Gobierno prepara catastro de tierras indígenas, pero oposición dice que cifras ya existen: tendrían títulos por 644 mil hectáreas
domingo, 22 de abril de 2018
Pablo Obregón Castro
Economía y Negocios Domingo
El Mercurio
La administración saliente indica que entregó un informe realizado por la Universidad de La Frontera y que, además, están los datos actualizados a abril de 2018 del registro de la propia Conadi. Fuentes del Gobierno precisan que esas cifras no dilucidan cuántas tierras están hoy efectivamente en manos indígenas, cuántas perdieron y cuántas se les deben.
Poner márgenes a la política de entrega de tierras a comunidades mapuches. Ese es uno de los propósitos del gobierno de Sebastián Piñera y, para ello, el Ministerio de Desarrollo Social -a través de la Conadi- elaborará un catastro para delimitar, en detalle, cuántas tierras pueden reclamar como propias las comunidades indígenas luego de las ya entregadas en las últimas décadas, y cuántas se les deben. Una tarea que no se avecina nada de fácil. Desde ya, los números y su interpretación evidencian sustanciales diferencias respecto de las cifras que dejó sobre la mesa la saliente administración de Michelle Bachelet. "El catastro persigue obtener información que nunca antes se ha tenido sobre las tierras indígenas, será un trabajo interministerial y con otros servicios", señalan desde la Conadi. La idea es cruzar todos los datos de propiedad territorial que sea posible, hasta llegar incluso a los registros del Servicio de Impuestos Internos (SII). Pero en la otra vereda, las autoridades salientes aseguran que ese catastro ya está hecho y que antes de dejar el poder les entregaron a los nuevos residentes de La Moneda todos los datos actualizados sobre la materia. Dicha información está contenida en dos balances distintos. Uno es un catastro amplio realizado por la Universidad de La Frontera, con cifras al 2016. El otro es el registro de datos de la propia Conadi, que incluye datos incluso hasta abril de 2018. El primero de ellos -al que "El Mercurio" tuvo acceso- es el informe final del "Catastro de Tierras y Aguas Indígenas-Zona Sur", proyecto licitado por la Unidad de Estudios de la Conadi a la Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La Araucanía (FudeaUFro), cuyos resultados se entregaron el 30 de junio de 2016. En su elaboración sus autores utilizaron fuentes como el Centro de Información de Recursos Naturales (Ciren), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y las bases de datos administradas por Conadi. Este informe llegó a la conclusión de que la superficie que las comunidades podrían acreditar como propias a través de títulos de merced llegaría a 644.956 hectáreas. Mientras, el Estado había transferido, al 2016, unas 235 mil hectáreas a la población indígena. El Sistema Integrado de Información Indígena de la propia Conadi, en tanto, da cuenta de la existencia de 3.010 títulos de merced que acreditan propiedad indígena sobre 507.583 hectáreas, cifra más conservadora que las arrojadas por el catastro de la UFro. Ese sistema de datos indica que entre 1994 y 2017 se han restituido 241 mil hectáreas, con un costo para el Estado de US$ 1.077 millones en 24 años. Así, si se considera la información del catastro UFro, las transferencias equivaldrían aproximadamente al 36% de lo que dicen los títulos de merced. Si se toman las cifras Conadi, en cambio, se habría transferido una superficie que es equivalente al 48% del total de tierras que las comunidades pueden acreditar como propias. El problema es que una parte importante de esas compras se hicieron fuera de los límites que indican los títulos de merced. "El primer catastro data del año 2005, lo hace la Universidad de Concepción. Luego se actualiza en 2008 y durante nuestro gobierno la Universidad de La Frontera hizo el catastro nuevo mandatado por la Conadi. Es decir, existe un catastro actualizado", afirma categórico el ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza (PC). ¿Por qué el Gobierno pretende levantar nueva información, entonces? Fuentes del oficialismo explican que si bien el dato sobre la superficie que pertenecía a las comunidades (644.956 hectáreas) es nuevo y valioso, el Estudio no logra dilucidar qué parte de esa superficie está en manos indígenas hoy y qué parte está en manos de terceros (forestales o agricultores, por ejemplo), que es el gran dato que se necesita para hacer políticas de aquí en adelante. Esa interrogante no se logró dilucidar, entre otras razones, porque el registro de tierras de la propia Conadi es tan antiguo e incompleto que incluso figura parcialmente en formato de papel, lo que impide hacer cruces de datos exactos. Por eso, la idea es levantar nueva información buceando incluso por los documentos de los conservadores de Bienes Raíces, trabajo que puede tomar al menos dos años. "El estudio de Fudea realizado en 2016 no sirvió para mejorar ni modernizar ningún proceso en la unidad de tierras, ya que sus resultados no daban los insumos necesarios para obtener conclusiones a futuro. En el estudio se le pagaron $60 millones a un externo, recursos que se hubieran utilizado de forma más eficiente en modernizar el registro público de tierras", indican desde la Conadi. El nuevo catastro, adelantan fuentes gubernamentales, lo harían funcionarios de la propia administración y no entes externos. No solo hay títulos de merced El estudio de FudeaUFro da cuenta de que el 91,9% de las transferencias de tierras a comunidades se hicieron fuera de los límites de los títulos de merced. Este último dato no es menor -indican gremios empresariales de la región-, toda vez que una comunidad que haya recibido predios fuera de los límites de su título de merced podría alegar que, pese a esa entrega de tierras, la devolución de los territorios acreditados en esos títulos de propiedad sigue pendiente. Un informe de la Multigremial de La Araucanía, de 2008, en tanto, da cuenta de que de 2.325 títulos de merced existentes exclusivamente en esa región, solo en 413 casos se acreditó que las comunidades habían sufrido un detrimento parcial o total de la extensión de sus terrenos originales. Pero para el anterior titular de Desarrollo Social, Marco Barraza, el título de merced no es el único requisito para demandar la restitución de tierras. "El Decreto 395 del Ministerio de Desarrollo Social establece que la comunidad tiene que demostrar que esa tierra era de su propiedad y que fue expropiada, pero el título de merced no es el único mecanismo", según Barraza. De hecho, existen certificados de dominio anteriores a los títulos de Merced, como los títulos de comisarios, entregados para las zonas de Osorno y Valdivia, y de potreros realengos, en lo que hoy es Chiloé. Pero solo eso: los títulos de merced suponen, per se , una reducción de los territorios originarios.
