miércoles, 16 de abril de 2008
HERNÁN CISTERNAS
Economía y Negocios, El Mercurio
Destacan que se sienta un precedente para evitar los conflictos de intereses.
De prosperar en las siguientes etapas legislativas, el Presidente de la República, los ministros de Estado y los parlamentarios no sólo estarán obligados a encomendar la administración de sus bienes a terceros -lo que hasta ahora se ha conocido como fideicomiso ciego-, sino además a enajenar y transferir la propiedad de los mismos cuando se den determinadas condiciones que se establecerán por ley.
Tal es el alcance de la norma que por unanimidad fue aprobada en la tarde de ayer por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, donde se tramita una reforma constitucional sobre transparencia y calidad de la política.
Visto bueno
Con los votos de la Concertación y de la Alianza se dio el visto bueno a un texto que refunde una indicación de los diputados Alberto Cardemil (independiente), Cristián Monckeberg (RN) y Jorge Burgos (DC), la cual deberá ser ratificada en mayo por la sala de la Cámara.
Burgos indicó que con la aprobación de ayer "se ha abierto un primer candado", mientras que Cardemil señaló que es un paso adelante en materia de transparencia que es inédito a nivel internacional, "porque no hay ningún país que obligue a su Presidente y a sus autoridades a entregar sus bienes en administración o enajenarlos para que no existan conflictos de intereses".
Monckeberg dijo que la entrega de la administración a terceros "por sí mismo no sirve, aunque sea positivo y ayude a transparentar la acción política".
"En ciertas situaciones, un Presidente, un ministro o un parlamentario no pueden, por ejemplo, ser dueños de un banco. El Presidente nombra al superintendente que lo va a fiscalizar y los legisladores revisarán las leyes que atañen a esa industria", agregó el parlamentario.
