martes, 29 de abril de 2008
Hernán Cisternas
Economía y Negocios On Line
El proyecto consagra legalmente para todas la aplicación de las normas que rigen a las sociedades anónimas abiertas.
Con una precisión sobre las razones que tuvo el gobierno para excluir a Televisión Nacional de Chile, Codelco, Enap, Enami y Banco del Estado de la nueva institucionalidad, ayer ingresó a trámite a la Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre gobiernos corporativos de las empresas del Estado.
Considerando que las empresas públicas se encuentran reguladas por una "frondosa" legislación, en la que dominan las leyes particulares con las cuales fueron creadas las distintas empresas —que se aplican por sobre las disposiciones de carácter general—, el proyecto consagra legalmente para todas la aplicación de las normas que rigen a las sociedades anónimas abiertas.
A la vez, transforma el Sistema de Empresas Públicas (SEP) —vigente desde 1997— en un servicio público descentralizado, con nueva composición y atribuciones, que se identificará como Consejo Superior de Empresas Públicas.
La exclusión de TVN se funda en que la televisión pública “tiene un directorio de consenso nacional y una ley orgánica que reproduce las principales normas de la ley de sociedades anónimas, aplicándose dicha normativa en forma supletoria”.
Respecto a Codelco, el mensaje presidencial que acompaña al proyecto justifica su exclusión en que ya existe un proyecto de ley, que cumple primer trámite constitucional en el Congreso, que aborda respecto de dicha empresa las temáticas contenidas en la nueva propuesta.
En relación a Enap, se la margina “en atención a su carácter estratégico y su rol en la fijación de precios de los combustibles del país”.
El caso de Enami lo justifica, fundamentalmente, por “su rol de fomento de la pequeña y mediana minería. Algo similar ocurre respecto del Banco del Estado, que ejerce la misma función de fomento para la pequeña y mediana empresa, sin perjuicio del insustituible rol que juega en el acceso al crédito para los pequeños ahorrantes”.
Según el Ejecutivo, todas estas características hacen que las cinco empresas requieran de un tratamiento especial del legislador.
El proyecto también hace una distinción en relación a las empresas vinculadas a la Defensa Nacional, como ENAER, ASMAR Y FAMAE. Se determina que las normas que rigen para todas las empresas del Estado en este caso no se aplicarán las disposiciones del proyecto en su conjunto, sino algunas. Quedarán afectas a las disposiciones que dicen relación con incorporar en sus directorios a dos miembros nombrados por el consejo del SEP. Sus normas contables y financieras, como las de inversión, se asimilarán a las del resto de las empresas estatales.
