Que en Chile existen deficiencias en la protección de los denunciantes de corrupción ha sido consignado por instancias como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Pero una nueva forma de paliar estas faltas entrará mañana en funcionamiento. Se trata de la Asesoría Legal anticorrupción, o ALAC, por sus siglas en inglés: Advocacy and Legal Advice Centres , una iniciativa de Chile Transparente que tiene como objetivo brindar asistencia gratuita a quienes han sido víctimas de corrupción donde estén involucrados autoridades o funcionarios públicos. "Lo que busca es fomentar el control ciudadano a través de la denuncia; que las personas que sientan que son víctimas de un caso de corrupción, o que lo hayan presenciado o incluso participado, puedan informarlo", dice Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente. Cómo funciona "Recibimos la información, con la mejor seguridad, la procesamos y vemos si se trata de un caso que pueda ser perseguible y luego la entregamos a las autoridades competentes para que puedan iniciar las investigaciones respectivas", sostiene el abogado acerca de la plataforma, que opera en colaboración con el Ministerio Público y la fundación Ciudadano Inteligente. Para Octavio del Favero, coordinador legislativo de Ciudadano Inteligente, en el país se debe avanzar en la promoción e incentivo de las denuncias de corrupción: "Es conveniente observar la experiencia de otros países y en otras áreas con la delación compensada para evaluar en qué términos debe ser implementada para ser efectiva y permitirnos detectar más casos oportunamente", afirma. En esa línea, Precht advierte que "es necesario contar con una ley de protección y discutir sumar incentivos".
La oficina funciona en más de 60 países y apunta a facilitar las denuncias.