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La encrucijada de Enap y Codelco: Inversiones en revisión, remezones sindicales y gerencias en alta tensión

domingo, 15 de abril de 2018

Pablo Obregón Castro y Valeria Ibarra Maldonado
El Mercurio

En Enap, el nuevo directorio se abocó a revisar el plan estratégico de la compañía con plazo al 30 de junio, sin zanjar la permanencia de Marcelo Tokman en la gerencia. Codelco deberá abordar la reconversión de Chuqui, en medio de las agitadas aguas que vive la FTC tras la salida de Raimundo Espinoza de su presidencia.

Con los antecedentes que estaban sobre la mesa, era fácil suponer que el cambio de gobierno traería movimientos algo bruscos en la Enap. Lo que no se sabía hasta hace pocas semanas es que el mismo aire pesado también se empezaría a respirar en Codelco, donde la caída del histórico líder sindical Raimundo Espinoza -el fiel de la balanza entre la administración y los trabajadores- hizo que la gobernabilidad de la cuprera y sus planes de inversión también aparezcan hoy bajo cierto aire de amenaza.

Con Espinoza fuera de la presidencia de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) -aunque no del directorio de Codelco-, ya no es tan claro que los trabajadores sigan bien alineados detrás de la administración. Asunto complejo si se piensa que en los próximos 10 años la estatal deberá invertir US$ 39 mil millones y remover al menos a 1.700 trabajadores en Chuquicamata.

Así las cosas, dos de las mayores empresas del Estado chileno hoy atraviesan por transiciones cargadas de encrucijadas. Algunas comienzan a despejarse favorablemente, mientras otras amenazan con agitar más las cosas, con consecuencias potenciales en materias cruciales, como políticas de inversiones, relacionamiento con los proveedores y el elevado costo de la mano de obra.


Codelco: Rebaja de dotación en 1.700 puestos y ajuste en sueldos tensiona a Chuqui


Esta semana, en La Serena, con la presencia de 115 dirigentes sindicales de Codelco, se ratificó la salida de Raimundo Espinoza de la presidencia de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) y fueron más allá. Anunciaron que reformarán completamente la multisindical de la estatal, con nuevos comités y aumentando el número de consejeros de 15 a 17.

Raimundo Espinoza presidía desde 1993 la FTC, que agrupa a los sindicatos de todas las divisiones de Codelco. Y es, a la vez, el director más antiguo de la estatal. Fue nombrado en 1994 por Eduardo Frei, siguió con Ricardo Lagos hasta 2002; luego designado por la Presidenta Michelle Bachelet en 2006, y ratificado durante el gobierno de Sebastián Piñera, en 2010, y por Bachelet en 2016 y hasta 2022. Este último nombramiento es personal, por lo que Espinoza puede dejar de trabajar en Codelco y aún así tener una silla en el directorio.

En el mundo sindical e incluso entre algunos ejecutivos de Codelco, hay críticas al rol del ex timonel de la FTC, lo que explica este golpe dado a su gestión en esta multisindical. "Dejó de representar a los trabajadores, hay incluso una relación promiscua con el presidente del directorio (Óscar Landerretche) y el presidente ejecutivo (Nelson Pizarro)", señala un profesional de la corporación. Incluso, se le cuestiona la extrema cercanía con Daniel Sierra, vicepresidente de Recursos Humanos, porque es "poco apropiada entre la dirigencia sindical y su contraparte". Otro le critican que ejerció un "monopolio del diálogo sindical en Codelco", en perjuicio de los propios trabajadores, señalan dirigentes mineros.

Fueron estos puntos débiles los que levantaron los dirigentes de Chuquicamata -Cecilia González, Héctor Roco y Hernán Guerrero, los dos primeros antes eran del círculo de Raimundo Espinoza- para arremeter contra Espinoza. Y es que Chuquicamata está en un tránsito, en que su rol de interlocución era clave.

Laura Albornoz, directora de Codelco, señala que el conflicto al interior de la FTC no ha afectado el normal funcionamiento de la empresa.

Fuentes de la administración Codelco dicen que este es un conflicto de los líderes sindicales, no de los trabajadores, y hacen ver que la estatal ha cerrado en los últimos días tres negociaciones colectivas con acuerdo. Pero sí reconocen que la caída del ex presidente de la FTC afecta la concreción del proyecto estructural Chuquicamata Subterránea, que "requiere cambios significativos en el negocio", según ha señalado Nelson Pizarro. "Chuquicamata debe asegurar su viabilidad transformando su cultura y aplicando nuevas prácticas de trabajo y tecnología para quebrar la tendencia de productividad y costos", dijo el CEO de Codelco hace pocas semanas. Hay que subir la productividad de 44 toneladas por persona, a 61 toneladas -el promedio de Codelco actual es de 51 toneladas-, y reducir los costos a menos de un dólar por libra, frente a 1,296 centavos de dólar en que está hoy.

Eso pasa, cuenta una profesional de Codelco, por reducir o reconvertir a unos 1.700 trabajadores de Chuqui y "entrar a picar" en tres áreas productivas de la mina: la concentradora, la fundición y la refinería. "Chuqui Subterránea necesita menos de 4.000 trabajadores y la reducción o reconversión debe producirse desde este año y hasta el 2023", señalan en la administración. Por ejemplo, el cierre del rajo abierto parte en 2020, y allí trabajan 1.000 mineros.

La dirigencia sindical se opone a esta reconversión, porque también baja su base sindical. Al sacar a Raimundo Espinoza, aquella posición sindical contraria a los cambios se fortalece, dicen en el headquarter de Codelco.

Codelco tiene una dotación propia total de 18.562 trabajadores. De ellos, 5.664 están en Chuquicamata, con remuneraciones más altas. Por ejemplo, en El Teniente, hoy la mayor división en términos productivos, el salario anual promedio de cada trabajador es de US$ 70 mil al año ( unos $3,5 millones al mes), versus los US$ 111.600 (unos $5,7 millones mensuales) que, en promedio, gana su equivalente en Chuqui. Estos trabajadores reciben una asignación de zona que representa el 35% de su sueldo.

El costo laboral de Codelco sin Chuqui en 2017 es más bajo, de US$ 85.100 mensuales ($ 4,3 millones). La idea de la administración es igualar los beneficios de la otrora mina más grande de Codelco al resto, cuestión que suscita el rechazo de los dirigentes.

Aunque estas diferencias vienen desde hace tiempo, el hecho que provocó el quiebre al interior de la FTC y la posterior salida de Espinoza de esta presidencia fue que este avaló el fin del Plan de Desarrollo Sindical (PDS), un plan que costaba varios millones de dólares. Se finiquitó este programa el 31 de diciembre de 2017 y ardió la pradera.

PDS daba bonos a los dirigentes hasta $1,2 millones al mes más su sueldo

Pensado para facilitar el tránsito desde la dirigencia sindical a la vida "normal", el PDS partió en 2002. Consistía en capacitar a los dirigentes por 18 meses para retomar sus trabajos en sus respectivas áreas.

Además, accedían a bonos que sumaban $1,2 millones al mes y la opción de adherir a los planes de egreso vigentes. Este plan se mantuvo vigente por más de 15 años. En 2016, la administración le puso fecha límite: hasta el 31 de diciembre de 2017. Algunos dirigentes llevaron este tema a la justicia, que lo rechazó en primera y segunda instancia, señalan en Codelco. Como expiró en 2017, muchos dirigentes actuales no alcanzaron a inscribirse a los planes de egreso y tampoco recibirán los bonos.

Codelco debe invertir US$ 39 mil millones en 10 años y no hay claridad de cómo financiarlo

Otro tema que complica a Codelco son las inversiones: no se ve cómo financiarlas. Actualmente, hay en marcha tres proyectos estructurales -Chuquicamata Subterránea; Traspaso Andina y Nuevo Nivel Mina de El Teniente-, a los que se suman otros tres en estudio, como Mina Rajo Inca en El Salvador, Desarrollo Futuro de Andina y Planta desalinizadora en Distrito Norte.

"Tenemos un desafío de inversión gigantesco de US$ 39 mil millones en los próximos 10 años y que, estimamos, serán financiados a través de tres vías: recursos propios generados por la corporación, deuda adquirida con financistas privados y aportes del dueño, mediante el programa de capitalización que está en curso", señala Óscar Landerretche, en la memoria 2017 de Codelco.

En la misma, el actual presidente del directorio considera "imperioso pensar en una ley de financiamiento que garantice ciertos niveles de reinversión, en función del precio del cobre y de nuestro desempeño, lo cual generaría los incentivos para seguir siendo cada vez más productivos y competitivos". En esa línea está el ministro de Minería, Baldo Prokurica, pero esto se opone a la política de austeridad fiscal que impulsa Hacienda.

En el anterior gobierno de Sebastián Piñera, en un ciclo de precios altos del cobre, la entrega de capital a Codelco fue más bien escasa, lo que obligó a la estatal a endeudarse para concretar inversiones, ha explicado Landerretche en varias ocasiones, pasando su deuda de US$ 6 mil millones a US$ 14.000 millones, entre 2010 y 2014.

Por la ley de capitalización de 2014, desde ese año el Estado ha inyectado capital por US$ 1.620 millones a Codelco, autorizó la retención de utilidades por US$ 200 millones más y permitió traspasar recursos provenientes de la aplicación de la Ley Reservada del Cobre al tesoro público, lo que implicó una capitalización extraordinaria a la empresa, por US$ 475 millones en 2017.

En total, US$ 2.295 millones en el período 2014-2017, y aún restan US$ 1.705 millones a entregar entre 2018 y 2019. Pero hay incertidumbre sobre qué pasará después. Consultado el Ministerio de Hacienda, al cierre de esta edición no había dado una respuesta.

Enap en medio de cambios en el poder sindical y con un nuevo directorio que revisará los planes


Vox populi han sido las desavenencias que desde fines del año pasado han protagonizado Nolberto Díaz con la administración de Enap, incluidas demandas por prácticas antisindicales, querellas por lesiones e incluso acusaciones de ánimos privatizadores contra la gerencia. En ese momento, el sindicalismo de la empresa se mostraba como una unidad monolítica detrás de Díaz, pero eso cambió en los últimos meses y, según cuentan cercanos a la empresa, el bloque sindical ha ido perdiendo cohesión y hoy se observa un ánimo de mayor colaboración con las nuevas autoridades.

Prueba de ello es que el sindicato de Enap Santiago retiró la demanda por prácticas antisindicales y, sorpresivamente, Nolberto Díaz perdió la presidencia del Sindicato de Aconcagua a manos de Marcos Varas, dirigente que representa a los trabajadores en el directorio de la compañía y que es considerado "dialogante, serio y razonable" por quienes han compartido con él en esa instancia.

¿Qué ocurrió? En reserva, varias fuentes coinciden en que Díaz fue perdiendo respaldo en su confrontación con la gerencia, en la medida en que un sector de la dirigencia sindical evaluó que en esa disputa no tenía nada para ganar y que no era funcional con los objetivos de los trabajadores: salarios, jornadas, estabilidad laboral.

Así las cosas, las autoridades entrantes ya han tomado contacto con los líderes sindicales de la compañía -y aún no con Díaz-, con el ánimo de mejorar el diálogo. De hecho, una de las primeras llamadas que realizaron fue precisamente a Marcos Varas.

El tipo de relación que las nuevas autoridades logren establecer con los líderes sindicales de la Enap será clave para abordar, conjuntamente, uno de los talones de Aquiles de la compañía: su alto costo laboral, el que llega a los $4,3 millones por trabajador en promedio, en una empresa que, hasta 2008 al menos, estaba técnicamente en quiebra. Dos estudios de compensación realizados durante la administración Tokman dan cuenta de que ese costo laboral es difícil de sostener. Los trabajadores no ejecutivos de la Enap ganan cerca de un 30% más que el promedio de empresas comparables, como Copec, y casi lo mismo que los operarios de industrias altamente rentables, como la gran minería del cobre o la banca. En Codelco, por ejemplo, el costo por trabajador es de unos $5 millones al mes, tratándose esta última de una compañía que, por ejemplo, el último año entregó excedentes al fisco por US$ 2.885 millones, versus una Enap que hasta 2012 generaba millonarias pérdidas (ese año obtuvo resultados después de impuestos de -319 millones de dólares) y que en 2017 obtuvo excedentes después de impuestos de US$ 24 millones.

Otras fuentes, en tanto, creen que el clima laboral todavía presenta varios temas candentes. Uno de ellos es una querella criminal por lesiones leves que Alfredo del Carril presentó contra Nolberto Díaz en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago -tras el historiado incidente a golpes que protagonizaron a fines de 2017-, y cuyo desenlace sigue pendiente.

Nuevo directorio revisará el plan estratégico de Enap

Apenas se instaló el nuevo directorio de la compañía, integrado por Loreto Silva (presidenta), Gonzalo de la Carrera (vicepresidente), Rodrigo Azócar, Anita Holuigue, Claudio Scármeta y Marcos Varas (representante de los trabajadores), comenzó un exhaustivo trabajo de revisión del plan estratégico de la compañía, cuyas primeras conclusiones se conocerán el 30 de junio. Quiérase o no, lo que ese día ocurra será visto como un espaldarazo o una crítica a la gestión de Marcelo Tokman.

En estas semanas, el directorio revisará los planes de inversión, las políticas de endeudamiento, los contratos con los proveedores -con el foco puesto en los niveles de competencia a la hora de suscribir esos contratos-, y las estrategias de comercialización de la compañía.

En la estatal reconocen que este proceso no ha estado exento de ruidos y señales políticas desconcertantes. El 29 de marzo, de hecho, cuando los nuevos directores de Enap se reunían por primera vez en el edificio corporativo de Apoquindo, se conoció una entrevista de la ministra de Energía, Susana Jiménez, publicada por La Segunda, en la que ella cuestionaba decisiones estratégicas, como la ampliación del giro de la estatal hacia la generación eléctrica. Semanas antes, había señalado que la Enap tenía un endeudamiento tal que sobrevivió solo por ser una empresa del Estado y por tenerlo como su aval implícito.

En la administración de la empresa leyeron las declaraciones como un intento por pautear al directorio para remover a Tokman y facilitar la instalación en el cargo de Ricardo Cruzat, ejecutivo cercano a la UDI y que ocupó ese sillón durante la primera administración de Sebastián Piñera. Esto, en un contexto en que está recién debutando una nueva ley de gobiernos corporativos en Enap, que busca precisamente desligar el manejo de la compañía de los ciclos políticos.

Fuentes del Gobierno pronto aclararon que las críticas de la ministra se publicaron el mismo día de la reunión de directorio solo por coincidencia y que, además, aludía a la compleja situación que la compañía mostraba en 2008 y no hoy. La ministra de Energía, Susana Jiménez, prefirió no referirse a este tema.

Como sea, la mirada de Jiménez sobre el negocio eléctrico no es trivial para la Enap. En su gestión durante el gobierno pasado, Tokman hizo una apuesta importante por la generación eléctrica, a través de proyectos como la planta de geotermia Cerro Pabellón -iniciativa de la que ya salió-, y la construcción planificada para este año de un parque eólico en Magallanes. ¿El objetivo? Garantizar el suministro eléctrico para el funcionamiento de las propias refinerías y fomentar el desarrollo de las energías renovables no convencionales en Chile. Proyecto que, además, fue criticado por parte del sector privado en su momento.

¿Seguirá la incursión de Enap en el rubro de la generación eléctrica? Conocedores de la compañía creen que, más allá de la posición que ha expresado la ministra de Energía, Susana Jiménez, la decisión será de los directores de la empresa: "Quien responde por los resultados de la compañía será el gobierno corporativo y no el gobierno central", afirman esas fuentes.

El mismo criterio se utilizará para el nombramiento de los cargos gerenciales. Se recurrirá al trabajo de un head hunter -indican conocedores de la firma-, para buscar a los gerentes de la operación en Ecuador y el vicepresidente de Comercialización y Refinación, hoy vacantes.

¿Y el puesto de Tokman? Conocedores de la firma indican que ese punto todavía no es abordado por el nuevo directorio, desestimando versiones que daban por cerrada la decisión de remover a Tokman de su cargo y nombrar en su lugar a Ricardo Cruzat.

En el directorio existiría una buena opinión del trabajo de Tokman, sobre todo en lo relativo a la optimización de los recursos, área en que "le afloró el alma de ex Dipres", indican fuentes cercanas a la estatal -recordando el paso de este ejecutivo por dicha repartición en los 90-, quienes valoran acciones bastante inéditas tratándose de una empresa pública. Entre ellas, la decisión de auditar las platas que la firma les provee a los sindicatos.

Tampoco habrían hecho mella en la posición de Tokman -señalan fuentes cercanas a la empresa- las investigaciones de la Contraloría relativas al reciente cambio de edificio corporativo o a un proceso de cambio de marca que se adjudicó en febrero de 2017 a la empresa MagiaLiquid por US$ 458.175. "Alguien ha hecho denuncias anónimas por todo y se abren investigaciones que al final no llegan a nada. Lo que tiene que importar es que se licitó bien y que se hizo la pega de branding ", dicen cercanos a la estatal.

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