Subarriendos a migrantes "pasan a llevar los derechos humanos, el derecho a la vivienda adecuada"
lunes, 30 de abril de 2018
MAXIMILIANO VEGA y DIERK GOTSCHLICH
Nacional
El Mercurio
Los días 3 y 4 de mayo, la institución hará un catastro en cinco comunas, para ver la situación habitacional de los extranjeros y detectar casos de hacinamiento.
Como un "trato abusivo" califica los subarriendos a migrantes en casas de la comuna de Santiago el director ejecutivo de la fundación Un Techo para Chile, Sebastián Bowen. Una investigación de "El Mercurio" publicada ayer reveló que existen personas que por este tipo de negocio pueden llegar a obtener ganancias de hasta cinco veces lo que saldría un arriendo normal, en inmuebles que presentan muchas veces malas instalaciones eléctricas, donde pueden vivir familias de cuatro o más integrantes. Bowen afirma que estos subarriendos "pasan a llevar los derechos humanos, el derecho a la vivienda adecuada, a la ciudad, a vivir bajo un techo digno". "Tenemos que pensar que a alguien que vive en el 20% más vulnerable del país, el arriendo le está costando casi un 50% o 60% de todos sus ingresos. Por lo tanto, ¿qué puede hacer una persona que gana 270 mil pesos mensuales para toda su familia?, ¿qué es lo que puede pagar si tiene que pagar un arriendo de 140, 150 mil pesos? Esto quiere decir que le quedan 120 mil 130 mil pesos para vivir todo el mes con su familia". La fundación Un Techo para Chile realizará los días 4 y 5 de mayo un catastro en terreno para "descubrir territorios donde se vulnera el derecho a la vivienda adecuada". Serán 1.200 voluntarios los que se desplazarán en 310 territorios de Gran Antofagasta, Gran Valparaíso, Gran Santiago y Gran Concepción. Uno de los objetivos es detectar zonas en las que existe el subarriendo a migrantes, y detectar situaciones de hacinamiento. "Una realidad oculta" Una de las cosas que señala Bowen es que hay una estrecha relación entre los subarriendos a migrantes y la proliferación de los campamentos. Según datos de la fundación, cinco de cada 10 migrantes declara que llega a los campamentos porque sencillamente no pueden pagar los costos de los arriendos. "Este es un problema que se debe principalmente a una ciudad que estamos construyendo de forma segregada. Son ciudades que no están garantizando el derecho a la ciudad (...). Y estas familias llegan aquí buscando esto, pero para eso pagan un alto costo", expresa. "Esta es una realidad oculta. A diferencia de los campamentos, que uno los puede ver, el problema del hacinamiento, del arriendo abusivo, el problema de los cités, etc., es más difícil de ver y de entender la magnitud de la problemática". El 27 de diciembre del año pasado, la Corte Suprema se pronunció sobre el proyecto de la Cámara de Diputados de castigar el hacinamiento en lugares donde existe el subarriendo. En sus conclusiones dice que, "no obstante lo atendible de la razón que motiva el proyecto, establecer una cantidad máxima de ocupantes por habitación y sancionar con multa el incumplimiento de este norma no resolverá el problema habitacional que implica el hacinamiento". Esto, porque el proyecto no deja claro si se sanciona al dueño del inmueble o a quien arrienda. "Una dificultad relevante para la eficacia de esta acción será la posibilidad de disponer de medios probatorios suficientes (...) por tratarse de situaciones que ocurren al interior de los hogares, materia que no es abordada por el proyecto", indica.
