos sin reducir ningún estándar, simplemente por una mejor tramitación".

-¿Hay proyectos prioritarios?

"Hay proyectos que están bastante avanzados y que creemos que son relevantes, por la magnitud que tienen. Por ejemplo, Quebrada Blanca, un proyecto de US$ 5 mil millones que está bien avanzado en su tramitación y es el más grande que está en el catastro. Tenemos el caso MAPA -el proyecto de Arauco para ampliar la planta de celulosa Horcones-, que también está muy avanzado, que ya tiene completa su tramitación y que estamos dependiendo del directorio de la compañía si decide o no hacer el proyecto. Ese es un proyecto que se demoró casi 10 años en su aprobación. Entonces, uno piensa que quizá ya se le pasó la oportunidad al proyecto. Ojalá no sea el caso y Chile no se pierda un proyecto como ese".

Vamos a establecer las normas para que grandes empresas y pymes equiparen su poder de negociación

- Otra de las políticas que se lanzaron esta semana es el tema del pago oportuno a las pymes. Una de las dudas que surgen tiene que ver con el plazo máximo de 60 días para el pago, pero se deja un espacio para que ambas partes puedan convenir un plazo mayor. ¿No quedan en desventaja las pymes en esta negociación?

"Esos contratos no van a ser contratos de adhesión. No es un contrato en que pase y digo "firme aquí o no te compro"".

-Pero en la realidad, las grandes empresas podrían imponerles condiciones a las pymes...

"No queremos que ese sea el caso. (...) Vamos a establecer las normas para que las partes equiparen su poder de negociación. Habrá una regulación de esos contratos".

-El Estado es justamente uno de los peores pagadores, y la iniciativa considera una suerte de exención para municipalidades, servicios de salud y Cenabast. ¿Qué justifica esta medida?

"No le estamos dando una excepción al Estado, le estamos dando plazos. O sea, el Estado va a tener que cumplir las mismas condiciones que el resto de la economía. Lo único es que para el sector salud y las municipalidades necesitamos plazos para adaptarnos. La mochila de problemas que heredó este gobierno en estos sectores es tan grande, que no se puede hacer que cumplan inmediatamente".

-¿No es injusto para el sector privado que parte del Estado tenga mayor plazo para adaptarse a las nuevas exigencias?

"Lamentablemente, el deterioro financiero del sector salud no nos permite hacer otra cosa que lo que estamos haciendo. Nos habría gustado, sin duda, que todo el Estado inmediatamente entrara, igual que todo el resto de la economía, en esta regulación. Pero nos vamos a preocupar de arreglar esta situación en los próximos 36 meses, de tal manera de no dejarle una mochila a la próxima administración como la que nos dejaron a nosotros".

PAGO A PYMES EN TRES AÑOS PARA EL ESTADO:
Para el sector salud y las municipalidades necesitamos plazos para adaptarnos. La mochila de problemas que heredó este gobierno en estos sectores es tan grande, que no se puede hacer que cumplan inmediatamente. Lamentablemente, el deterioro financiero del sector salud no nos permite hacer otra cosa".

INGRESO DE TIANQI:
Es la FNE a la que le corresponde pronunciarse (...) Son independientes, y deben permanecer así".