Sobreprecios que suman más de $13 mil millones en los procesos de compra de 37 predios que iban a ser entregados por la Corporación de Desarrollo Indígena (Conadi) a comunidades mapuches del sur del país reveló una revisión preliminar efectuada por la fiscalía de esa entidad. Conocida la situación, que involucra mayoritariamente a terrenos de La Araucanía, el nuevo director del organismo, Jorge Retamal, detuvo la tramitación de las carpetas, que corresponden a negociaciones realizadas durante 2017, y que debían ser enviadas para su toma de razón a la Contraloría General de la República. Otros cuatro expedientes, que ya se encontraban en el ente contralor para su validación, fueron devueltos a la Conadi, por no cumplir con las normas establecidas para la negociación, compra y traspaso de terrenos reclamados por organizaciones mapuches. Desde la Conadi se indicó que se están analizando otros casos, y no se descartó que puedan detectarse nuevas situaciones con valores abultados por sobre la tasación oficial. Jorge Retamal, quien ya desempeñó el cargo entre enero de 2011 y marzo de 2014, confirmó que "de los predios que se encuentran negociados, si uno suma todo lo que se está pagando en sobreprecios por esos 37 predios, la cifra es superior a los $13 mil millones" e indicó que una vez que concluya el análisis interno de los procedimientos, evaluará una eventual denuncia ante el Ministerio Público. "Lo importante es que se pague el precio justo. Además, hay un elemento adicional: todos los predios comprados deben pasar por la Contraloría para que tome razón y nosotros tenemos que fundamentar muy bien, de hecho y de derecho, cada compra que se hace", recalcó Retamal, quien asumió sus funciones el pasado 2 de abril. A juicio de la autoridad, "la administración anterior institucionalizó el sobreprecio", ya que "emitió una circular en la cual se autorizaba hasta un 20% de mayor valor y en los últimos predios encontramos sobreprecios por más de $13 mil millones". Consultado respecto de cómo enfrentará los nuevos procesos de negociación de tierras, considerando la escasez de predios y el impacto de ello en los precios, Retamal indicó que "lo primero es pagar lo que la tasación establece, hacer que ese proceso sea ejemplarmente transparente y que no se transforme en una especulación, dado que la Conadi tiene recursos que debe ejecutar y se pueden producir presiones para pagar cualquier precio". Junto con abogar por la definición de mecanismos "objetivos" para "fijar el valor de las tierras", planteó la creación de una comisión encargada de esa materia. "Hoy tenemos mecanismos internos que dan amplia potestad al director nacional y a todo su equipo, y nosotros debemos abrir eso a la discusión", dijo. Para Retamal, "la Ley 19.253 (Indígena) no dice mucho -sobre cómo fijar el valor de las tierras-, tenemos el Decreto Supremo 395 que regula los procesos de compras y un Consejo Nacional de la Conadi. Lo importante es que dentro de esa institucionalidad vigente definamos y mejoremos los mecanismos internos que tenemos". Entre esas modificaciones, planteó la creación "de un banco de predios, abierto y transparente", que participe en la determinación de las tasaciones de las tierras "para que no sea un tema solo de la Conadi". Luego de precisar que cualquier cambio a la Ley 19.253 requiere una consulta indígena, consideró que por vía de un nuevo decreto supremo se pueden efectuar correcciones a los mecanismos actuales. "Eso podríamos estudiarlo y lo más importante es asociar la entrega de tierras a cada título de merced. Hay casos en que se han devuelto más de una vez. Lo otro es evitar la creación artificial de comunidades", detalló y agregó que en los últimos cuatro años en La Araucanía se formaron más de 270 organizaciones de este tipo. Además, Retamal recalcó que uno de los ejes de su gestión será efectuar un catastro con todos los títulos de merced que ya han sido devueltos a las comunidades mapuches y los que permanecen pendientes. $2,8 millones
fue el valor promedio que pagó Conadi entre marzo de 2010 y marzo de 2014 por cada hectárea de tierra entregada a comunidades indígenas. Ese valor aumentó a $4,8 millones en el siguiente cuatrienio, según cifras reveladas por su nuevo director.