Economía vudú

sábado, 28 de abril de 2018
Andrés Velasco Ex ministro de Hacienda Presidente de Ciudadanos
Opinión
El Mercurio

"...celebro que el Presidente Piñera haya llamado a alcanzar acuerdos nacionales, incluyendo uno sobre el crecimiento y la lucha contra la pobreza. Pero esos acuerdos deben forjarse en torno a un plan serio. Hoy, el del Gobierno en materia fiscal no lo es...".

En 1980, el candidato presidencial Ronald Reagan proclamó que recortaría los impuestos, aumentaría el gasto y reduciría el déficit fiscal norteamericano. Su adversario, George H.W. Bush, le respondió que eso, a todas luces imposible, solo podía proponerlo quien creyera en la "economía vudú".

En Chile, el programa presidencial de Sebastián Piñera contempla mayores gastos de US$ 14 mil millones en cuatro años, incluyendo una baja de impuestos estimada en US$ 2.700 millones. También contempla una reducción del déficit fiscal. Reagan habría estado orgulloso.

En sus primeros 90 días, todo gobierno debe emitir un decreto que fija los objetivos de su política fiscal. La administración del Presidente Piñera tiene mucho que explicar. Si no logra convencer, los ciudadanos, los mercados internacionales y las agencias clasificadoras de riesgo concluirán que se trata de otro caso de "economía vudú".

Con el financiamiento parten las dudas. El programa electoral prometió que la mitad del mayor gasto -US$ 1.750 millones cada año- se financiaría con austeridad fiscal y reasignaciones no especificadas.

Pero hasta el momento el Gobierno solo ha podido identificar US$ 125 millones al año en ahorro. Para cumplir su promesa de austeridad le siguen faltando US$ 1.625 millones anuales, que no va a encontrar solo recortando viáticos y postergando la renovación de los autos ministeriales. En el Chile Day se habló de nuevos recortes, pero no de montos ni de partidas, lo que le quita credibilidad al anuncio.

La otra mitad del financiamiento -US$ 7 mil millones en cuatro años- vendría del "crecimiento económico". Esto es equivalente a la jefa de hogar que decide hoy gastar más a la espera de que el próximo año le suban el sueldo. ¿Y si eso no ocurre? Termina gastando mucho más que lo que tiene y su deuda se incrementa. Precisamente, lo que podría pasarle a Chile.

La discusión de un posible recorte de impuestos también sigue confusa. El programa sugería una baja de recursos fiscales. Recientemente, el Gobierno ha dado a entender que la baja en el impuesto a las empresas sería compensada por el alza de otros impuestos.

¿Cuáles impuestos? Nadie lo sabe. La OCDE recomienda incrementar las "contribuciones", pero el Gobierno acaba de limitar el incremento previsto en esos mismos impuestos a la propiedad. A los economistas ortodoxos les gustaría subir el IVA, aunque la política de ese incremento se anuncia inmanejable. El impuesto al diésel es menor que el de la gasolina y equipararlos sería bueno para el medio ambiente, pero parece improbable que un gobierno empeñado en mantener su popularidad se aventure a un conflicto con los gremios del transporte. ¿Los impuestos al tabaco y los alcoholes? Puede ser, pero ya los subieron una vez.

También es posible que la rebaja del impuesto corporativo más la plena integración del sistema "parcialmente integrado" termine costando mucho más de lo estimado en el programa. ¿Logrará Sebastián Piñera aprobar en el Congreso la rebaja propuesta? Y si la respuesta es afirmativa, ¿podrá consensuar alzas tributarias que compensen plenamente la caída en la recaudación? Parece improbable.

Ante tales disyuntivas, la administración bien puede tener solo tres alternativas. Una es olvidarse de su promesa de reducir la carga impositiva a las empresas o, en su defecto, aguar este cambio. La segunda es confiar que los comités de expertos convocados por el Ministerio de Hacienda suban lo suficiente sus estimaciones de crecimiento tendencial y precio de largo plazo del cobre, financiando así indoloramente el programa de gobierno. La tercera sería olvidarse -o debilitar- el compromiso de reducir el déficit fiscal estructural (que considera tendencias de mediano plazo).

La primera alternativa equivaldría a tirar por la borda una promesa de campaña. La segunda sería una apuesta imprudente. La tercera sería fatal para la estabilidad económica de Chile.

El primer gobierno de Michelle Bachelet anotó un superávit efectivo promedio de 3,7% del PIB; en el primer gobierno de Sebastián Piñera dicho superávit se redujo a 0,5%, y en el segundo gobierno de Bachelet se transformó en un abultado déficit de 2,4%. Para el balance estructural, las cifras son -0,4%, -1% y -1,3%, respectivamente. Como resultado de este fuerte y persistente deterioro en el desempeño fiscal, la deuda pública bruta, que apenas alcanzaba el 5% del PIB hace una década, hoy ronda el 25%, y se incrementa cada año en miles de millones de dólares.

Estas cifras alarmantes exigen que Chile adopte una política fiscal responsable. Celebro que el Presidente Piñera haya llamado a alcanzar acuerdos nacionales, incluyendo uno sobre el crecimiento y la lucha contra la pobreza. Pero esos acuerdos deben forjarse en torno a un plan serio. Hoy, el del Gobierno en materia fiscal no lo es.