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Ante las especulaciones sobre eventuales tratativas para que el caso Penta no acabe en un juicio oral, el fiscal nacional, Jorge Abbott, aclaró que él se inhabilitó y que las decisiones en esta investigación por delitos tributarios y cohecho, asociadas al financiamiento irregular de campañas políticas, deberá tomarlas el jefe regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, sin medir "qué consecuencias o qué críticas o alabanzas puede tener de la opinión pública en general". La máxima autoridad del Ministerio Público advirtió, en ese sentido, que "los fiscales no están para satisfacer expectativas que puedan tener determinados grupos de personas, sino que simplemente para buscar la mejor solución al conflicto penal, con pleno respeto a los derechos fundamentales y también tomando en consideración el interés de la víctima". Eso, luego que en los últimos días, allegados a la indagatoria deslizaran que existía la posibilidad de procedimientos abreviados para los dueños del holding , Carlos Délano y Carlos Eugenio Lavín, así como para el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner. Es decir, quienes arriesgaban las penas más altas en el caso (10 años), ahora, de materializarse un acuerdo, no recibirían una sanción superior a los cinco años, la que sería cumplida en libertad. Abbott formuló estas declaraciones al término de la cuenta pública del Tribunal Constitucional, donde además abordó el actual escenario del caso Caval: solo Natalia Compagnon -nuera de la ex Presidenta Michelle Bachelet- será juzgada en la arista principal (ver C 19). El jefe del Ministerio Público reconoció que eso genera un problema. "Tenemos allí probablemente una dificultad. Nos encontramos y nos hemos encontrado en muchas ocasiones que al iniciarse una causa, con los primeros antecedentes que se tienen, y se decide formalizar, probablemente se generan expectativas que luego, a lo largo de la tramitación de la misma, no pueden ser satisfechas". Y agregó: "estamos trabajando con los fiscales, precisamente para evitar situaciones como estas; es decir, no generar una expectativa que, en definitiva, no puede ser satisfecha. Esto genera una frustración en la población y una natural crítica al sistema de justicia". Insistió además, como en otras ocasiones, en la necesidad de modificar las sanciones para los delitos de corrupción: "Lo hemos venido reclamando hace mucho tiempo. Hay conductas que son particularmente graves y que tienen sanciones bajísimas".