domingo, 11 de mayo de 2008
BERNARDITA AGUIRRE PASCAL
Economía y Negocios
"El Mercurio" revisó qué pasó con las 89 personas que fueron denunciadas por actos violentos en El Teniente, Andina y El Salvador entre 2007 y lo que va de 2008. Los acusan de descarrilar un tren, secuestro y quema de buses. Todos, salvo uno, están en libertad.
Como un héroe salió el lunes 5 de mayo de los tribunales de Rancagua el único trabajador que fue condenado por quemar 11 buses en El Teniente. Luis Gómez Sánchez fue condenado a cinco años de cárcel, pero cumplirá la pena en libertad vigilada.
Y lo celebró con aplausos y vítores de sus compañeros que ocupaban la Alameda de Rancagua.
Entre mayo de 2007 Codelco ha denunciado a 89 personas, sólo una permanece en prisión preventiva. Los más castigados: el que fue condenado a cinco años y goza de libertad vigilada y otro que pagó una fianza de $600.000. El resto está libre.
La preocupación por la escalada de violencia y el tratamiento que dan los tribunales a los detenidos, ha llegado hasta las reuniones de directorio de Codelco donde temen que esta sensación de impunidad genere más violencia, la que se podría extender como el "fuego en la pradera".
"Nos hemos acercado a nuestros abogados para pedirles que pongan un mayor esfuerzo para lograr resultados", explica un alto ejecutivo de la cuprera.
Los trabajadores de planta están alineados. "Quienes participan en la violencia gozan de absoluta impunidad. Apedrean a nuestros trabajadores, queman buses, si eso no es delito, ¿qué es?", reclama el presidente del sindicato número 7 de El Teniente, Julio Jalil. "¿Esperan que se desbarranque un bus y haya muertos para hacer algo?", agrega.
Para el país el coletazo viene por las péridas. Entre 2007 y hoy Codelco ha dejado de producir más de US$ 400 millones por el vandalismo en las movilizaciones.
Dos versiones
Los tribunales justifican sus fallos pero queda la sensación de que los daños que dejan las movilizaciones sindicales, quedan impunes porque no han habido condenas suficientemente fuertes contra los que hacen desmanes.
Sin embargo los abogados de la empresa tienen otra visión. "En El Salvador la realidad ha sido dura porque la ciudad queda sitiada con resultados macabros. Hemos tenido muy poco apoyo a nivel político y jurídico. Presentamos varias querellas y recursos desde el año pasado, sin resultados", dice un abogado de la cuprera, quien se queja de que hasta la fecha no hay ni un solo imputado en El Salvador.
Secuestro en Andina
En Andina, Codelco presentó una querella por secuestro, luego de que cerca de 200 trabajadores se tomaran algunas dependencias y retuvieran a mil trabajadores, contó el consejero jurídico, Manuel Opazo.
Ocho subcontratados fueron formalizados por robo con violencia cuando se les encontraron especies robadas, pero la detención fue declarada ilegal por el tribunal.
Sobre el juicio por secuestro el fiscal de Los Andes, Ricardo Reinoso dijo que "primero habría que demostrar que existió el delito de secuestro".
A este caso puntual, en época de manifestaciones Andina suma una serie de detenidos en barricadas. En las noches los juzgados de Los Andes se llenan de trabajadores que al día siguiente son puestos a disposición de los juzgados de garantía. "Dos personas fueron condenadas una por un incendio de una camioneta, que estuvo preso y otro por desórdenes", recordó el fiscal Reinoso.
El Teniente
Entre enero y abril de este año las denuncias por desórdenes públicos y daños eran pan de cada día en El Teniente. Fueron demandadas 33 personas ante la Fiscalía de Rancagua y prácticamente para ninguna de ellas hubo consecuencias, sólo a dos el Ministerio Público les ordenó fijar domicilio y "abstenerse de participar en manifestaciones públicas de reivindicación".
Sobre estos casos el fiscal jefe de Rancagua, Servando Pérez, no se refirió, aludiendo exceso de trabajo y falta de tiempo.
Abogados explicaron que a la mayoría de detenidos por desórdenes se les aplican salidas alternativas y quedan en libertad. Si el detenido no tiene antecedentes y el delito no es grave le imponen condiciones, como no ser formalizado nuevamente por otro delito o no asistir más a protestas. Si lo cumple la causa no existió.
A quienes son formalizados por desórdenes, catalogados como falta, se les aplica una multa de entre 1 y 4 UTM que para quienes no tienen juicios anteriores puede suspenderse por seis meses y si en ese plazo no tiene otro problema con la justicia, la multa nunca se paga.
Saliente fiscal de Rancagua reconoció que "el sistema judicial no es el más adecuado para resolver estos conflictos"
"No es bueno utilizar el sistema judicial para resolver los conflictos sociales, porque hay otros derechos que aplicar antes que el derecho penal como solución", dijo a fines de la semana pasada el ex fiscal jefe de Rancagua, José Luis Pérez Calaf.
El tema lo reafirmó el lunes pasado a la salida de la audiencia de su último caso como fiscal, en la cual se condenó a Luis Gómez Sánchez a cinco años de cárcel, que cumplirá en libertad vigilada, por la quema de once buses en El Teniente.
"El sistema judicial no es el más adecuado para resolver este tipo de conflictos", dijo en la oportunidad.
Consultado sobre la señal que da dejar en libertad a alguien que quemó 11 buses. Dijo que "lo concreto es que acá el incendio de un bus originó el incendio de otros tantos más, que estaban contiguos a él".
No consideró que en el fallo hubiera mano blanda. "Quizás no fue lo dura que se esperaba. Se piensa que la pena más alta es la más dura, pero para nosotros la pena justa es la más dura".
