La demanda contra el Arzobispado de Santiago: el otro flanco abierto de la Iglesia
domingo, 15 de abril de 2018
Camilo Carreño, Andrés López y Bárbara Vial
Reportajes
El Mercurio
Denunciantes de Karadima demandaron por $450 millones a la institución eclesiástica. Si bien perdieron el caso en primera instancia, la Corte de Apelaciones revisará el proceso. Durante la jornada de Punta de Tralca, los obispos analizaron cómo mejorar su relación con las víctimas de abusos haciendo "gestos" concretos.
Luego del término de la 115ª asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal realizada durante esta semana en Punta de Tralca, Región de Valparaíso, el viernes los obispos dieron a conocer sus conclusiones, las que estaban marcadas por la misiva que les envió el Papa. Sin embargo, hay otro tema pendiente que involucra a la Iglesia y que deberá enfrentar en los próximos días. En la Corte de Apelaciones de Santiago se realizarán en las próximas semanas los alegatos de la demanda por $450 millones entablada por los denunciantes de Fernando Karadima en contra del Arzobispado de Santiago. James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo acusaban que "la Iglesia desarrolló acciones para encubrir", según el fallo de primera instancia, los abusos del ex párroco de El Bosque. Este requerimiento fue rechazado en marzo de 2017 por el ministro de fuero del tribunal de alzada capitalino, Juan Manuel Muñoz, bajo el argumento de que los antecedentes "no permiten formarse convicción acerca de la existencia de coerción, difamación y silenciamiento por parte del Arzobispado de Santiago, en desmedro y sufrimiento de los actores, por insuficiencia probatoria. No resulta posible, asimismo, configurar encubrimiento de los abusos sexuales de Karadima por parte del Arzobispado, ya que no hay prueba alguna a su respecto (...) las actuaciones individuales de algunos sacerdotes cuestionados por haber provocado una campaña de difamación y amenazas en contra de los actores escapa de la responsabilidad que le podría caber al órgano metropolitano de la Iglesia". Es por esto que a través de su abogado, Juan Pablo Hermosilla, los denunciantes apelaron y ahora esta carta del Papa podría influir en la decisión de los magistrados. Al ser consultado Hermosilla sobre si la misiva y la petición de perdón de Francisco podrían presentarse como argumentos en los alegatos, indicó que "por supuesto. Lo que queda claro a esta altura es que si alguien creía que mis clientes y la gente de Osorno estaban actuando de mala fe, hoy queda despejado ese tema". Además, agregó que "se ve extraño que el Papa mande esta carta y que al mismo tiempo nosotros tengamos que seguir litigando con el Arzobispado de Santiago. Así están puestas las cosas. Vemos que de alguna manera se está marcando una crisis dentro de la Iglesia chilena producto de estos temas. Puede que provoque un impacto (en los magistrados), no lo sé". El debate interno por la misiva del Papa Francisco El martes a "última hora" llegó a la Conferencia Episcopal la misiva de Francisco, lo cual cambió el tono de la reflexión que llevaban hasta ese momento los obispos. Luego que se diera a conocer la carta, comenzó el proceso de análisis y cada obispo tomó la palabra, incluido Juan Barros, quien, según versiones de quienes participaron en el encuentro, habría aludido a los costos personales que le han generado las acusaciones en su contra. El viernes, el sacerdote decidió retirarse de Puntra de Tralca cerca de las 8:00 de la mañana, sin tomar desayuno, antes de que culminara la conferencia. Uno de los puntos que más se discutieron fue la postura y actuar de la Iglesia respecto de las víctimas de abusos. La discusión giró en torno a cómo hacerlo y qué gestos se deberían realizar. "Ponerse en la vereda de las víctimas" o la petición de concretar un acto de perdón "con nombre y apellido" fueron algunas de las propuestas mencionadas. El diagnóstico apunta a empatizar con las personas que fueron abusadas. Según diversos obispos consultados, se han instruido en torno al trato de las victimas recogiendo, incluso, insumos académicos. Y si bien se reflexiona que se ha hecho todo lo que está en el "protocolo" para la atención de quienes se han visto vulnerados, esto no ha sido suficiente. En ese sentido, mañana se va a realizar una reunión de la comisión para la prevención de los abusos, de la cual participan los obispos Alejandro Goic y Juan Ignacio González. Finalmente, el acuerdo general es que no se tomarán medidas hasta que se concrete la reunión con el Papa. El vocero de la Conferencia Episcopal, Jaime Coiro, indicó que "el Papa los convoca por dos razones. Para que los obispos le acompañen, ayuden, asistan y colaboren en el discernimiento de cuáles son las mejores maneras para restablecer la comunión eclesiástica y reparar el daño causado por los abusos. Y, por otra parte, los invita a dialogar sobre las conclusiones del informe de Scicluna y las que el Papa tomará respecto de esa investigación". Según diversas fuentes, los obispos van a escuchar el planteamiento del Papa, y, a partir de eso, le podrán presentar algunas propuestas o caminos a seguir, los que estarían inspirados, dependiendo de los criterios que reciban, en la reflexión autocrítica que realizaron durante la asamblea. Eso sí, según advirtieron quienes participaron del encuentro, no están trabajando en una propuesta específica, documento o plan de acción. En relación con las eventuales renuncias de las autoridades eclesiásticas chilenas a raíz de la reunión con Francisco, Coiro manifestó que es un escenario que "podría darse, pero eso depende de la decisión en conciencia que cada obispo tome". En privado, en tanto, diversos obispos asumen que "lo más probable" es que Francisco solicite la salida de uno o más miembros de la Iglesia.
