domingo, 11 de mayo de 2008
Alejandro Sáez Rojas
Economía y Negocios
Las dificultades para obtener recursos para el sistema de transportes llevó a que se diseñara una intrincada trama legal que permitiera endeudarse con el sector financiero. Así lo hicieron con el BancoEstado y ocurrió también con el BID.
Complejo parece ser el adjetivo que más le acomoda a las platas del Transantiago. El ministro de Transportes envió la semana pasada un proyecto de ley con un subsidio transitorio de US$ 135 millones por tres años y otro permanente de US$ 210 millones para financiar el pasaje escolar, pero mientras tanto el Congreso aprueba los fondos la locomoción santiaguina necesita plata para seguir funcionado.
Por eso es que se diseñó una intrincada trama para allegar recursos al Transantiago. Una de ellas es una madeja que no termina de entenderse del todo: la línea de crédito que el Banco Interamericano de Desarrollo entregó al transporte capitalino. Aún no es posible conocer ni la tasa de interés ni el porcentaje de garantía que aportará la Corfo, a través de una línea de fomento para el sector privado, porque aún se están cerrando las condiciones de costos de esta línea financiera.
¿Será el Estado chileno el que adeudará estos US$ 400 millones? No, según el diseño legal del Transantiago. Es la "Cuenta Especial de Reembolso". El represante para el BID en Chile, Jaime Sujoy, la describe como un "patrimonio jurídico privado que gestiona el Administrador Financiero del Transantiago (AFT)". Pero ojo que los US$ 400 millones tampoco son un préstamo a la AFT. O sea, no serán los bancos los que pagarán. ¿Quién entonces es el dueño de la cuenta y quién tendrá que saldar la línea cuando se use?
Según fuentes de Gobierno, esa cuenta es propiedad del sistema de transportes del Transantiago.
Legalmente este tipo de cuentas -que se conocen como patrimonios de afectación- deben tener un titular o propietario que sea una persona jurídica. Pero en este caso el sistema no es una persona jurídica.
En el Ministerio de Transportes señalan que la figura creada -con motivo de los aportes que recibió del Estado al Transantiago por parte del fisco y que también para endeudarse con el BancoEstado- está perfectamente ajustada a derecho. Por lo tanto, tiene la posibilidad de endeudarse y entregarle recursos al Transantiago. ¿Cómo pagará? Con cargo a los flujos que vayan surgiendo de la tarifa del Transantiago y de los subsidios que le entregue el Estado a la operación del sistema.
¿Cuenta privada?
Un punto clave es que esta cuenta es privada, subrayan en el Ministerio de Transportes y así ha sido ratificado por un dictamen de la Contraloría General de la República emitido en abril. Aun así, todavía queda que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el apego a la Constitución de este tipo de operaciones.
Como es privada, las entidades crediticias que le presten a ella no le están dando dinero al fisco, entienden en el Ministerio de Transportes. Como es así, a su juicio, no se requiere de una ley para autorizar este préstamo.
Los abogados que impugnaron el crédito del BancoEstado a solicitud de un grupo de 12 senadores de la oposición, consideran que esta cuenta es pública, porque, al final del día, es el Estado el que tendrá que pagar el crédito. Por lo tanto, como se trata de un endeudamiento del Estado, requiere de una aprobación legal. De lo contrario, se están pasando a llevar normas constitucionales. Así lo hicieron ver para el BancoEstado, pero lo mismo ocurriría con el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo.
Si la Cuenta de Reembolso es pública, otro aspecto inconstitucional es que se están aprobando el uso de recursos más allá del período presidencial. Para ello se requiere una ley de quórum calificado, lo que no cumple la norma que creó dicha cuenta.
Otro punto que es importante es el rol que jugará la Corfo como garante. No se sabe el porcentaje que tendrá que respaldar. Pero si fuera el 50%, se trataría de US$ 200 millones, un monto alto para la Corporación. En la oposición se extrañan de que el BID haya señalado en su comunicado que éste era un crédito sin garantía soberana. Porque de todas maneras la Corfo es una entidad que le pertenece al Estado de Chile. Sin embargo, en el Ministerio aclaran que los recursos se respaldarán a través de una línea de crédito que se usa para el mundo privado.
¿Una ayuda al gobierno de Chile? En el organismo dicen que no hay interpretación política del crédito
Axel Buchheister es uno de los abogados que preparó la queja en el Tribunal Constitucional por el préstamo que se le concedió al Banco-Estado. Las dudas también le surgen cuando analiza el préstamo que le entregó el BID.
Opina que, si se prueba el punto que ellos han querido hacer ver, el BID estaría avalando que el Gobierno chileno actúe autónomamente, saltándose la potestad que le corresponde al Congreso de aprobar un proyecto de ley.
En el Banco Interamericano de Desarrollo no quieren entrometerse en una definición legal que les corresponde a los tribunales chilenos. Sólo opinan que no le dan al préstamo ninguna interpretación de orden político, en el sentido de dar una mano a un plan de transporte cuyo financiamiento aún no está garantizado.
Jaime Sujoy destaca además los US$ 10 millones que se entregarán para la implementación de la Autoridad Metropolitana de Transportes, donde el organismo entregará sus conocimientos en materia de transportes.
