Trabajadores con discapacidad serán el 1% en empresas de más de 200 empleados
domingo, 01 de abril de 2018
Valentina González
Nacional
El Mercurio
Esta cuota se extenderá el próximo año a las compañías con más de cien funcionarios. Desde el Gobierno apuntan a perfeccionar los reglamentos para definir el modo en que se deberá apoyar la integración.
Eduardo Núñez tiene 33 años y es ingeniero civil en informática. Ha dictado clases universitarias sobre temas como inteligencia artificial y programación, y dentro de sus áreas de experticia están el desarrollo de softwares y aplicaciones. Sin embargo, encontrar trabajo le costó. "Con el currículum me iba súper bien. Iba a la entrevista y hasta ahí nomás llegaba", recuerda. Núñez tiene distrofia muscular y usa silla de ruedas, condiciones que para él habrían disuadido a las empresas de contratarlo. "No lo decían, pero se notaba", dice. Desde 2013, Núñez trabaja en Empresas Dimerc. El holding de venta de artículos de oficina lleva una década contratando a personas con distintas discapacidades físicas y mentales. Algo que hasta ahora era un esfuerzo de inclusión voluntario, pero que desde hoy es un deber para las compañías privadas y organismos del Estado, con la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión Laboral. La nueva normativa exige a las empresas con más de 200 trabajadores destinar el 1% de sus cupos a personas en situación de discapacidad. Desde el 1 de abril del próximo año, aquellas compañías que tengan más de 100 funcionarios también deberán cumplirla. El director del Servicio Nacional de la Discapacidad, Daniel Concha, destaca que esta ley traerá consigo un cambio cultural: "Aquí no se está haciendo ningún favor a las personas con discapacidad". En cambio, aclara que permitirá que "se dé igualdad de oportunidades, a través de adecuaciones y apoyo, para que las personas se puedan desempeñar y mostrar sus capacidades". Aunque la ley asegura una cuota mínima, no zanja puntos como, por ejemplo, si se deberá capacitar al equipo para fomentar un entorno inclusivo o entregar, en los casos que sea necesario, ayuda de facilitadores laborales. "Es un reglamento que va a tener que responder a muchas preguntas que nunca nos habíamos hecho", dice Concha. "El reglamento va a tener que ir avanzando para poder especificar cuál va a ser el rol de la empresa (...) Hoy en día, la ley y el reglamento no dejan claro quién paga esos servicios de apoyo", añade. Los desafíos Maritza Ponce, gerenta de recursos humanos de Dimerc, afirma que la asesoría de fundaciones especializadas -ellos la han recibido de la organización Con Trabajo- es clave para una inclusión exitosa. "Si en una empresa los trabajadores saben que tú solamente vas a contratar por cumplir, pero en realidad viene una persona ciega y no tiene instalado su programa en el computador (...) eso empieza a generar mucho ruido dentro de los colaboradores de la empresa", advierte. Con la capacitación, asegura, además se pueden derribar prejuicios, como la idea de que quienes tienen una discapacidad cognitiva solo puedan hacer tareas mecánicas: "Eso no es así. Tenemos trabajadores que son anfitriones, otros que hacen atención de clientes internos, y eso realmente lo fuimos descubriendo en la convivencia y con la capacitación". El registro Para postular a los cupos de esta cuota mínima, se requiere recibir pensión de invalidez o estar en el Registro Nacional de Discapacidades. Según datos de la Comisión Médica Preventiva y de Invalidez (Compin), entre 2012 y 2017 se hicieron 176.922 solicitudes de certificación, mientras que solo el año pasado fueron 38.455. Entre diciembre pasado y febrero de este año, hubo 10.019 trámites. La cifra es la más alta en comparación con la misma fecha en años anteriores. "Hemos visto que la demanda por obtener el registro se ha duplicado. El desafío nuestro es que podamos hacer este proceso mucho más rápido y ágil", plantea Concha.
