martes, 13 de mayo de 2008
Pablo Obregón Castro
Economía y Negocios
En términos comparativos, el país tiene uno de los aparatos públicos más pequeños de la región: 90 mil trabajadores de planta, cifra que contrasta con el 1,5 millón de Argentina.
Expertos sugieren reemplazar el Estatuto Administrativo por un sistema similar al Código del Trabajo, de modo que las 80 mil personas semiinformales puedan integrarse.
Para efectos de esta nota, Buenos Aires presenta un caso perfecto: tiene un poco más de 14 millones de habitantes y, de ellos, más de 365 mil son empleados públicos. Mientras, Nueva York, con sus casi veinte millones de habitantes, no supera los 270 mil.
Al mismo tiempo, el gigante informático Google no necesita más de 11 mil empleados para funcionar, cifra ínfima comparada con cualquiera de los gobiernos provinciales de ese país y, por cierto, de Chile.
Los números son elocuentes: Argentina, con sus casi 1,5 millón de burócratas, es el ejemplo más fiel de que, en esa parte de mundo, el Estado se erige como el más poderoso generador de empleos y, tal como están las cosas, no hay visos de que el escenario pueda cambiar de forma considerable.
Tanto, que según artículos de la prensa argentina, ese país contrata unos cuarenta empleados públicos por día, los que vienen a engordar un ya formidable Estado empleador. Del mismo modo, el gobierno de Lula Da Silva está creando por estos mismos días un aparato público jamás antes visto, con unos 3 mil empleados públicos adicionales por cada mes.
Mientras, en Chile el problema camina por otro sendero. Con 90 mil empleados públicos en todo el país, el aparato público no se presenta como una maquinaria exorbitante para un país que se empina por sobre 16 millones.
Pero el dilema no tiene relación con el número, sino con el particular régimen contractual de esas personas. Como la base de funcionarios está congelada desde hace 10 años, el Estado ha recurrido sistemáticamente a la figura de los empleos a contrata y honorarios para hacer frente a sus nuevos desafíos. Tanto, que el número de semiinformales que trabajan para el Estado se empina por sobre los 80 mil trabajadores.
Tal como advierte el presidente de la Anef, Raúl de la Puente, si se consideran sólo los funcionarios propiamente tales, el Estado de Chile es por lejos el más eficiente de América Latina. De hecho, los funcionarios del Estado representan apenas el 6% de toda la fuerza de trabajo, cifra que contrasta con el 40% de algunos países nórdicos.
Claro que estas cifras resisten algún grado de análisis mayor. Si a los 90 mil empleados que se desempeñan en el gobierno central se suman los 80 mil a contrata, los 185 mil empleados municipales, más los 85 mil funcionarios de universidades públicas y empresas del Estado, el escenario se relativiza.
Pero más allá de las cifras, el tema de fondo tiene relación con la capacidad de gestión del Estado. Tal como advierte la investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, Rossana Costa, el régimen de planta que prevalece en Chile es anticuado y poco funcional: "opera como un derecho adquirido para los que están adentro, pero no es eficiente para los nuevos".
La Anef estima que el Estado tiene a contrata y honorarios a más del 40% de su gente. Dentro de este universo, incluso hay personas subcontratadas que prestan servicios en casinos, vigilancia o están en caja, como sucede en Fonasa.
La planta de la administración pública prácticamente no ha crecido en 10 años. En 1996 sumaba 90.048 y hoy bordea los 91 mil. Mientras, los trabajadores bajo régimen alternativo se doblaron en ese período.
"La contrata tampoco me parece. Hay que avanzar hacia una institucionalidad intermedia, parecida a la que opera en el mundo privado, que es mejor que la contrata y, a la vez, permite que no siga creciendo la planta", dice Rossana Costa.
Una investigación de Expansiva advierte que el número de directivos y funcionarios no es el foco más apropiado para asumir la modernización del Estado, sino la política de administración de personal: En las condiciones actuales existe poco de carrera y mucho de rigideces. No hay una buena evaluación de desempeño,existe inamovilidad de facto, carencia de movilidad horizontal, el nivel directivo de tercer nivel está capturado, advierte el estudio.
A renglón seguido, agrega que la atracción de buenos directivos necesita de remuneraciones competitivas, lo cual es un problema más político que financiero, y que requiere de un acuerdo con altura de miras con los gremios.
"La contratación de buenos directivos sólo será efectiva si está acompañada de un mayor grado de autonomía en la gestión y de un contrato de desempeño efectivo, con un conjunto reducido pero significativo de indicadores cuantitativos y cualitativos, en los cuales la calidad del servicio a la ciudadanía y la eficiencia en el uso de recursos deben ser los pilares" concluye la investigación.
