TC define argumentos para declarar inconstitucional artículo que impide controladores con fines de lucro en la educación superior
viernes, 23 de marzo de 2018
C. CARVAJAL y J. HERRERA
Nacional
El Mercurio
Mientras no termine la revisión de la reforma y se firme la sentencia, los magistrados pueden modificar su posición. Hasta ayer, en la mayoría había seis de los diez ministros.
Los ministros del Tribunal Constitucional (TC) dedicaron la sesión de Pleno de ayer a definir cuál será su argumentación para declarar inconstitucional el artículo 63 que establece la prohibición de que entes con fines de lucro controlen universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica sin fines de lucro. La norma, que es parte de la reforma a la educación superior, señala que las "instituciones de educación superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro solo podrán tener como controladores a personas naturales, personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, corporaciones de derecho público o que deriven su personalidad jurídica de estas, u otras entidades de derecho público reconocidas por ley". Hasta ahora, y de acuerdo a lo que expresaron durante la sesión, hay seis magistrados que están por declarar inconstitucional el artículo: Iván Aróstica (presidente), Marisol Peña, Juan José Romero, María Luisa Brahm, Cristián Letelier y José Ignacio Vázquez. El debate se ha centrado en si lo harían por forma o fondo. Los magistrados que están por el fondo estiman que con esta norma se incorpora un nuevo requisito que establece una cierta discriminación y transgrede el artículo 19, N° 2 de la Constitución: la igualdad ante la ley. Mientras que otros creen que es contraria a la Constitución por el artículo 19 N° 11 inciso primero que se refiere a la libertad de enseñanza y que el legislador no se puede meter "en el derecho de no abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales". El presidente del TC está en esta posición y ha sostenido en el debate que podría haber "una estatización de la libertad de enseñanza". El tema de forma, al que también adhieren algunos de los integrantes del organismo, es que este artículo en la votación en el Congreso no tiene el quórum requerido de Ley Orgánica Constitucional; es decir, 4/7 de los senadores y diputados en ejercicio. Aróstica, Letelier y Brahm están en la mayoría por fondo y forma. Mientras que Romero y Vázquez solo por un tema de fondo. La ministra Peña, hasta ayer concurriría a la decisión exclusivamente por un tema de forma, pero quedó de estudiar si se suma también al fondo. El voto de minoría sería de los ministros Carlos Carmona, Gonzalo García, Domingo Hernández y Nelson Pozo, quienes estuvieron por no declarar este artículo como Ley Orgánica Constitucional, por lo que no debiese analizar su constitucionalidad. Mientras no termine la revisión de los artículos y se firme la sentencia, algunos de los ministros pueden modificar su posición. Pero, en caso de producirse un empate, el que dirime es el presidente, que está en la mayoría. El polémico artículo 80 La próxima semana se analizarán los otros artículos que faltan. Uno de ellos es el 80 inciso segundo, donde también habría una mayoría entre los magistrados para declararlo inconstitucional. Esta disposición exime a las universidades Austral, de Concepción y Técnica Federico Santa María -todas tradicionales y parte del Consejo de Rectores- de los artículos 63 a 70 del proyecto. Es decir, las excluye de la prohibición de contar con controladores con fines de lucro y de las reglas, obligaciones y prohibiciones que contiene el proyecto para todas las instituciones de educación superior de derecho privado sin fines de lucro. Durante la tramitación de la reforma, estas casas de estudio aseguraron que sin la eximición se verían obligadas a modificar sus estatutos. En su creación, la U. de Concepción y la U. Austral recurrieron a empresas de la zona para obtener fondos (Cervecería Kuntsmann, entre otras), entidades que aún están en la orgánica de los planteles, aunque sin retiro de utilidades. Y la U. Santa María, podría presentar un problema con las empresas que crea la universidad para patentar y vender sus innovaciones.
El martes continúa la revisión de la constitucionalidad de los otros artículos.
