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A casi tres años desde que se inició la investigación penal que involucró a SQM con el financiamiento ilegal de campañas política, el equipo de investigadores del caso, liderados por el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, ya trabaja en la formulación de la acusación de los imputados y se estima que debiera estar presentada a más tardar en junio próximo. En la recta final de la causa, al interior del Ministerio Público reconocen que el cómo sostener el delito de cohecho, en la arista "Royalty", se ha transformado en una de las principales vallas que tendrá que sortear la fiscalía. Ello, pues no solo se debe acreditar la solicitud o el ofrecimiento de dinero, también es necesario demostrar la existencia de pagos y, probablemente, lo que resulta más complejo de acuerdo a la información que se ha recabado en la indagatoria: probar que esos dineros fueron entregados a cambio de actos propios del cargo de un funcionario público. Alta probabilidad de absolución En el caso del ex senador de la UDI Pablo Longueira, a quien la fiscalía le atribuye delitos tributarios y cohecho, luego que se conocieran intercambios de correos electrónicos con el ex gerente general de la minera no metálica Patricio Contesse, en plena tramitación de la Ley del Royalty en 2010, habría una complicación mayor: no se ha podido acreditar pagos directos al entonces congresista en sus cuentas bancarias. Pese a la dificultad de acreditar el cohecho, según quienes conocen los detalles de la causa, el fiscal Gómez habría tomado la determinación junto a su equipo de investigadores de seguir adelante con el tipo penal, aunque la posibilidad de que el tribunal termine absolviendo a Longueira por ese delito, y por ende al ex gerente general de SQM Patricio Contesse por soborno, es alta. La absolución, sin duda, significaría un duro golpe para los investigadores. Sin embargo, en el Ministerio Público aseguran que entre los fiscales a cargo del caso existe la convicción de poder obtener una condena con los antecedentes que constan en la carpeta de investigación. La apuesta de Gómez se diferencia de la decisión recientemente adoptada por el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, en el caso Penta, en que también se indaga el financiamiento irregular de campañas políticas, quien optará por recalificar el delito de cohecho por el de enriquecimiento ilícito en el caso del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, ante la imposibilidad de la fiscalía de acreditar que "los actos propios del cargo" por parte de la ex autoridad fueron a cambio de los pagos de Penta. Con esto, se espera también que el persecutor elimine de la acusación el delito de soborno, que se les imputó originalmente a los dueños del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Con miras a un juicio oral El escenario judicial para los principales implicados en la causa aún no está del todo claro. De acuerdo a los que conocen la investigación, dependerá en el caso de algunos imputados de lo que resuelva próximamente la Corte de Apelaciones frente al recurso presentado por la fiscalía para que se rechace la resolución del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, que recientemente dictó el sobreseimiento del ex senador Fulvio Rossi en la causa. En su argumentación, el juez Fernando Valderrama consideró la jurisprudencia de la Corte Suprema en el fallo que rechazó el desafuero del ex congresista, porque no era posible acreditar que había actuado con dolo y que quisiera afectar el patrimonio fiscal. Entre las defensas se interpretó que la resolución pondría en riesgo el futuro de las causas de financiamiento irregular de campañas políticas, ya que algunos imputados podrían solicitar el sobreseimiento basándose en los mismos argumentos del juez y el máximo tribunal. De lo que resuelva el tribunal de alzada capitalino dependería, por ejemplo, el término judicial que podría enfrentar el ex senador Jorge Pizarro en el caso. De todas formas, una vez cerrada la investigación, la fiscalía acusaría al senador Jorge Pizarro y solicitaría su desafuero. Por ahora, los implicados que llegarían al juicio oral son Patricio Contesse, Pablo Longueira y Marco Enríquez-Ominami.