Sofofa Gate: Fiscalía indaga arista del hackeo informático y espera informes de Microsoft y Apple antes de decidir formalizaciones
domingo, 22 de abril de 2018
Valeria Ibarra
Economía y Negocios Domingo
El Mercurio
Gastón Lewin, ex vicepresidente del gremio; y Soledad Altamirano, ex asesora comunicacional, declararon en enero de este año. Falta aún por concurrir a la fiscalía el director internacional de la Sofofa, Manuel José Prieto.
En medio de la elección más reñida de la historia de la Sofofa, en mayo de 2017, estalló un escándalo que sacudió al mundo empresarial: en las oficinas de la histórica organización fabril se habría encontrado micrófonos ocultos. Lo que en esos momentos parecía un thriller de espionaje en el seno del poder industrial, al estilo "House of Cards", se convirtió con el correr de los meses en una trama menos fulgurante. La investigación de la Fiscalía Oriente -a cargo del fiscal Roberto Contreras-, habría revelado que los supuestos micrófonos de la Sofofa nunca grabaron ni emitieron nada y habrían sido colocados en esas oficinas por el asesor contratado para encontrar tales dispositivos, Rubén Zito Araos, dueño de Profacis, que antes había hecho un trabajo similar en Carozzi. Pero, según fuentes del proceso, lo que sí dio pie a pensar que en la Sofofa se espiaba, fue la existencia de correos electrónicos extraños que recibieron varios consejeros, dirigentes y funcionarios del gremio. Fueron al menos tres episodios: uno el 17 de marzo de 2017, otro el 20 de ese mismo mes y un tercero el 8 de mayo de ese año. A casi un año de desatado dicho escándalo y aún sin formalizados en la causa, la actual investigación del Ministerio Público se enfoca en dilucidar quién está detrás de estas maniobras en los correos electrónicos y qué buscaban. Según fuentes del proceso, el fiscal analiza si continúa investigando, si formalizan al único imputado en esta causa -Rubén Zito Araos-, o si cierran la indagación. Declararon ex vicepresidente y ex asesora comunicacional Por las oficinas de la Fiscalía Oriente, en Los Militares 5550, ha desfilado un variopinto grupo de personas: grandes empresarios, guardias de seguridad y asesores, quienes han testificado en una causa que a poco andar puso en la retina pública a la figura del asesor de seguridad Rubén Zito Aros Oñate. Tanto en el gremio como en Carozzi -desde donde se contactó a Aros y se sugirió su nombre a la Sofofa-, estudian querellarse por estafa contra este ex carabinero devenido en asesor en seguridad. Entre los declarantes están José Juan Llugany, director de Carozzi, quien habría sido interrogado por el fiscal en junio de 2017; Carlos Cayo, ex gerente general de Sofofa, quien concurrió en diciembre del año pasado; Gastón Lewin, ex vicepresidente del gremio; y Soledad Altamirano, ex asesora comunicacional y socia de la consultora Nexos. Estos últimos declararon en enero de este año. Falta aún por concurrir a la fiscalía el director internacional de la Sofofa, Manuel José Prieto. Profesionales ligados a la investigación dicen que tras despejar que la escucha por micrófonos fue un timo urdido por el propio Araos, quedaría por saber quién está detrás del hackeo de los mails en Sofofa. "No creemos que el dueño de Profacis tenga los conocimientos técnicos e informáticos para realizar ese tipo de intervenciones", comenta un profesional relacionado con el caso. ¿Quién entonces? "Todas las opciones están abiertas: gente del propio gremio, del exterior, hackers profesionales...", señala un experto. En 2017 el Ministerio Público pidió informes a Google, Apple y Microsoft. La solicitud de información a ellos no es fácil: se hace mediante la unidad de cooperación internacional de la Fiscalía Nacional, a Estados Unidos, quienes remiten la información luego a la brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones. Solo Google habría respondido, dicen cercanos. Tres mensajes extraños dieron la luz de alerta en la Sofofa de que algo andaba mal. El 17 de marzo de 2017, cenando en su casa, el entonces presidente del gremio fabril, Hermann von Mühlenbrock, recibió un mail de una reunión con el entonces postulante y ahora mandamás de la entidad, Bernardo Larraín Matte. Quien lo enviaba era el mismo Von Mühlenbrock, que tenía el celular en el bolsillo de su chaqueta y no lo había utilizado esa noche. El 20 de marzo, en la Sofofa, la mesa directiva y once convocados recibieron una citación de Gastón Lewin a las 14.10, cancelándola a la misma hora, 14.10. Lewin les dijo que no había enviado tal mensaje. El tercer evento ocurrió el 8 de mayo. Desde el correo electrónico de Manuel José Prieto salió un documento sobre "Política Pública del gobierno de Michelle Bachelet" que él no había ni redactado ni enviado. Un tema que inquieta en el sector es la demora en tener definiciones. El académico de la U. de Chile, Jean Pierre Matus, sostiene que cuando no se trata de hechos flagrantes, las investigaciones criminales actuales demoran mucho más que el promedio, lo que se debe a varios factores: si el delito no es flagrante, se busca reunir todas las pruebas que permitan solicitar inmediatamente una medida cautelar. Y mientras la investigación no esté formalizada, no existe otro plazo que el de la prescripción, es decir, entre cinco y 10 años. El penalista Ciro Colombara, del socio del estudio "Rivadeneira Colombara Zegers, apunta a que "después de casi 20 años la Reforma Procesal Penal requiere ajustes urgentes" y "es necesario establecer un límite a la duración de las investigaciones".
