lunes, 26 de marzo de 2018
Economía y Negocios Online
Valor Futuro
El ex secretario de Estado enfatizó que todo es perfectible, pero señaló que la licitación que las nuevas autoridades acaban de desechar generaba importantes beneficios.
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El ministro de Transportes y Telecomunicaciones 2014-2017, Andrés Gómez-Lobo, respondió a través de una carta a El Mercurio una editorial del mismo medio que justificaba declarar desierta la licitación de recorridos del Transantiago anunciada la semana pasada.
En la editorial, se hace referencia a que los terminales fueron una barrera de entrada para que las empresas pudieran entrar al proceso de licitación, Gómez Lobo aseguró que en las bases de licitación, el Estado se comprometió a proveer 12 de los 22 terminales que se estima que requerían los operadores.
"Respecto de los restantes, varios son actualmente arrendados y, por lo tanto, podrían ser arrendados por un entrante. Para el resto, estudios indicaban que existen terrenos disponibles para nuevos terminales y cualquier entrante podría haber invertido en ellos, como en su momento lo hicieron los actuales operadores (los terminales no representan más que el 3% de las inversiones de un operador nuevo)", agregó en este sentido el ex ministro.
Por otro lado, se hacía referencia a que una empresa, ya sea pública o privada, sea dueña de los buses y los arriende a precios módicos para que otros los operen, así las empresas estén conscientes de que pueden ser reemplazados en caso de no entregar el mejor servicio.
El ex jefe de la cartera respondió, "esta alternativa es interesante y fue evaluada por el gobierno pasado. Pero al separar al propietario de los buses del operador, se generan conflictos difíciles de resolver cuando hay información asimétrica respecto del estado de estos activos, lo cual eleva los costos del sistema".
El ex secretario de Estado enfatizó que todo es perfectible, pero la licitación que las nuevas autoridades acaban de desechar generaba importantes beneficios, tangibles e inmediatos, para los usuarios, tales como la renovación de cerca de 1.800 buses, comenzando en octubre de este año; la incorporación de 90 buses eléctricos a la flota y más de 100 buses de alto estándar; la introducción de descuentos por no detención en paraderos; mayores penalidades financieras por no cumplir con los indicadores de calidad; nuevos servicios para mejorar la cobertura del sistema, entre otros.
"Desde mi perspectiva, cualquier mejora que se plantee ahora a los contratos tendrá un impacto marginal, y no compensará los mayores costos que tendrá para los usuarios la postergación (sin un horizonte definido) de estos beneficios, ni tampoco los mayores costos fiscales que conlleva una renegociación para extender los servicios de los actuales operadores", concluyó.
