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DICTAMEN DE LA CONTRALORÍA CONSIDERÓ ILEGAL LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA INSTITUCIONAL:

La doctrina del contralor que inquieta a La Moneda

domingo, 13 de mayo de 2018

Bárbara Vial y maría Octavia Rivas
Reportajes
El Mercurio

En solo dos meses, la Contraloría ha recibido cuatro requerimientos que han terminado impactando al Gobierno. En los últimos días, Jorge Bermúdez Soto ha estado en la mira tanto del oficialismo como de la oposición, pues miran con atención cómo la Contraloría se ha transformado en una institución con mayor protagonismo. Por su parte, el Gobierno analiza los pasos de Bermúdez y teme que se expanda una doctrina que vislumbraron en el dictamen contra el protocolo de la Ley de Aborto que, a juicio de ellos, "pondría en duda el rol de la sociedad civil".



"Ya era hora de que alguien pusiera algo de racionalidad en toda esta discusión de la objeción de conciencia", así escribió en su cuenta de Twittter, a las 20:58, el abogado constitucionalista y ex candidato presidencial Fernardo Atria. El académico acompañó sus palabras junto a una foto de dos párrafos del dictamen, que hacía tres horas había impactado en la agenda del Gobierno. Cerca de las cinco y media de la tarde del miércoles 9 de mayo, el Presidente participaba de la reunión semanal del comité comunicacional. Fue en medio de ese encuentro que el Mandatario se enteró de que la Contraloría había determinado que el protocolo enviado por el Ministerio de Salud no se ajustaba a derecho. La principal razón era que no se podía aplicar la objeción de conciencia institucional en la Ley de Aborto en tres causales. En esa misma reunión, el comité político decidió inmediatamente fijar la postura del Gobierno: se acataba el fallo, pero no se compartía.

Lo que señalaba el escrito firmado por el contralor Jorge Bermúdez es que, en primer lugar, el protocolo tanto del gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet como el del enviado por el Ministerio de la Salud eran ilegales, pues se debía hacer por medio de un reglamento que es el que ejecuta la normativa. Con eso, La Moneda sacaba "cuentas positivas", ya que también se involucraba a la ex ministra de Salud Carmen Castillo como responsable del protocolo. Pero había otro argumento que iba más de fondo, y que era que aquellos servicios de salud privados que tienen convenios con el Estado, a través del Decreto con Fuerza de Ley 36 (DFL 36), no pueden ser objetores de conciencia -en este caso, para la Ley de Aborto en tres causales-, porque a juicio de la Contraloría, están cumpliendo una función pública.

Los párrafos clave

Este último argumento fue leído con detención por La Moneda, y aseguran que fueron los párrafos 11 y 12 del segundo capítulo del dictamen lo que les llamó la atención. En el documento se señala que aquellas instituciones privadas que tengan convenio con el Estado no pueden acogerse a la objeción de conciencia institucional, "pues si bien se trata de entidades de carácter privado, tienen el deber de dar cumplimiento a una función pública" y, según el organismo fiscalizador, es por eso que se les han dado los recursos. Además, se argumenta que de no ser así, "el Estado dejaría de garantizar el otorgamiento de las prestaciones de salud, incidiendo ello en el libre e igualitario acceso a la salud". Argumento que desde La Moneda reconocen que los inquieta, porque tiene relación con algo más bien "doctrinario". Si bien el fallo se refiere solo a los hechos de salud, la tesis de que "habiendo un peso público en una entidad privada se entiende como público", se podría desprender que las universidades públicas tampoco deberían existir. En el oficialismo plantean que con esto se abre una serie de interrogantes: "¿En qué queda la autonomía universitaria?". "¿La UC, por ejemplo, pasa a ser un servicio público en materia de universidad? ¿Es el Estado el que le dice qué tiene que hacer o no hacer?", señala una alta fuente de La Moneda. "Sería un cambio copernicano", agrega un personero del Gobierno. "Si ese principio se extiende a otras áreas, significa terminar con la sociedad civil", dice el diputado de la UDI y miembro de la comisión de Salud Jaime Bellolio.

Boicot a las mesas de trabajo

A pesar de la discrepancia, desde La Moneda insisten en que realizarán un nuevo reglamento, esta vez apoyado por la Segpres, luego de que el ministro de Salud, Emilio Santelices, enviara -sin previo aviso al Presidente- el protocolo a Contraloría. Un hecho calificado como el primer revés para el Gobierno, ya que, en medio de los anuncios de mesas de trabajo para los cinco acuerdos que lidera el Ejecutivo, fue el jefe de la cartera quien, según fuentes de Palacio, le entregó a la Nueva Mayoría "en bandeja" una razón para articularse. De hecho, esta semana, el Frente Amplio anunció una acusación constitucional contra el ministro Santelices, cuestión que provocó que el comité político saliera a respaldar al jefe de la cartera usando como argumento que el "error" también venía desde el gobierno de la ex Presidenta Bachelet. Lo que señalan en el oficialismo es que es la propia ley la que dejó estipulado que se debía hacer un protocolo para determinar la objeción de conciencia y que este punto no fue considerado por el contralor.

Así, las instituciones que quieran hacer objeción de conciencia deberán "arreglárselas solas", aludiendo a que deberán ir a la justicia, mientras que los diputados podrían acudir al Tribunal Constitucional. Desde el Gobierno son categóricos en asegurar que no seguirán con la discusión.

Eso sí, no dejan de mencionar que les llamó la atención en el momento político que fue anunciado este dictamen. "Fue extremadamente rápido", dice una persona del Gobierno. Fue recién el lunes pasado cuando el Ministerio de Salud envió sus observaciones a los planteamientos de la Contraloría. Solo dos días después se publicó el dictamen con la firma de Jorge Bermúdez.

Fueron varios los parlamentarios de Chile Vamos que cuestionaron el día que se escogió para publicar el fallo, ya que fue un día antes de la primera reunión de la comisión de Salud del Gobierno. "Hace diez días, el contralor decía que se demoraba seis meses en resolver una consulta. Con alegría vemos cómo mejora el servicio, con esta veloz resolución acompañada de llamativa gráfica. Ojalá la agilidad haya llegado para quedarse", señaló el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes.

Y más aún, ese mismo día, solo horas antes, el propio Presidente Sebastián Piñera asistió a la cuenta pública del contralor.

El poder de la Contraloría

En solo dos meses, el contralor se ha transformado en un actor relevante en la agenda del Gobierno y en la opinión pública. El rechazo al protocolo del aborto expuso una vez más al ministro de Salud, Emilio Santelices, quien ya había estado en la mira. Pero el primer golpe fue al propio Presidente Piñera, quien debió bajar la designación de su hermano Pablo como embajador en Argentina, luego de que el mismo Bermúdez asegurara que tardaría cerca de seis meses en estudiar el requerimiento que habían presentado los parlamentarios del Partido Socialista. Una postura que, según el círculo cercano de Piñera, no esperaban, ya que tenían calculado que se demoraría como máximo dos días. Luego fue el turno del ministro del Interior, Andrés Chadwick, con el contrato de su hijo, quien ocupaba el cargo de productor general de la Presidencia. Los cuestionamientos hicieron que se viera obligado a presentar su renuncia. Por último, está en su poder el requerimiento que presentaron parlamentarios del Partido Socialista en contra del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, a quien se le acusa de que viajó con fondos públicos a una actividad de ex alumnos de la Universidad de Harvard. Finalmente, el titular de Hacienda devolvió los recursos que la universidad no financió.

Sernac sin dientes

Pero su poder no solo lo ha demostrado con el oficialismo, sino también con la oposición, donde igualmente lo miran con recelo. El 27 de abril, el contralor rechazó la promulgación de la Ley del Sernac, argumentando que el decreto aún contiene normas declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Esta decisión provocó la indignación de la ex Nueva Mayoría, en la que incluso algunos proponían una acusación constitucional contra Bermúdez. De hecho, dos semanas atrás, el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde -junto a los senadores José Miguel Insulza, Alfonso de Urresti y el diputado Leonardo Soto-, llegó hasta el frontis del organismo fiscalizador. En una de sus primeras y casi únicas actuaciones en conjunto, los parlamentarios acompañados de otros de la DC y del PPD solicitaron que tome razón del decreto que envió la Cámara de Diputados para poner en vigencia la ley. "Nos parece muy importante que esta ley entre en vigencia. Es complejo y preocupante que se pretenda adulterar el texto que acordó la Cámara", señaló en ese entonces Elizalde.

Entre quienes siguen de cerca el caso, comentan que después del episodio del Sernac, la molestia aumentó en la oposición, especialmente en el PS, dado que era una batalla emblemática de la ex Presidenta Bachelet (PS). Incluso, hay quienes señalan que Bermúdez recibió algo más que un escrito en esos días, en alusión a ciertos mensajes que habrían llegado hasta el noveno piso del edificio de Teatinos. Algo que descartan altas fuentes del socialismo.

Mientras que en el Gobierno, los dictámenes del contralor y los "autogoles" de las últimas semanas no son una preocupación, pues en las encuestas no han bajado. A modo de ejemplo, dicen: "Cuando Johnny Herrera (arquero de la Universidad de Chile) se come un gol lo hacen papilla, pero la hinchada de la U lo sigue queriendo". Con esta comparación, un ministro da cuenta de que la ciudadanía no percibe en mayor medida los "problemas políticos", no así, según el Gobierno, los temas sociales. De hecho, el jueves, el Presidente Piñera aseguró que "las prioridades de nuestro gobierno son las de nuestros compatriotas". Así, desde la UDI han sido enfáticos en reiterar públicamente la importancia de la agenda social y no quedarse entrampados en los problemas políticos, como sería el proyecto de ley de Evópoli que regula los familiares en el Estado. De todas formas, la iniciativa ya está en manos del Presidente Piñera.

"Sobre el dictamen de Contraloría, antes del fondo jurídico, llama la atención el formato 'meme' que se usa para notificar una materia tan compleja, que denota cuanto menos subjetividad". JAVIER MACAYA Jefe de bancada de la UDI

"Pues si bien se trata de una entidad de carácter privado, tiene el deber de dar cumplimiento a una función pública". EXTRACTO DEL DICTAMEN DE CONTRALORÍA 9 de mayo de 2017

"Las prioridades de nuestro gobierno son las de nuestros compatriotas". SEBASTIÁN PIÑERA Presidente de la República

"Hace diez días, el contralor decía que se demoraba seis meses en resolver una consulta. Con alegría vemos cómo mejora el servicio, con esta veloz resolución acompañada de llamativa gráfica. Ojalá la agilidad haya llegado para quedarse". MARIO DESBORDES Presidente de Renovación Nacional

"Si ese principio se extiende a otras áreas, significa terminar con la sociedad civil". JAIME BELLOLIO Diputado de la UDI

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