Ex primera línea de la DT vuelve al negocio de las asesorías sindicales. Ex ministros y ex subsecretarios también entran a la industria
domingo, 06 de mayo de 2018
Pablo Obregón C.
Economía y Negocios Domingo
El Mercurio
Mientras algunos actores del mundo laboral y fuentes de Gobierno ven potenciales incompatibilidades, otros afirman que las inhabilidades se aplican solo para trabajos dependientes, lo que no se presenta en el caso de consultorías puntuales. Una inhabilidad total, agregan otras fuentes, supondría atentar contra la libertad de trabajo.
En los tiempos que corren, con una legislación laboral que presenta abundantes recovecos, curvas cerradas y pendientes pronunciadas, resulta impensable que un sindicato grande y con recursos enfrente una negociación colectiva sin un asesor externo: abogado, historiador, ex diputado, ministro en retiro o ex subsecretario. Pese a esto, en las últimas semanas llamó la atención el nombre de la asesora del sindicato de Tripulantes de Cabina de Lan Express, que resultó estrepitosamente derrotado tras una fallida huelga que formalmente aún no finaliza: Patricia Silva, militante PS y quien fuera directora del Trabajo durante el primer gobierno de Michelle Bachelet y subsecretaria general de la Presidencia en su segunda administración. Llamó la atención por las complejas circunstancias en que finalizó la huelga, con el sindicato pidiendo poner fin a la movilización unilateralmente y la empresa recurriendo a la Dirección del Trabajo para precisar los mecanismos. Pero junto con este confuso cierre de huelga, llamó la atención entre abogados laboralistas, sindicatos y funcionarios del actual gobierno la presencia de otro ex DT como asesor del sindicato de LAN: la del abogado Rafael Pereira, ex director de la División Jurídica de la DT en el primer gobierno de Bachelet y subdirector del Trabajo durante la segunda gestión, es decir, hasta hace dos meses. La asesoría de Silva era conocida -apareció varias veces explicando públicamente la posición del sindicato-, pero la de Pereira había sido más discreta, mas no por ello menos importante: es junto a Patricia Silva uno de los patrocinantes de la demanda que los trabajadores presentaron contra la compañía el 27 de abril. Pereira ha compartido actividades profesionales con Silva desde hace años. En mayo de 2010, ambos abogados, más el ex jefe de la División de Relaciones Laborales de la institución, Joaquín Cabrera, fundaron la consultora Trabajo y Desarrollo. En 2014, durante la instalación del segundo gobierno de Bachelet, Pereira fue objeto de una denuncia ante la Contraloría General de la República, la que tras una investigación fue desestimada. Esa vez, el incumbente Lorenzo Andrade Olivares denunció eventuales infracciones al principio de probidad administrativa por parte de Pereira -entonces subdirector del Trabajo- por su participación en esa consultora. En el detalle, el denunciante alegó que, a esa fecha, Pereira no habría formalizado su renuncia a esa sociedad y que mantendría patrocinio en causas laborales. La DT señaló, entonces, al ente contralor que Pereira había transferido su participación en la sociedad el 26 de marzo de ese año. Así, la Contraloría desestimó las denuncias. Como sea, hoy Pereira está de regreso en el mundo privado y, prueba de ello, es su rúbrica en la demanda que acaba de presentar el sindicato de tripulantes de Lan Express contra la administración de la compañía. Mientras algunos actores del mundo laboral y fuentes de gobierno ven riesgo de potenciales incompatibilidades en este tipo de pasos desde el Estado al ejercicio privado de la profesión, otros afirman que esas inhabilidades se aplican solo para trabajos dependientes, lo que no se configura en el caso de consultorías. Una inhabilidad total, agregan otras fuentes, supondría atentar contra la libertad de trabajo de quienes pasan por la administración del Estado. Las inhabilidades que eventualmente se presentan al pasar del Estado al sector privado están descritas en el artículo 56 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, donde se establece la incompatibilidad de las actividades de ex funcionarios de entidades fiscalizadoras que impliquen una relación laboral con entidades privadas sujetas a la fiscalización del organismo estatal al cual pertenecían. Estas inhabilidades se extienden por seis meses. Durante la semana, no fue posible contactar al abogado Rafael Pereira para consultarle su parecer sobre el tema. En todo caso, el ex subdirector del Trabajo no es el único ex funcionario de la DT que está ejerciendo su profesión de manera privada. Uno de los nuevos actores de esta industria es la firma AMVD, cuyos fundadores son el ex director del Trabajo Cristián Melis, el ex ministro del Trabajo y ex diputado Osvaldo Andrade (PS), el ex subsecretario del Trabajo Francisco Díaz (PS) y el ex secretario general del partido y ex gerente de recursos humanos de la Enap Pablo Veloso. Consultado sobre el tema, Melis explica que la inhabilidad de seis meses se aplica solo para los trabajos dependientes, lo que no se presenta en el caso de asesorías externas. Fuentes de Gobierno, finalmente, indican que se ha revisado el paso desde el Estado al mundo privado de algunas de las ex autoridades de la Nueva Mayoría y reconocen que la infracción a las normas de incompatibilidad depende de la naturaleza del vínculo con la entidad privada. LA DEMANDA DEL SINDICATO de Tripulantes de Lan Express contra la compañía es patrocinada por Patricia Silva y el ex subdirector del Trabajo Rafael Pereira.
