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Entre $80 mil y $150 mil es el valor de mercado para arrendar una hectárea agrícola en La Araucanía. Según el presidente de los agricultores de Temuco, Marcelo Zirotti, esos mismos montos, relacionados con la calidad del terreno, se estarían pagando en los "acuerdos informales" que hay entre productores que no disponen de suelo y comunidades mapuches que, en virtud de la Ley 19.253 (Indígena), desde 1994 recibieron tierras por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Esto, pese a la prohibición del artículo 13, que establece que "las tierras cuyos titulares sean comunidades indígenas no podrán ser arrendadas, dadas en comodato ni cedidas a terceros en uso, goce o administración". Zirotti destaca la disposición del Gobierno, anunciada por el director de la Conadi, Jorge Retamal, para flexibilizar la Ley Indígena y "transparentar una realidad". El dirigente considera que las comunidades "deben tener libre disposición de sus predios: trabajarlos, arrendarlos, venderlos y hacer uso y goce de ellos. Ahora solo generamos pobreza y esto lleva al terrorismo". El timonel agrícola detalla que las alianzas productivas entre las comunidades mapuches y los sembradores, al no estar permitidas, "generan riesgos y peligros, porque al arrendarse no tienen seguros y no se puede optar a créditos, y pueden derivar a que, al final, se pierda toda la inversión y el trabajo". Respecto de cómo nacen estos acuerdos no regulados, Zirotti indica que "a veces es el lonco, que encabeza la comunidad, el que se acerca al agricultor y ofrece la opción de arriendo, y otras veces la iniciativa es del productor". La vocera de los agricultores de Victoria Malleco, Gloria Naveillán, también destaca "las señales" provenientes de la autoridad y aclara que "aquí más que alianzas productivas tenemos la figura de arriendo de palabra". Argumenta que esto ocurre porque "los tenedores de la tierra no tienen interés real en trabajarla o porque ni siquiera viven en la zona en que está el campo". Naveillán reconoce que "hay comunidades que quieren producir la tierra, pero no tienen los recursos suficientes y la Conadi no entrega instrumentos de fomento para lograr su desarrollo". Juan Pablo Lepín, director jurídico de la Multigremial de La Araucanía, advierte que ha ido creciendo el acuerdo para lograr cambios al artículo 13 de la Ley Indígena y agrega que "las comunidades también lo están pidiendo", y que ello se ha visto reflejado en encuestas realizadas por Cadem y el CEP, las que señalan que "la mayoría de los mapuches prefiere tierras individuales que colectivas, y por sobre esto, demandan educación, salud y trabajo". "La ley trata a los mapuches como interdictos. No ejercen acción en su terreno. O sea, no son propietarios".
JUAN PABLO LEPÍN
Director jurídico Multigremial La Araucanía