La dramática investigación de las muertes por listas de espera
domingo, 08 de abril de 2018
Andrés López
Reportajes
El Mercurio
Fiscal Emiliano Arias investiga el retiro irregular de pacientes GES del listado del Hospital de Rancagua, que en su mayoría padecían cáncer. Esta situación aparece en un informe reservado del servicio de salud de 2017, la que se habría efectuado para cumplir metas y obtener bonos.
El siguiente relato lo expone Clementina Barra Gálvez, hermana de un paciente con cáncer gástrico que se atendió a partir de 2015 en el Hospital de Rancagua. "Marcelo era igual que un niño, porque padecía retraso mental. El día que nos dieron la primera hora para la junta médica nos dijeron que no era necesario que él viniera; esto, porque les explicamos a los funcionarios que vivíamos en las cercanías de Pichilemu. Teníamos que pedir ambulancia o arrendar un vehículo, dado que no contábamos con los medios para llevarlo. Llegamos a la hora sin él, pero entonces nos dijeron que teníamos que venir con mi hermano. De ahí nos pidieron volver en tres semanas más. Un día llegamos con él y nos señalaron que no podían hacer nada, porque teníamos que traer un certificado de psicólogos. Nos dieron hora para un psicólogo, para que lo viera en el mismo hospital, hora que nunca llegó hasta el día de hoy. Tuvimos que atenderlo particular para que nos dieran el certificado. Pasaban muchas cosas, porque después íbamos con él y decían que no podían hacer nada, porque debíamos pedir otra hora a Santiago, para el Psiquiátrico. Estábamos atados de manos. En una ocasión le lloré a una funcionaria en la ventanilla. Le dije, por favor, tengo hora mañana en Santiago y necesito los exámenes. Me respondía que no estaban, y ante la insistencia fueron adentro, en cinco minutos me los entregaron. Eso da impotencia. A esa altura ya no podía tragar, porque necesitaba un tubo en el esófago. No llegaba nunca la hora, no nos llamaban para traerlo. Había adelgazado mucho. Después de que le pusieron el dispositivo, nos dieron un control muy lejano, incluso tuvimos complicaciones con él en la casa y tuvimos que ir al hospital sin hora. Fue todo un día, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, para que lo pudieran atender. Los últimos días nos mandaron a quimioterapia a Santiago, al Instituto Nacional del Cáncer. Se lo realizaron, pero no hubo nada más que hacer. Empeoró mucho más. Desde que comenzamos la atención en el hospital hasta que se realizó la primera quimioterapia, pasó casi un año. Si hubiese sido toda la atención más rápida, podríamos haberlo tenido más tiempo con nosotros". Marcelo Barra Gálvez, con 58 años, murió en julio de 2016. Su nombre aparece en el listado de fallecidos de la lista de espera AUGE (GES) que debían haber sido atendidos en el Hospital de Rancagua, de acuerdo con una auditoría que se realizó en enero de 2017 sobre el cumplimiento de las atenciones médicas efectuadas durante el 2015 por el Servicio de Salud regional. Su muerte, además, forma parte de los casos que la Fiscalía Regional de O'Higgins está investigando, en un proceso judicial que involucra la reducción artificial de las listas de espera, con la presunta finalidad de cumplir metas de gestión para la obtención de bonos. "Lo que ha mostrado la indagatoria hasta este momento es que las personas se miraban meramente como un dato. Los pacientes enfermos, vulnerables, no son un número. No hay un análisis de la situación de este, solo un número, que había que achicarlo, y se actuó mal", señala a "El Mercurio" el fiscal Emiliano Arias. "Tienes derecho a un bono" El año pasado, el Ministerio Público comenzó las indagatorias a raíz de un informe de Contraloría y denuncias presentadas por parlamentarios. Junto con esto, a manos del fiscal Arias llegó una auditoría realizada por el Servicio de Salud de la Sexta Región -dependiente del Ministerio de Salud- a sus establecimientos asistenciales. Una de estas fue al Hospital de Rancagua, en la que se analizaban situaciones que el informe califica de irregulares respecto del proceso de "exceptuación" de pacientes con patologías GES. Ante estos casos, el Estado debe garantizar la atención en plazos determinados. De lo contrario, aparece como una atención incumplida. La única forma en que una persona en lista de espera sea sacada de ella sin que haya sido intervenida es que sea "exceptuada". Esto puede ocurrir bajo cuatro circunstancias: inasistencia del paciente, que este se niegue al tratamiento, motivos de fuerza mayor o indicación médica. Para dar cuenta de la indagatoria, Arias concurrió en enero pasado a una comisión investigadora de la Cámara de Diputados -constituida debido a los decesos de pacientes en listas de espera en el país-, para relatar los alcances de esta auditoría del Servicio de Salud de la Sexta Región. El documento, de 100 páginas, quedó en reserva y muestra una serie de situaciones anómalas en el Hospital de Rancagua. Por ejemplo, 97 pacientes fueron sacados de las listas de espera el mismo día en que vencía el plazo para cumplir con su atención; en 274 casos hubo una causal mal aplicada, y 310 enfermos, sacados de la lista, que no tuvieron la prestación otorgada. En total, 189 exceptuados padecían cáncer y 16 pacientes con esa enfermedad murieron. Entre ellos estaba Marcelo Barra Gálvez. El fiscal Arias lo explica así: "Estarían mal exceptuadas una serie de personas, lo que daría como consecuencia que se lograra la totalidad de la meta. Encontramos con posterioridad una serie de certificados que hablan del 100% de cumplimiento, certificados fundamentalmente a los miembros que han sido nombradas por medio de Alta Dirección Pública, a través de un convenio de metas generales o convenios particulares en cada caso. Precisamente, encuentras que ellos aparecen consecuencialmente cumpliendo el 100% y a raíz de esto, tienes derecho a un bono. Lo primero es determinar si esos certificados son verdaderos o adulterados. Hay indicio poderoso en estas auditorías de que serían falsos". Prosigue: "Lo que hemos determinado es que hay personas en listas de espera que debieron ser atendidas, no lo fueron y fallecieron, independiente de la causalidad. Eso desde ya le da una gravedad tremenda, porque además en este caso se trata de pacientes vulnerables, por ser enfermos y en muchas ocasiones de escasos recursos". Cuatro delitos El Ministerio Público realiza indagatorias que van dirigidas a acreditar cuatro delitos: falsificación, fraude al fisco, cuasidelito de homicidio y una posible negligencia en la fiscalización del correcto cumplimiento de las listas de espera del Ministerio de Salud, Fonasa y la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Arias se refiere a los ilícitos potenciales, que conforman la base de su investigación. "Si encontramos que estos directivos (de la Región de O'Higgins) conocen que no es real el cumplimiento y reciben el dinero, eventualmente habría un delito de falsificación de instrumento público y fraude al fisco. Esto es, yo conscientemente recibo un monto que no tengo derecho a percibir y lo hago mediante este engaño al sistema". Respecto de si los jefes de los servicios y hospitales de la región sabían que existían irregularidades con las exceptuaciones en las listas de espera, la PDI ya ha realizado diligencias para aclarar esta interrogante. En octubre del año pasado prestó testimonio ante la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios (Bridef) la médico cirujano Lei Bahamondes, que en 2017 se desempeñaba como jefa del Departamento de Control y Calidad de Prestaciones de Fonasa. En su testimonio, realizado en calidad de testigo, relató un diálogo que sostuvo con directivos del Servicio de Salud de O'Higgins en junio del año pasado. Al respecto, de acuerdo con fuentes policiales, una funcionaria a cargo de las prestaciones GES le manifestó a la doctora que si se continuaba poniendo tantas dificultades para exceptuar a pacientes en lista de espera, se iban a "disparar" las atenciones retrasadas. Bahamondes le respondió que "ustedes" exceptúan para evitar los retrasos. "Tenemos que ir a los organismos fiscalizadores" El Ministerio Público también apunta a qué grado de responsabilidad tuvieron los servicios fiscalizadores del ministerio. Según Arias, esos fondos los manejan el Ministerio de Salud, Fonasa y Redes Asistenciales, entre otros, y si se acredita que se autorizaron los pagos estando al tanto de que hubo falsificación de datos para lograr las metas podría generarse otro ilícito: la malversación de caudales públicos. "Si esa entidad en Santiago dispuso el pago de este fondo y tenía conocimiento de esta falsedad, en ese caso podría haber una eventual malversación de caudales públicos. Esto se debe a que ese delito tiene una figura negligente. Ahí entonces, en el rol de la salud, tenemos que ir a los organismos fiscalizadores. En este caso, en relación con GES, estas entidades son el asegurador Fonasa, que revisa precisamente estas situaciones, y la Subsecretaría de Redes Asistenciales. También hay obligaciones de la Subsecretaría de Salud y eventualmente del Ministerio de Salud, hay que ver si ellos cumplieron sus funciones de fiscalización, si no lo hicieron o habiendo tenido conocimiento, no las ejercieron adecuadamente, también van a ser objeto de esta investigación". Continúa: "Esta investigación decidimos hacerla por partes. Primero, respecto de las auditorías de 2015, todo entre 2014 y 2017, sin descartar años anteriores. Luego de esto, en la medida que se acredite, por ejemplo, que hay falsificación y fraude, necesariamente como investigador estoy obligado a ir a las autoridades que tienen labores de fiscalización. Si estas conocieron que no se cumplía con el 100% de actuación y que había personas mal exceptuadas y otras que fallecieron, evidentemente serán citadas. No hay ninguna excepción. No me gusta adelantar diligencias, pero serán los mismos que fueron a la comisión investigadora, van a tener que venir en la medida que vaya acreditando estos delitos". El 22 de febrero, el Servicio de Salud de O'Higgins envió un oficio a la comisión investigadora. Uno de sus párrafos señala que en 2015 y 2016 se entregaron el cien por ciento de los bonos por metas sanitarias. "Lo que ha mostrado la indagatoria hasta este momento es que las personas se miraban meramente como un dato. Los pacientes enfermos, vulnerables, no son un número". EMILIANO ARIAS FISCAL DEL CASO "Se hizo una guía de ciertas diligencias mínimas que se tienen que realizar en estos delitos, porque es una situación que se está reproduciendo en varias regiones del país". MARTA HERRERA FISCALÍA NACIONAL
