Lucha anticorrupción en la región: muchas normas, poca transparencia
domingo, 06 de mayo de 2018
Paula Urién La Nación/Argentina Con información de medios del GDA*
Internacional
El Mercurio
América Latina intenta desandar la intrincada trama de la connivencia público-privada; existen leyes que la combaten, pero queda pendiente su estricto cumplimiento.
La Presidenta de Brasil inaugura una refinería y sucede este diálogo entre un matrimonio relacionado con el poder que está en su casa siguiendo los acontecimientos por televisión: - Podría haberse hecho con la mitad del dinero, ¿no?, dice ella. -Sí. Pero es preferible tener una refinería, que nada, le responde él. -Pero podríamos tener dos, ella insiste. -No hay voluntad política, replica él. La escena aparece en "El Mecanismo", la nueva serie de Netflix "inspirada libremente" en casos reales sobre el caso Odebrecht y basada en el libro "Lava Jato: el juez Sérgio Moro y los bastidores de la operación que sacudió a Brasil", del periodista Vladimir Netto. Más allá de la ficción, la cantidad de dinero ilícito (de la corrupción, del crimen organizado, la evasión de impuestos, financiamiento del terrorismo, lavado de dinero, entre otros) que circula por América Latina es enorme: US$ 147.000 millones al año en transferencias ilícitas al exterior de la región y US$ 257.000 millones que ingresan a ella, según la consultora norteamericana Global Financial Integrity. El fenómeno no solo es materia de "peces gordos", sino que es transversal a todos los sectores de la sociedad, incluso los más humildes. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística de México (un organismo federal autónomo) reporta la comisión de más de 4 millones de actos anuales de pequeña corrupción en el contacto de los ciudadanos con las autoridades. A nivel empresarial, según el último informe anual de la Asociación de Examinadores de Fraude (ACFE), en América Latina y el Caribe el 51% de los delitos de guante blanco son por corrupción (sobornos, conflictos de interés), donde las empresas pagan una media de 100.000 dólares en coimas para lograr algo a cambio (mayormente de parte del Estado). Todo, en una región que, según la Cepal, tiene en 2017 más de 187 millones de personas que viven en la pobreza y 62 millones en la pobreza extrema. La situación no es exclusiva de la región. En el estudio que publica todos los años Transparencia Internacional, y que mide la corrupción a través de la mirada de expertos locales, más de dos tercios de los 180 países que participan tienen una calificación inferior a los 50 puntos, donde 100 es el puntaje que define la mayor transparencia. En América Latina, la nota es bastante pobre: el peor calificado es Venezuela, con 18 puntos, mientras que la mayoría logra entre 28 y 40 puntos. Los mejor evaluados son Chile, con 67 puntos, y Uruguay, 70 puntos, que se escapan del promedio. Esto sucede a pesar de que en materia de leyes contra la corrupción público-privada, América Latina avanzó en los últimos años. Algunas normas tienen alcance extraterritorial, se establecen multas y hasta se puede quitar la persona jurídica de las empresas. Y donde no hay leyes específicas, existen herramientas ad hoc en los códigos. Es el caso de El Salvador y Chile, donde hay normas que la prevén y castigan con la disolución o cancelación de la persona jurídica. En Argentina, a principios de 2018 entró en vigencia la nueva ley de responsabilidad penal de las empresas, con multas de "2 a 5 veces el beneficio indebido" y "suspensión total o parcial de las actividades, que en ningún caso podrá exceder los 10 años". En Colombia, para las personas jurídicas que incurran en actos de corrupción las multas llegan a 200.000 salarios mínimos, unos 54 millones de dólares. En Perú existe la Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas sobre Delitos de Cohecho Activo Transnacional y la ley 30.737, que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos. Brasil exige como sanción administrativa una multa equivalente al 20% de la facturación bruta del último ejercicio y la reparación integral del daño. Contempla, eso sí, un descuento del 1% al 4% en caso de que la empresa tenga un programa de integridad, y si las empresas tienen y aplican un canal de denuncia, pueden ver reducidas sus penalidades. En general, se considera un atenuante tener un programa de integridad que funcione correctamente y que colabore con las investigaciones. Con la responsabilidad sobre proveedores, las acciones llegan también a las empresas que los contratan. Por ejemplo, en México, al 31 de julio de 2016, se tienen registradas 1.603 sanciones impuestas por el Servicio de Protección Federal a licitantes, proveedores y contratistas que infringieron la ley de contratación pública. Un decorado anticorrupción A pesar de las normas, "estamos mal" en la región, dice la argentina Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional. "Es cierto que tenemos un avance en materia legislativa. La mayoría de los países de la región ha ratificado las convenciones internacionales, ha aprobado leyes de acceso a la información pública, de creación de oficinas anticorrupción, de responsabilidad penal de las empresas. Hay figuras de delación premiada o de protección a los whistleblowers (delatores) y a los denunciantes de la corrupción. El problema es que nosotros tenemos esas leyes guardadas en los anaqueles y, a las oficinas correspondientes, sin presupuesto, sin personal, sin infraestructura. Por lo tanto, tenemos un 'decorado anticorrupción' y falta de implementación de las normas en muchos países". Es cierto que existen hitos que generan expectativa, pero que no logran parar la maquinaria bien aceitada de los sobornos. Imposible no recordar a presidentes, ex presidentes, funcionarios de primera línea y renombrados empresarios presos o con causas activas por corrupción. En esta situación está quien fuera vicepresidente de Ecuador Jorge Glas; los ex presidentes peruanos Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski; el ex Presidente de Panamá Ricardo Martinelli y otros. En la Argentina, varios funcionarios muy cercanos a la ex Presidenta Cristina Fernández están en prisión preventiva, lo mismo que su principal operador de infraestructura Lázaro Báez. Ella misma tiene una megacausa por corrupción llamada "la ruta del dinero K", parte de la cual conforman hoteles cinco estrellas que presuntamente funcionaban para lavar dinero. La operación Lava Jato, iniciada en Brasil en 2014 y aún en curso, tiene al mundo en vilo por el alcance de sus redes a nivel internacional (ver nota en A8). Después de cuatro años, suma 183 condenas contra 119 personas, entre ellas empresarios, ex directores de la empresa estatal y políticos de diversos partidos. Investigadores rastrearon pagos de coimas por cerca de US$ 1.825 millones. El resarcimiento pedido y las multas aplicadas llegan a US$ 10.868 millones. La investigación de los crímenes alcanzó dimensión internacional luego de ser negociados 395 pedidos de cooperación con al menos 42 países. Las acciones también resultaron en 11 acuerdos de lenidad con empresas involucradas en los esquemas de corrupción. Ahora, la gran pregunta es si este tipo de acciones pueden perdurar. 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