"Hay que eliminar cualquier fuero. Las investigaciones deberían ser iguales que las del resto de los ciudadanos"
domingo, 29 de abril de 2018
Andrés López
Reportajes
El Mercurio
Abbott se refirió a las críticas de fiscales y parlamentarios por su discurso y respondió a Carlos Gajardo: "Si él quiere orientar las cuentas públicas, que postule a fiscal nacional". Sobre el caso por la fallida designación de Luis Toledo como notario, indicó que el fiscal deberá tomar las declaraciones que correspondan, incluidas la de él, la ex Presidenta y Ana Lya Uriarte.
Fue una semana en que el fiscal nacional, Jorge Abbott, estuvo en la agenda, tanto por su discurso en la cuenta pública enfocado a una nueva política nacional de persecución penal, como por las críticas que recibió frente a sus planteamientos de terminar con el protagonismo de los fiscales y de que las investigaciones, por ejemplo en el caso de los desafueros, sean llevadas con celeridad y no afecten el funcionamiento de las instituciones del Estado, como el Congreso. En entrevista con "El Mercurio" abordó los nudos críticos del sistema, los acuerdos tomados en los casos SQM y Penta, la aplicación de la delación compensada y la investigación por la fallida designación como notario del ex fiscal Luis Toledo. -Usted criticó el protagonismo en los fiscales. ¿Estaba apuntando a Carlos Gajardo? -No. Básicamente, lo que me preocupa es la pérdida de la objetividad de los fiscales. Cuando ellos tienen un protagonismo público importante en la etapa de la investigación, van perdiéndola porque se amarran a ciertas teorías del caso que lo hacen tener una visión de túnel respecto de la investigación. Y al final, nos encontramos con que han ido aumentando preocupantemente las absoluciones en juicio oral. Allí nace mi crítica a estos protagonismos, que iniciado un caso rápidamente ya se empiezan a dar opiniones categóricas, prognosis de resultados muy sancionatorios y al final del día terminan en suspensiones condicionales o penas menores. Le puedo dar casos, en el lucro en la educación, terminamos suspendiendo a la U. Pedro de Valdivia y a la SEK, en materia de platas políticas también se suspendió al diputado (Alberto) Cardemil y nadie hizo mucho escándalo por eso. No hay ningún tuitero que esté diciendo por qué suspendieron a Cardemil. -¿Esos casos los llevaba Gajardo y su equipo? -Entiendo que sí. -Gajardo indicó que usted perdía el tiempo dándoles estos mensajes a los fiscales y que debía enfocarse en otros temas en su cuenta pública. -La verdad es que si él quiere orientar las cuentas públicas, que postule a fiscal nacional y ponga lo que él crea que es importante. Yo he puesto lo que creo que es relevante para nuestra institución. Si usted ve la cuenta pública, está centrada en hechos inéditos dentro de esta institución. La formulación de una política de persecución penal, que no ha existido nunca en Chile, fue uno de los ejes centrales, más que algunos aspectos laterales de la misma, que son los que más han despertado la preocupación de ciertas personas. Democracia afectada Otro de los puntos que tocó Abbott fue el efecto que tienen las investigaciones que involucran a parlamentarios en el funcionamiento del Congreso y los efectos que pueden tener. Hay casos como el del senador UDI Iván Moreira, quien estuvo desaforado hasta que llegó a un acuerdo con la fiscalía, lo que derivó en que no fuera condenado en el caso Penta. -¿Por qué planteó que la persecución penal no puede influir en otros poderes del Estado? Este punto generó críticas en la Asociación Nacional. -Yo creo profundamente en la democracia, probablemente, porque viví la dictadura y muchos de los fiscales nunca la vivieron. Para mí, la democracia tiene un valor central y creo que debemos cuidarla. Parte importante de esta es que el pueblo pueda tener a sus representantes actuando en la instancia para la cual han sido elegidos. Creo que desde el ámbito de lo administrativo, donde funcionan los fiscales, no es posible que nosotros con nuestras decisiones o con nuestros retardos, voluntarios o involuntarios, afectemos el funcionamiento de instituciones republicanas, a través de inhibir la participación de ciertas personas en la formación de mayoría o minoría para aprobar leyes. -¿Cuál es su planteamiento? -Mi planteamiento de fondo, que no lo logran entender probablemente los que no han tenido oportunidad de no vivir en democracia, es que en la medida en que haya personas desaforadas -es decir, a las cuales un número importante de ciudadanos las han elegido, como en el caso del senador Moreira, donde fueron más de 50 mil personas-, tenemos que ser o tratar de ser lo más eficientes llevando las investigaciones hasta lo más profundo. Y es eso lo que hace distinto el caso de un parlamentario elegido popularmente. El día de mañana va a pasar lo mismo con los gobernadores e intendentes. Perfectamente puede ser que los fiscales simplemente por dilatar la investigación de las causas en las cuales las personas están desaforadas, dejen sin gobierno o afecten los gobiernos regionales. Ahí hay que tener una especial responsabilidad que es distinta al ciudadano común que tiene también derecho a una investigación rápida y eficiente, pero acá tenemos una situación que afecta el funcionamiento de organismos de la democracia y puede ser que a lo mejor se aprueben leyes que no representen las mayorías ciudadanas en función de la decisiones que se tomen en sedes administrativas, porque hay mayorías y minorías que pueden ser muy sensibles, basta un voto más y uno menos. -¿En los casos en que los indagados tienen un cargo de elección popular los tienen que investigar distinto? -La propia ley lo establece. En el Código Procesal Penal establece que en el evento que se pida el desafuero para acusar a un parlamentario, todos los plazos se disminuyen a la mitad, precisamente, con el objetivo de no alterar el funcionamiento de las instituciones democráticas. Parece que las generaciones más jóvenes, como no han tenido la oportunidad de vivir en dictadura, no tienen el aprecio de la democracia que, probablemente, tengamos las generaciones mayores. -Pero el financiamiento irregular de la política también afecta a la democracia... -Perfecto, estamos absolutamente de acuerdo con que el financiamiento irregular de la política afecta a la democracia, por eso es que hay que cambiar la legislación, buscar la forma de que los plazos de prescripción sean mayores, que se puedan investigar y llegar a fondo. La participación del dinero en la política debe desaparecer. -El viernes, diputados del Frente Amplio anunciaron que pedirían su destitución y criticaron su postura. ¿Qué les responde? -En primer lugar, lamento la interpretación que se ha hecho de mis dichos. Yo nunca he querido manifestar que los parlamentarios son ciudadanos de primera categoría. Tanto es así, que en el nuevo sistema judicial penal fui el primer fiscal que investigó el uso irregular de recursos parlamentarios. Mi convicción es que los fiscales deben ser los principales custodios de la igualdad ante la ley y así lo señalé expresamente en la cuenta pública. Más aún, mi convicción personal es que a estas alturas hay que eliminar cualquier fuero o tratamiento especial de cualquier persona o cualquier privilegio procesal, sea quién sea. El fuero impide solicitar medidas cautelares y acusar, y eso hace que las personas que tengan esos fueros posean privilegios y sean distintas ante la ley. En el fondo, las investigaciones deberían ser exactamente iguales que las del resto de los ciudadanos, de modo tal que los parlamentarios sigan cumpliendo sus funciones hasta una sentencia definitiva. Si esta establece que quedan inhabilitados para ejercer el cargo, es producto del fallo y no durante la investigación que es lo que ocurre hoy. Mi convicción es que deben eliminarse todos los privilegios, incluyendo los que tienen los fiscales y jueces. Siempre he sido un férreo defensor de la igualdad ante la ley. -Hay una sensación de que estos casos de financiamiento irregular de la política explotan en un inicio, pero luego pasa el tiempo y ocurren casos como el del senador UDI Iván Moreira, donde finalmente se decreta una suspensión, lo que no implica una sanción penal. ¿Cómo se explica que en el caso de Jovino Novoa se llegó a una condena y en este caso no? -Hay que tomar en consideración que las circunstancias en las cuales se condena al señor Novoa, en comparación con la situación actual, han variado bastante, en términos de diferentes pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales. Recordará que el desafuero del senador Moreira se ganó por un voto, el desafuero del señor Fulvio Rossi se perdió y acaban de sobreseerlo definitivamente, porque los tribunales de justicia han estimado que nunca existió el dolo por parte de ellos de cometer el delito tributario. Lo que yo he planteado en la cuenta pública es modificar las normas de prescripción en materia de financiamiento irregular de la política. Es incomprensiblemente breve el plazo, debería aumentarse y fijarse en términos similares al resto de los delitos. Ahí hay un trato privilegiado a un ilícito que es particularmente grave. -¿Tiene una visión crítica de como Ministerio Público abordó los casos? ¿Lo habrían hecho de otra manera, como optar por ir a juicio oral más que suspensiones, como el caso de la personalidad jurídica de SQM? -Ahí el fiscal regional Pablo Gómez llegó a la más absoluta convicción de que la mejor solución era la suspensión condicional. Probablemente, se pudo haber ido a un juicio oral y tal vez podría haber generado mucha expectación pública, pero en definitiva, lo que se habría obtenido habría sido bastante menos de lo que se obtuvo con la suspensión. Mire, para los fiscales sería muy simple tomar posiciones populistas y llevar todas las cosas a juicio oral y ser lo más persecutores del mundo y ser aplaudidos en las calles, en los estadios, pero eso no le corresponde al Ministerio Público, porque debe actuar con la más absoluta objetividad, aun si eso signifique costos y que no son pocos. Fallida designación de Toledo -¿Le dijo Luis Toledo que postularía a notario? -Sí. -¿Qué le pareció? -Él tenía derecho como cualquier ciudadano para postular a un cargo público, que se llamaba a través de un concurso público y que se iba a resolver de acuerdo con lo que la ley establece. No me pareció que yo podría cohibir ni coartar la posibilidad de algún funcionario, como no lo he hecho con la nueva Defensora de la Niñez que ha optado por postular a ese cargo y contó con todo nuestro respaldo. -Pero la figura es distinta, porque el puesto al que postula Toledo lo debe definir un gobierno dirigido por Michelle Bachelet y el ex fiscal indagó a su familia en el caso Caval. ¿No es poco prudente su postulación? -Es una decisión de Luis Toledo, respecto de la cual no me corresponde pronunciarme. Él toma sus decisiones y yo las respeto y, en consecuencia, no soy yo quien debe hacer evaluaciones de esa naturaleza. -En la denuncia de José Antonio Kast asegura que el llamado para designar a Toledo llegó de las altas esferas de gobierno. ¿Le interesaría saber quién llamó? -La investigación del caso está a cargo del fiscal Adrián Vega y debe llevarla a fondo. Tendrá que tomar las declaraciones de todas las personas que corresponda. -¿Incluida la ex Presidenta? -Incluida la ex Presidenta, el señor Toledo, Ana Lya Uriarte, todas las personas. Incluido el fiscal nacional, si es que quiere preguntarme si me consultó (de la postulación). Él tiene la obligación de llegar al fondo y si llega a la conclusión de que hay la comisión del ilícito, tendrán que responder todos los responsables. "Creo profundamente en la democracia, probablemente, porque viví la dictadura y muchos de los fiscales nunca la vivieron".
"Puede ser que los fiscales simplemente por dilatar la investigación de las causas en las cuales las personas están desaforadas, dejen sin gobierno o afecten los gobiernos regionales".
