Discusión en torno al Ministerio Público

jueves, 17 de mayo de 2018

Editorial
El Mercurio

Se requiere un especial esfuerzo del fiscal nacional para mantener la discusión sobre políticas de persecución penal, en un marco que apunte al perfeccionamiento del Ministerio Público.

La consolidación del Ministerio Público, y en particular de la figura de su titular, el fiscal nacional, es un desafío para el que no existe un modelo al cual aferrarse. Una institución de la relevancia de la fiscalía requiere un proceso de instalación y ajuste institucional que no se alcanza en los menos de 20 años que han transcurrido desde su puesta en marcha. En parte, porque junto a los aspectos físicos -como levantar la infraestructura que ha requerido la nueva justicia penal- y de recursos económicos, se requiere crear una cultura organizacional y laboral para que un cuantioso equipo de profesionales venidos desde distintas áreas se vayan imbuyendo del espíritu que debe animar al Ministerio Público.

La exposición mediática del fiscal nacional -y en general de los fiscales- es una dimensión cuya expansión probablemente no estuvo en mente al discutirse la creación del Ministerio Público. Era previsible que la idea de publicidad y transparencia que animaba esa reforma a las investigaciones penales en Chile generaría ciertas tensiones entre las distintas figuras intervinientes en un proceso. De ahí las regulaciones que se establecieron respecto de la reserva de los antecedentes de la investigación, entre otras materias.

Con todo, diversos factores -como el impacto público de las causas sobre financiamiento irregular de la política-, así como el avance tecnológico, con la irrupción de las redes sociales, han acelerado el vértigo comunicacional en torno a la fiscalía y los fiscales, transformándose algunos de sus profesionales en auténticas figuras mediáticas. Ese cuadro general dista de aquel en que le correspondió ejercer sus responsabilidades a Guillermo Piedrabuena, primer titular del Ministerio Público, e incluso al segundo fiscal nacional, Sabas Chahuán, pese a que durante la gestión de este explotaron las causas sobre financiamiento irregular de la política por diversas empresas y concentraron su atención en la fase final de su período. Estas últimas investigaciones judiciales concitaron enorme interés ciudadano y dieron origen a diversas tensiones entre el Ministerio Público y el mundo político, particularmente los legisladores. El uso de los recursos de que disponen los congresistas para el cumplimiento de sus responsabilidades, desde ítems de transportes hasta fondos para asesoría profesional, ya habían causado roces entre fiscales y parlamentarios. De hecho, el actual fiscal nacional, Jorge Abbott, fue uno de los primeros en indagar el uso incorrecto de asignaciones parlamentarias cuando se desempeñaba como fiscal regional de Valparaíso.

A partir de su reciente cuenta pública, el fiscal nacional se ha visto expuesto a un inusual debate, que incluso ha derivado en el anuncio de la activación de un proceso ante la Corte Suprema para intentar su destitución por parte de parlamentarios del Frente Amplio. En esta polémica también han intervenido activamente ex funcionarios del Ministerio Público, lo que lamentablemente la tiñe por momentos de un tono de "rencilla interna".

Nada de esto favorece el proceso de maduración y consolidación institucional del Ministerio Público ni el necesario principio de autoridad de quienes lo dirigen. Asimismo, serían esperables ciertos estándares de discreción para quienes dejan sus funciones como fiscales. A menos, claro está, que tengan antecedentes de una irregularidad dentro de la institución, pero si sus críticas y cuestionamientos a la fiscalía surgen de diferencias de apreciación o énfasis con sus superiores o con la institución misma a la que pertenecieron, se deberían manifestar de manera de no dañar la labor del Ministerio Público. Algo de esto parece sobrepasado en la actual polémica. Probablemente se requiera un especial esfuerzo del propio fiscal nacional para mantener una legítima discusión sobre políticas de persecución penal, en un marco que apunte al perfeccionamiento del Ministerio Público.